ASESORES, EMPLEO E INVERSIÓN PÚBLICA: Exdirectores de Presupuesto de Bachelet y Piñera señalan dónde recortar el gasto fiscal
ASESORES, EMPLEO E INVERSIÓN PÚBLICA: Exdirectores de Presupuesto de Bachelet y Piñera señalan dónde recortar el gasto fiscal Déficit de las arcas públicas escaló a 2,9% del PIB en 2024El debate fiscal se tomó la agenda económica y política, luego que el Consejo Fiscal Autónomo alertara respecto al abultado déficit fiscal registrado el año pasado, considerando “insuficiente” los US$ 635 millones que Hacienda se puso como meta para ajustar el gasto. Los ex-Dipres Cristina Torres y Sergio Granados distinguen entre las propuestas “utópicas”, otras de implementación compleja, pero muchas “necesarias” en el corto plazo. GUILLERMO V.
ACEVEDOSergio Granados: “Se ha dicho que se pueden bajar US$ 3.000 millones, eso es imposible”Hay ajustes que se pueden hacer para generar holgura desde ya, () un ajuste de US$ 500 o US$ 1.000 millones, es un tránsito difícil porque necesita apoyo político”. Ve que esta escalada en la discusión fiscal es “una discusión artificial”. Ingeniero comercial, militante socialista y exdirector de la Dipres en 2010 con el primer gobierno de Michelle Bachelet y luego para su segunda administración entre 2014 y 2018, Sergio Granados quita tensión al debate y señala que “no es que la situación fiscal sea tan grave como para estar preocupándonos ahora. De hecho, la situación fiscal es menos grave de lo que fue después de la pandemia”. También califica como artificial lo que sucede con los aportes de Corfo. “Es absolutamente ridículo. Todos los gobiernos lo han hecho”, sostiene. “Son ingresos del litio, no de Corfo. Esos recursos son del fisco y se recaudan a través de Corfo.
Además, para hacer un retiro de recursos de una institución como Corfo necesitas un decreto o toma de razón de la Contraloría”. No obstante, el hoy director de la Polla Chilena de Beneficencia, sícree que es importante generar ahorros.
“Hay ajustes que se pueden hacer para generar holgura desde ya, para hacerlo en forma gradual y progresiva, porque no es posible hacer un ajuste de US$ 500 o US$ 1.000 millones, es un tránsito difícil porque necesita apoyo político”. Ese ajuste es lo que recomienda el Consejo Fiscal Autónomo, que advirtió que para cumplir la meta de balance estructural en 2025 se requeriría un ajuste adicional de US$ 1.554 millones, es decir, un 0,5% del PIB. “No sé si se puede hacer más de esos US$ 600 millones que se comprometió (el ministro) Marcel”, afirma.
“Se ha dicho que se pueden bajar US$ 3.000 millones, eso es imposible. (... ) Lo más importante es la mesura, la decisión de bajar pero gradualmente, y no hacer promesas que son fantásticas y que no se van a poder cumplir”. Y es escéptico respecto al recorte de US$ 6.000 millones que comprometió la candidata presidencial opositora Evelyn Matthei.
“Tendrían que detallar dónde están esos recursos, porque hace un listado de cosas, y no son fáciles de resol-ver”. Pero hay áreas donde es posible reducir los gastos, comenta, y “aunque no mueven mucho la aguja, son buena señal, como los programas que han tenido un bajo o mal desempeño”. En estos programas mal evaluados, agrega, “el componente de recursos humanos es altísimo, entonces siempre hay que tomar en cuenta que para bajar el gasto vas a tener que hacer una intervención en recursos humanos, y sin tocar salud ni educación, porque son más difíciles aún”. Y ve un punto clave en el empleo público. El gasto total en personal en el gobierno central asciende a US$ 18.000 millones, cerca del 22% del presupuesto anual. “En la encuesta que hace el INE sale muchísima gente, pero eso incluye contratados en proyectos del Ministerio de Vivienda o municipios. Lo que hay que revisar es el personal del Gobierno Central”. Una buena política esel incentivo al retiro, dice. “Ya existe, pero va muy lento. Tiene un buen rendimiento a futuro”. Asesores y Fondo para Fuerzas ArmadasUn tema difícil de abordar “que tal vez costaría políticamente intentarlo”, sugiere, son los asesores de los ministerios. “Se van quedando en la medida que van pasando los ministros. Cuando llega un ministro trae un equipo de asesores, cuando lo cambian, los asesores se quedan, y el ministro nuevo llega con nuevos asesores”. Con el tiempo, se acumulan, dice. “Hay que revisar la renta de los asesores (... ) y ver cuántos son necesarios, a lo mejor ninguno”. También antes existía un límite a las delegaciones, afirma. “Cuando los ministros tenían que viajar fuera el país podían llevar como máximo una persona, un asesor”. El otro tema se refiere al ausentismo.
“Es muy significativo el número de personas y cargos que se reemplazan, y que luego se quedan ambos, pero es un tema que hay que revisar servicio por servicio”. Propone, además, una revisión a los vehículos fiscales.
“Hay que definir hasta qué nivel de autoridad se llega, podrías tener auto para el ministro, el subsecretario y un vehículo para la gente cuando tiene que ir al congreso a discutir los proyectos de ley, pero yo se lo quitaría a todo el mundo que viene para abajo”. “Estos ajustes no te van a dar el millón de dólares que se busca, pero todo suma para generar holgura. Puede parecer que no es mucha plata, pero hay que hacer gestión y una racionalización”. Y dentro de los gastos menores, agrega también la publicidad en el Gobierno, “¿es necesaria tanta publicidad?”, se pregunta.
Abarca otro aspecto “que es super sensible, pero es bueno empezar a pensar en eso”. En la nueva ley del cobre, donde se determina el financiamiento a las Fuerzas Armadas, “se estableció un fondo de emergencia y un fondo plurianual”. Allí se estipula que el Estado se compromete a realizar un aporte anual al fondo plurianual para la defensa pensado para adquisiciones y renovación de material bélico para mantenerlo con recursos independiente de los aportes del cobre. “Son casi US$ 500 millones, entonces la pregunta es, ¿es necesario hacer ese aporte?”, cuestiona Granados. “En el presupuesto del 2025 hay un aporte de más de US$ 400 millones al fondo plurianual.
Lo que habría que hacer es evaluar si se requiere o no, porque el fondo tiene recursos desde que se creó la ley”. Otro elemento que se lleva un alto porcentaje del presupuesto anual son las inversiones públicas, sin embargo, “no hay que tocarlas”, comenta. “Cuando tenemos una situación crítica lo primero que pueden hacer los gobiernos es bajar el gasto de inversiones, porque no llora nadie, pero eso afecta el impulso que le puede dar al crecimiento.
Entonces, pongámonos de acuerdo y no toquemos las inversiones”. Cristina Torres: “Reducir en un 70% la cantidad de asesores de confianza de la autoridad”En la otra vereda, Cristina Torres, abogada y exdirectora de Presupuestos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sostiene que el tema fiscal es siempre relevante. “Los malos resultados de estos últimos dos años han hecho que tengamos que poner la debilidad de las finanzas públicas en la palestra”, afirma.
“Me gustaría que la institucionalidad fiscal fuera siempre robusta y no cuestionada, pero lamentablemente este último tiempo hemos tenido una mirada distinta, resultado de haber retirado el impulso fiscal transitorio pospandemia, y luego los problemas con la sobreestimación de ingresos, y también con un creciente gasto público que no se ha podido contener”, explica la ex-Dipres entre 2021 y 2022. La académica de la Universidad San Sebastián propone lograr una reducción permanente en el gasto del Gobierno Central por 1% del PIB. Vale decir, cerca de US$ 3.000 millones anua-En 2023 se ejecutó un 82% del presupuesto.
Fueron más de US$ 2.000 millones que salieron de la inversión y fueron al gasto corriente (). Sinceremos que las capacidades del Estado están limitadas”. mas existen para suplir una necesidad pública, “si tú eliminas ese programa, esa necesidad seguirá existiendo, y no cumplirla es ausencia del Estado”. Como tercer punto propone revisar qué sucede con la inversión pública. Pese a que hay expertos que sugieren no tocar la inversión, pues su disminución podría afectar al crecimiento, Torres apunta a que hay un problema que persiste en la ejecución. “En 2023 se ejecutó un 82% del presupuesto. Fueron más de US$ 2.000 millones que salieron de la inversión y fueron al gasto corriente.
Entonces, sinceremos que las capacidades del Estado están limitadas y que solo se puede ejecutar eso, y dejemos de gastar recursos de capital, en inversión”. Los gastos en bienes y servicios de consumo, asociados al gasto corriente, son el cuarto punto por resolver.
“ T o d o s u m a y t o d o ayuda a la imagen deun Estado austero”. “Se pueden realizar ajustes pequeños: en los reemplazos, gastos en vehículos, en combustible, cuántos teléfonos se pagan, gastos de protocolos ceremoniales, porque hoy no solo se necesita una estabilidad a nivel macro, la ciudadanía quiere ver un funcionamiento austero”. Y reducir esos gastos pequeños permite liberar recursos y financiar otras cosas, comenta.
Pensando más allá de esta administración, a mediano plazo, propone realizar reformas legales o ajustes administrativos mayores para generar ahorros permanentes de gran envergadura y que aún deben ser cuantificados, en ámbitos críticos como el empleo público, la gestión del sector salud y del Sistema Transantiago, ahora llamado Red Movilidad, entre otras que tienen alta participación en el gasto. Y el tema más grande por revisar es el sector salud, sostiene. “El gasto en salud ha sido creciente y eso no ha ido de la mano con una mayor satisfacción de los usuarios.
Hoy se le asigna más o menos un 20% del presupuesto público, aunque termina gastando mucho más”. Cristina Torres fue Directora de Dipres en Piñera II. les, y que podría comenzar este último año de la actual administración. Desde 2018 a la fecha, el nivel de gasto autorizado para cada año ha crecido cerca de 30% real acumulado, muy por sobre el crecimiento de la economía, señala su estudio sobre políticas públicas. Y para alcanzar el equilibrio entre gasto, ingresos y deuda, distingue tres pilares. Lo primero es que el Ejecutivo cumpla con el ajuste de US$ 600 millones que comprometió para aprobar el erario 2025. Lo segundo, y tal como recomienda el CFA, es que haya un esfuerzo adicional de US$ 1.500 millones, de modo que el Ejecutivo no se desvíe de la meta de cumplimiento de 1,1% de déficit. “Eso dará respuesta al tercer pilar, que es controlar la deuda, y que no se ponga en riesgo el margen prudencial”. Un cuarto componente es el crecimiento económico.
“Para eso necesitas políticas públicas que den certeza jurídica a los inversionistas, que tengamos una buena mirada como país, una credibilidad y también que no se devalúe nuestro peso”. En la última década, el gasto público ha pasado de representar un 21,6% del PIB a un 25,3% del PIB en 2023. Como respuesta, Torres plantea que el esfuerzo fiscal no debería ser un ajuste contingente, sino ir un poco más allá e integrar medidas permanentes y políticas concretas que marquen un punto de inflexión. Y destaca varios sectores donde es posible hacer recortes.
Personal, programas gubernamentales e inversiónEl problema del uso de los recursos “no es solamente del 2025, venimos con un gasto público creciente en los últimos años y hay que replantearse cuál es el tamaño del Estado que queremos”. Y el primer ajuste es en materia de personal, sostiene. “El empleo público, sin dudas, es el desafío más difícil, más grande y más necesario”. Detalla medidas como reducir viáticos, horas extraordinarias o limitar los contratos en los últimos 12 meses de gobierno.
“Lo más importante es racionalizar; un servicio público debería preguntarse primero si necesita una persona nueva o si puede hacerlo con las capacidades disponibles”. Además, limitar lo que se denomina staff del Gobierno, o asesores presidenciales, que son casi 900 personas.
En su propuesta sugiere “reducir en un 70% la cantidad de asesores de confianza de la autoridad”. “Son medidas administrativas que se pueden tomar, sin tocar ningún derecho laboral ni la estabilidad del empleo público. (... ) Pongamos una nueva regla al empleo, no para afectar a alguien que esté sirviendo hoy un cargo, pero por ejemplo, si se le fue una persona seis meses, no contrate, racionalice”. L a s e g u n d a m e d i d a apunta a la ejecución de los programas públicos. En vez de eliminarlos, propone ajustar presupuestos en los programas que presenten hallazgos, y evitar las duplicidades. “Eliminar programas porque están mal evaluados es realmente una utopía. Eso no sucede, no es tan fácil. Hay programas que tienen situaciones que resolver, pero que no necesariamente son malos”. Además, señala que muchos progra-ZERÉPANERACAM. Déficit de las arcas públicas escaló a 2,9% del PIB en 2024 Sergio Granados, director Dipres en Bachelet I y II.