Inicio de Actividades: La puerta de entrada a la formalización y sus repercusiones para el pequeño comercio
Inicio de Actividades: La puerta de entrada a la formalización y sus repercusiones para el pequeño comercio En Chile, desde el momento en que una persona decide emprender una actividad asociada a la venta de productos, prestación de servicios o ejercicio de una profesión independiente, se hace indispensable declarar el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Un trámite que está lejos de obedecer a un mero formalismo: marca el inicio del ciclo tributario del contribuyente y de sus obligaciones ante el fisco. Según la normativa del SII, la declaración de inicio de actividades es una manifestación oficial, vinculada a la práctica de una actividad comercial o económica que eventualmente generará rentas sujetas a impuestos.
El aviso debe presentarse dentro de los dos meses siguientes al comienzo de la actividad, a través del formulario 4415, que también sirve para la inscripción en el Rol Único Tributario (RUT). ¿Por qué es tan relevante este trámite? Formalizarse ante el SII, permite que el emprendedor o comerciante pueda emitir boletas y facturas válidas, declarar impuestos (como el Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto a la Renta) y acceder a beneficios tributarios y programas de apoyo estatal. Además, desde una perspectiva de política pública, el registro formal de actividades permite al país contar con estadísticas más precisas del tejido productivo y fomenta una competencia leal entre los distintos agentes económicos. Sin embargo, no todo es automático ni gratuito. A pesar de representar una acción necesaria, la realidad que enfrentan los pequeños comerciantes y emprendedores, también puede resultar compleja y con severas implicancias para su operación cotidiana.
Para Raúl Quiroga Aguirre, Gerente General de Ábaco Soluciones Contables, quien ha acompañado a cientos de pequeños negocios en sus procesos de formalización, "el inicio de actividades no solo representa un trámite administrativo, ya que también es el punto de inflexión de un negocio. Permite al comerciante, por primera vez, relacionarse de manera transparente con el sistema tributario". Asimismo, "trae obligaciones como llevar registros, emitir boletas y declarar impuestos.
De igual modo, el acceso a beneficios que antes estaban fuera de su alcance, tales como programas de financiamiento, acceso a compras a proveedores formales y la posibilidad de crecer sin incertidumbre legal", explica Quiroga. "Lo veo así: formalizarse es dejar de estar en la sombra y pasar al juego formal de la economía. Eso puede asustar a quienes, por años, han operado de manera informal, ya que de repente aparecen responsabilidades que antes no existían. Pero en la práctica, esas obligaciones se organizan y pueden incluso mejorar la gestión interna del negocio. ", explica el gerente general de Ábaco Soluciones Contables. Los desafíos para pequeños comerciantes y la ausencia de información que rodeó el proceso.
Por ejemplo, un comerciante ambulante que recién empieza a vender en ferias o en la vía pública, puede estar dentro de ciertos regímenes simplificados, pero si sus ventas o medios de pago electrónicos superan algunos umbrales o si necesita emitir documentos con derecho a crédito fiscal, el inicio de actividades se vuelve obligatorio.
Para Quiroga Aguirre, esta obligación tiene efectos positivos, pero también retos, ya que "un importante número de pequeños comerciantes, no se acercan al SII, porque temen las multas o la complejidad de cumplir con las normas.
Sin embargo, el riesgo de no formalizarse puede ser aún mayor: les impide acceder a mercados formales, financiamiento bancario o la confianza de proveedores y clientes. " "Por otro lado, lo que más escucho es que existe una percepción de burocracia. El sistema ha avanzado: hoy gran parte de los trámites se puede hacer en línea.
No obstante, falta mayor educación y acompañamiento, sobre todo para quienes nunca han llevado una contabilidad o no tienen experiencia previa en temas tributarios.". A partir del 2 de enero de 2026, bancos, medios de pago, marketplaces y organismos públicos, deben exigir a sus usuarios o proveedores que acrediten haber iniciado actividades ante este organismo