Autor: MAURICIO SILVA

Megatoma: Ocupantes apuntan al Gobierno ante inminente desalojo en San Antonio
Megatoma: Ocupantes apuntan al Gobierno ante inminente desalojo en San Antonio En la antesala del cumplimiento del fallo que ordena terminar con la usurpación del terrenoIncertidumbre. A menos de una semana del desalojo, dueños y 10 mil habitantes de la megatoma ignoran de qué modo el plan de cooperativas puede convertirse en una alternativa viable.
“podíamos llegar a buen puerto”. Por esta razón, enfatiza, es clave esperar lo que se logre en la reunión del lunes, en la que el ministro Carlos Montes y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, intentarán persuadir a los propietarios de que la fórmula también resguarda sus derechos e intereses.
Sin contactos hasta ahora, según propietariosSin embargo, el abogado de los dueños, Diego Pereira, dice que su cliente está dispuesto a escuchar el planteamiento del Ejecutivo, pero que hay escepticismo ante la incertidumbre sobre los alcances del plan y las certezas que pueda brindar el Estado de su cumplimiento.
Sobre todo, porque comparte la apreciación de expertos en Derecho Administrativo, sobre si aquel estará habilitado para actuar como aval en la eventual compraventa del predio de más de 200 hectáreas a la federación de cooperativas. “Tenemos la misma aprensión. Pero fue el mecanismo que ellos plantearon en su oportunidad y nosotros esperamos que ahí la gente del Gobierno pueda diagramar la mejor fórmula en ese sentido. Si no tenemos una garantía, es muy complicado avanzar”, dice. Sobre ese punto, Maira apunta: “Hay que esperar a la reunión del lunes.
Ahí van a estar los dueños, va a estar el ministro de Vivienda, y se abrirá una conversación con toda la documentación sobre la mesa, que incluye, entre otras cosas, la conformación de cooperativas que hemos iniciado”, dice.
La ocupante Ayala, por su parte, reconoce que sus representados buscaron siempre presionar al Gobierno para que este comprara en forma directa el predio en toma y luego lo vendiera, en forma subsidiada, a las 4 mil familias, pero que el ministro Montes lo descartó porque ello “dejaría al país sin subsidios habitacionales”. El abogado Pereira remarca que los dueños no han sido contactados hasta ahora ni para despejar ese punto, ni tampoco para coordinar el desalojo por sectores que debe tener lugar el próximo jueves.
Por ello, desconoce si Carabineros que logró postergar el desalojo de la toma de Lajarilla para el 4 de marzo también argumentará falta de contingente por la época veraniega y el Festival de Viña del Mar.
“Los Tribunales Superiores de Justicia no han ordenado derechamente el desalojo”. La afirmación fue realizada por la entonces delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Sireau (FA), mediante un documento escrito fechado el 26 de junio del año pasado, a los habitantes de la megatoma que le requirieron información mediante la Ley de Transparencia sobre la reubicación, resguardo e implementación de un recinto para acoger a las 4 mil familias que ocupan el cerro Centinela y que estaban ad portas de ser desalojadas.
En el documento, la autoridad desmentía lo tajante de esa orden dictada en marzo de 2024 por la Corte Suprema, y que entonces tenía como fecha límite el 6 de noviembre pasado: “Expresamente, indica que en caso de ser necesario el mismo, se deben adoptar las medidas que señala, por lo tanto la situación es dinámica en el tiempo”. Hoy faltan solo seis días para que deba ocurrir el desalojo y las autoridades admiten que no tienen capacidades para brindar refugio en los que acoger a las familias a ser expulsadas, los dos mandatos que les impone el fallo del máximo tribunal.
El abogado Felipe Olea, quien hasta octubre asesoró a un grupo de dirigentes de la megatoma, gestionó las consultas por Transparencia, no solo a la Delegación Presidencial Provincial, sino a todos los organismos aludidos en la sentencia o con competencia en materias de índole social.
La Seremi de Desarrollo Social, en tanto, apuntó que las gestiones estaban “en desarrollo”; la del Minvu, que realizaba catastros de las familias; la de Bienes Nacionales, que carecía de terrenos fiscales donde cobijarlas; el Gobierno Regional, que carecía de información; el Serviu, que la obligación de impulsar la coordinación era del municipio, y el municipio no respondió. “En dos años, el Gobierno no hizo nada”, concluye el abogado Olea.
Karina Ayala, presidenta de la asociación “Nuevos Aires” de San Antonio que agrupa a 16 comités, con 1.200 ocupantes ilegales del predio usurpado, insiste hoy que el Ejecutivo siguió manteniendo la idea ante los habitantes del campamento de que el riesgo de desalojo no era inminente, puesto que se alejaba con la puesta en marcha de la estrate-NOTA10.251personas habitan la megatoma según los catastros más actualizados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.3.300 familias han suscrito la idea de formar cooperativas en busca de quedarse viviendo posteriormente en el terreno. $53.398 millones es el valor comercial del predio, según informaron sus propietarios sobre el problema habitacional.1.200 efectivos de Carabineros requiere el operativo de desalojo, que debe realizarse por etapas y en cuadrículas. gia de organizarlos en cooperativas.
“La delegada del Ministerio de la Vivienda en la provincia (Gloria Maira, del Frente Amplio, designada a partir de agosto pasado) decía que con ello no iba a haber desalojo y que estaban en conversaciones con los dueños”, señala la habitante de la toma. “Pero nunca hubo una conversación seria con los dueños.
Porque si hubiese sido así, este no estaría pidiendo el cúmplase a la Corte y no tendríamos la orden de desalojo ahora respirándonos en la nuca de manera brutal (). (Fue) un engaño, un engaño”, reclama Ayala. En el punto coincide el topógrafo Gustavo Sepúlveda, quien asesora a “30 dirigencias, las más numerosas” dela usurpación.
“Esta problemática no está ajena al Gobierno porque si ellos (los ocupantes) hoy están donde están es porque han confiado en la solución que propuso el Gobierno, de organizarse en cooperativas, y no fueron informados a tiempo (de sus dificultades)”, asevera. La situación es desmentida tajantemente por la delegada Maira. “Aquí nadie ha estado llamado a engaño. Las cartas han estado puestas sobre la mesa.
La ley establece que la única manera en que los propietarios puedan vender un terreno para vivienda que no está habilitado, es decir, que no tiene agua potable, alcantarillado ni luz, es a través de cooperativas de vivienda cerrada. Esolo dice la ley. No nos lo inventamos nosotros”, afirma. “El rayado de cancha ha estado claro desde el inicio. Primero, los pobladores han establecido su intención de comprar el terreno. Segundo, los dueños han dicho que quieren vender el terreno. Y tercero, el Estado ha dicho por boca del ministro de Vivienda que no va a comprar terrenos con orden de desalojo. Sobre esa base, clara para todos los involucrados, el ministerio ha trabajado una alternativa que concilie las voluntades de las partes”, asevera. Según Maira, el Gobierno ha sido claro en que el resultado no está garantizado, pero que en la medida que avanzaran la constitución de cooperativas y el diálogo.
El Ministerio de Vivienda asegura que “el rayado de cancha ha estado claro desde el inicio”, mientras habitantes del predio señalan que se sienten “engañados”, tras constatar que la fórmula de crear cooperativas no había sido acordada por el Ejecutivo con los dueños. En la antesala del cumplimiento del fallo que ordena terminar con la usurpación del terreno