Autor: MAURICIO SILVA

Megatoma: Plan para que ocupantes compren predio es “lento”, “complejo” y un “privilegio”
Megatoma: Plan para que ocupantes compren predio es “lento”, “complejo” y un “privilegio” n Autoridades ya podrían considerarse en desacato por parte de los dueños y de los propios ocupantes, advierte abogada "Hoy en día hay una sentencia y esa sentencia se está incumpliendo, y mientras no se ejecuten medidas en aras a cumplirla, la autoridad sigue en desacato", advierte la abogada Rosa Fernanda Gómez, quien apunta que el plazo para el desalojo otorgado por la Corte Suprema, y extendido hasta el 31 de enero por la Corte de Valparaíso, ya venció. "De dónde disponga la autoridad los medios y los recursos, ya no es resorte del Poder Judicial. El Poder Judicial lo único que le está pidiendo acá es que se cumpla el fallo en los términos establecidos. Y le dio un tiempo, además.
Que eso es lo que configura este caso de desacato", añade. "Todos los órganos que están señalados en la sentencia original están obligados a coordinarse y bajo esa premisa uno podría establecer que el desacato es colectivo, porque la obligación de coordinarse era para todos", dice, puntualizando que el único que podría eximirse es Carabineros, institución no deliberante y que acata la decisión de la autoridad política.
La abogada agrega que esta situación no solo puede ser denunciada por los dueños del predio, sino que también por las familias desalojadas que no resistan a la ejecución de la sentencia y que no reciban refugio si abandonan voluntariamente el predio tomado para acatarla.
La complejidad y lentitud del proceso, frente al inminente desalojo fijado para el jueves de la próxima semana por el Poder Judicial, es la gran dificultad que expertos en Derecho Administrativo observan en la propuesta de última hora que el Gobierno está planteando a los dueños del predio usurpado por 10 mil pobladores del megacampamento en San Antonio.
El objetivo de la iniciativa, en la que el próximo lunes el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, insistirán ante los representantes de la Constructora San Antonio, dueña de las más de 200 hectáreas de terreno, busca persuadirlos de suspender la ejecución del fallo, evitando así la medida de fuerza, que a su juicio desencadenaría una "crisis humanitaria sin precedentes". "La idea de crear cooperativas de vivienda para los ocupantes puede ser una buena solución, pero plantea una serie de dificultades asociadas a la capacidad de organización que tengan los pobladores, los recursos que se les puedan aportar y el tiempo que conlleva todo este proceso, lo que no necesariamente coincide con el interés de los propietarios de los terrenos", comenta Eduardo Cordero, profesor de esa cátedra en la U. Católica de Valparaíso.
Su par Rosa Fernanda Gómez, académica de la U. de los Andes, considera de toda lógica que los abogados de una de las familias dueñas del predio, exijan que el Estado se comprometa a actuar como aval para empezar a considerar la seriedad de la propuesta, aunque plantea que esto enfrentaría obstáculos legales. "La alternativa de que una federación de cooperativas compre el terreno puede resultar lenta y compleja, porque no sabemos si todas las personas son susceptibles de crédito ni tampoco en qué momento se va a enterar ese dinero y en qué condiciones. El rol del Estado tendría que ser activo en garantizar, como una suerte de aval quizás, para dar seguridad al dueño ante la compraventa del inmueble", plantea la abogada.
Pero reflexiona: "Este aval es también difícil porque si no está regulado en la ley que el Estado sea garante para una institución como esta, el principio de legalidad no lo habilita para hacerlo (... ). Yo, al menos, no conozco ninguna norma habilitante así". Gómez dice que desde el punto de vista administrativo, sería más sencillo que el Estado comprara o expropiara el terreno y que luego resarciera sus costos cobrándoselos a los ocupantes organizados en cooperativas.
Y aunque se lograra un acuerdo de compra para las cooperativas, el arquitecto Sergio Baeriswyl, Premio Nacional de Urbanismo 2014, advierte que aún quedarían desafíos pendientes. "El dilema al que se ha llegado es que el Estado tiene el deber de buscar una solución, pero no puede hacer nada que represente algún tipo de privilegio o trato especial a una toma declarada ilegal.
Esto es lo más complejo y está siendo observado por miles de familias en la misma condición y podría poner en jaque todo el sistema regular de acceso a la vivienda en Chile", dice el también expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. "Quedará un saldo enorme de costos para el Estado, que tendrá que proveer de urbanización, equipamientos, servicios sanitarios, energéticos y otros. El costo del suelo es solo una parte del problema, ya que su urbanización es aún mucho más costosa. Está claro que, de ocurrir esto, será el Estado el que deba destinar estos recursos", apunta.
Diputado PC: hay "un problema de propiedad" El diputado comunista Luis Cuello ingresó ayer un nuevo escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, urgiéndola a pronunciarse sobre su solicitud, ingresada en enero junto a la diputada Camila Rojas (FA), de dictar una medida cautelar que suspenda el desalojo ordenado por la justicia chilena. Tal lanzamiento, según el legislador, "significaría graves afectaciones a niños, a mujeres, a personas mayores y vulnerables que habitan en el campamento de San Antonio. Hay un conflicto que el Poder Judicial tiene que resolver sobre un problema de propiedad. Pero hay otro que va más allá y con implicancias para el derecho fundamental a la vivienda", comenta. Ocupante: "Más de un muerto puede salir" Karina Ayala, dirigenta del comité Nuevos Aires de la denominada megatoma, asegura que las esperanzas están puestas en un acuerdo entre autoridades y dueños este lunes.
Con todo, advierte que si fracasa dicha alternativa se generaría un enfrentamiento en el que "más de un muerto puede salir". "Habrá una batalla campal entre policías y la gente que no va a querer salir de sus casas para que se las desarmen. Si se da esa dinámica, todas las dirigencias unidas no vamos a permitir que desalojen ningún sector. Aunque quisieran hacerlo de forma parcelada, no podrán de ninguna forma", anticipa.
Expertos plantean reparos a la propuesta de última hora del Gobierno para abordar usurpación en San Antonio Megatoma: Plan para que ocupantes compren predio es "lento", "complejo" y un "privilegio" MAURICIO SILVA "El tiempo que conlleva no necesariamente coincide con interés de dueños", alertan docentes de Derecho Administrativo, que dicen desconocer norma que habilite al Estado a ser aval. ADVERTENCIA. -Dirigentes alertan de que darán una "batalla campal" para resistirse al lanzamiento de cualquier sector de la megatoma. ATON n ORIGEN La ocupación afloró a fines de 2019.
Se produjo una rápida demarcación con trabajo topográfico y delimitación de manzanas, calles internas y deslindes, dando cuenta de la organización y recursos de quienes impulsaron su explosiva creación, lo que la diferencia de otros asentamientos ilegales a lo largo del país.
De acuerdo con versiones recogidas en la zona, ha habido venta ilegal de lotes. n COOPERATIVAS Según las autoridades, casi 3 mil de las 4 mil familias del megacampamento han expresado su voluntad de conformar las cooperativas que impulsa el Gobierno, las que, agrupadas en una federación, podrían conseguir financiamiento para comprar al dueño el predio usurpado, de acuerdo con la propuesta. UNA OCUPACIÓN CON DEMARCACIONES Y VENTA ILEGAL DE LOTES.