EDITORIAL: Crisis por robo de cables
EDITORIAL: Crisis por robo de cables EDITORIAL Como dice un viejo refrán, el robo de cables de cobre se ha transformado en un problema de tal gravedad que ya está pasando a tomar un color “castaño oscuro”. oscuro”. Las cifras son elocuentes: solo en 2023, los casos de sustracción en la región aumentaron un 113%, con más de 133.000 metros de cable robados, afectando a miles de clientes de la provincia de Biobío.
Más allá de los perjuicios económicos para las empresas distribuidoras, distribuidoras, las consecuencias de estos delitos recaen directamente sobre la ciudadanía, especialmente de las zonas rurales, que no tienen suministro eléctrico e, incluso, poniendo en riesgo la vida de las personas electrodependientes. El reciente corte que afeetó a comunas como Los Angeles. Mulehén. Cabrero. Yumbel. Lajay San Rosendo Rosendo es solo una muestra de la magnitud del problema. Este tipo de delitos genera inconvenientes en hogares y empresas, pero también puede afectar a centros de salud y sistemas de telecomunicaciones. Las autoridades han reaccionado con reuniones y mesas técnicas para abordar el problema. El seremi de Energía de Biobío. Jorge Cáceres. ha subrayado la necesidad de un trabajo conjunto para encontrar, perseguir y condenar a los responsables. En esa misma línea, el delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuehslocher. ha señalado la importancia de desarticular toda la cadena de este crimen, desde quienes sustraen el cable hasta quienes lo acopian y comercializan. Sin embargo, las acciones tomadas hasta ahora no han sido suficientes para frenar esta actividad ilícita. Es imperativo que se reforme el marco legal vigente con penas más severas para quienes participan en este delito, desde los autores materiales hasta los intermediarios intermediarios y compradores finales del cobre robado. Actualmente, las sanciones por este tipo de ilícitos resultan insuficientes para disuadir a las bandas organizadas que han visto en el robo de cables una actividad lucrativa de bajo riesgo penal. En este sentido, una modificación legislativa que endurezca las penas y establezca mecanismos más eficaces de control y fiscalización sobre la compra y venta de metales sería un paso fundamental.
Chile cuenta con experiencias previas en la regulación de la comercialización de ciertos bienes robados, como ocurrió con la Ley de Robo de Madera, que estableció mayores exigencias en la trazabilidad y comercialización comercialización del recurso. Un modelo similar debería aplicarse aplicarse al comercio de cobre y otros metales sustraídos ilegalmente. Asimismo, es fundamental que las empresas distribuidoras distribuidoras refuercen sus métodos de seguridad para prevenir estos robos.
La instalación de monitoreo en tiempo real, el reforzamiento de la vigilancia en zonas de mayor incidencia y el uso de tecnologías que dificulten la reventa del material robado son medidas que podrían contribuir significativamente a reducir el problema. La lucha contra el robo de cables requiere un enfoque enfoque integral que combine endurecimiento de penas. mejoras en la fiscalización y mayor coordinación entre el sector público y privado. No se puede permitir que la delincuencia continúe afectando la vida cotidiana de miles de personas. muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. La electricidad es un servicio esencial, y su interrupción por actos delictivos no solo genera inconvenientes, sino que puede tener consecuencias fatales. Ha llegado el momento de actuar con decisión para frenar esta crisis antes de que las consecuencias sean aún más graves. Crisis por robo de cables.