Autor: Cristian Rodríguez
Crisis habitacional y el riesgo de normalización
Crisis habitacional y el riesgo de normalización ColumnaDirector Instituto de Políticas Públicas UCNC* enfrenta una crisis habitacional que se ha manifesta-do confuerza enla expansión de campamentos en diversas regiones del país. Antofagasta, una zona de riqueza minera y alto dinamismo económico, estambién una de lasmás afectadas por este fenómeno. Miles de familias viven en terrenos ocupados sin acceso a servicios básicos. El problema no es nuevo, pero su crecimiento ha sido exponencial: cerca de 50.000 personas habitan en estas condiciones, reflejando las la creciente fallas de las políticas de vivienda para responder a demanda. El caso del megacampamento de San Antonio ha encendido un debate nacional sobre la ocupación de terrenos y su posible impacto en otras regiones.
La decisión de no desalojar a las miles de familias que viven en ese asentamiento ha sido interpretada como un acto pragmático ante la falta de alternativas, pero también como un precedente que podría incentivar nuevas tomas de terrenos. Paraalgunos, el Estado debe reconocer la realidad y ofrecer soluciones habitacionales efectivas en lugar de reprimir a quienes buscan un techo. Para otros, esta medida debilita el principio de legalidad y refuerza la percepción de quela vía más rápida para acceder ala vivienda esla ocupación de terrenos. Antofagasta comparte muchas delas condiciones que han dado origen ala crisisen San Antonio, pero con características propias que agravan la situación. La región se ha convertido en un polo de atracción migratoria, lo que ha incrementado la presión sobreel mercado inmobiliario. Los altos costos delos arrien-dos y la especulación del suelo han empujado a muchas familias, chilenas y extranjeras, a buscar alternativas informales. Según datos recientes, sobre un 60 % de los campamentos están compuestos mayoritariamente por migrantes, configurando un escenario aún más complejo, donde la precariedad habitacional secruza con discursossobre inseguridad, empleo y acceso aservicios urbanos. El dilema de fondo radica en cómo el Estado aborda la creciente informalidad en el acceso ala vivienda. Regularizar los asentamientos existentes podría ser una medida necesaria, perosinoseacompaña deestrategias para frenarnuevas ocupacio-nes, corre el riesgo de convertirse en una señal de validación delatomadeterrenos. Por otro lado, lacriminalización deloscampamentos sin una alternativa habitacional viable no solo esineficaz, sino que profundiza la exclusión social. Lasolución no puedesernila represión ni la simple regularización, sino una estrategiaintegral queincluyala provisión masiva de viviendasocial, elcontroldel mercado del suelo y mecanismos que permitan integrar ala población migrante en la planificación urbana. El caso de San Antonio ha demostrado que la ocupación de terrenos no essolo un problemajurídico, sino unaexpresión de la debilidad de las capacidades estatales para responder a una necesidad básica.
En Antofagasta, donde la brecha habitacional sigue en aumento, la pregunta es inevitable: ¿ seguiremos admio seremos canistrando la crisis con soluciones de corto plazo paces de diseñar una política habitacional que enfrenta el problema de raíz?. Director Instituto de Políticas Públicas UCN