Crisis habitacional y el riesgo de normalización
Crisis habitacional y el riesgo de normalización ColumnaCristian Rodríguez Director Instituto de Políticas Públicas UCNC hile enfrenta una crisis habitacional que se ha manifestado 'confuerza en la expansión de campamentos en diversas re[giones del país. Antofagasta, una zona deriqueza minera y alto dinamismo económico, es también una de las más afectadas por este fenómeno. Miles de familias viven en terrenos ocupados sin acceso a servicios básicos. El problema no es nuevo, pero su crecimiento ha sido exponencial: cerca de 50.000 personas habitan en estas condiciones, reflejandolas fallas de las políticas de vivienda para responder a la creciente demanda. El caso del megacampamento de San Antonio ha encendido un debate nacional sobre la ocupación de terrenos y su posible impacto enotras regiones.
La decisión de no desalojar alas miles de familias que viven en ese asentamiento ha sido interpretada como un acto pragmático ante la falta de alternativas, pero también como un precedente que podríaincentivar nuevastomas de terrenos. Para algunos, el Estado debe reconocer la realidad y ofrecer soluciones habitacionales efectivas en lugar de reprimir a quienes buscan un techo. Para otros, esta medida debilita el principio de legalidad y refuerza la percepción de que la vía más rápida para acceder a la vivienda es la ocupación de terrenos. Antofagasta comparte muchas de las condiciones que han dado origen ala crisis en San Antonio, pero con características propias que agravan lasituación. Laregiónse ha convertidoen un polo de atracción migratoria, lo que ha incrementado la presión sobre el mercado inmobiliario. Los altos costos de los arriendos ylaespeculación del suelo han empujadoa muchas familias, chilenas y extranjeras, abuscar alternativas informales. Según datos recientes, sobre un 60 % de los campamentos están compuestos mayoritariamente por migrantes, configurando un escenario aún más complejo, donde la precariedad habitacionalsecruzacon discursos sobre inseguridad, empleo y acceso a servicios urbanos. Eldilema de fondo radica encómoel Estado abordalla creciente informalidad enel acceso ala vivienda. Regularizarlos asenta'mientos existentes podría ser una medida necesaria, pero si no se acompaña de estrategias para frenar nuevas ocupaciones, correelriesgo de convertirse en una señal de validación delatoma deterrenos. Por otro lado, la criminalización de los campamen tossin una alternativa habitacional viable no solo es ineficaz, sino que profundiza la exclusión social.
La solución no puede ser nila represión nila simple regularización, sino una estrategia integral que incluya la provisión masiva de vivienda social, el control del mercado del suelo y mecanismos que permitan integrar ala población migrante en la planificación urbana. Elcaso de San Antonio ha demostrado que la ocupación deterrenos no es solo un problema jurídico, sino una expresión de la debilidad de las capacidades estatales para responder a una necesidad básica. En Antofagasta, donde la brecha habitacional sigue en aumento, la pregunta es inevitable: ¿ seguiremos administrandolacrisisconsoluciones decorto plazo o seremos capaces de diseñar una política habitacional que enfrenta el problema dera. Cristian Rodríguez Director Instituto de Políticas Públicas UCN