EDITORIAL: Costosa postergación
EDITORIAL: Costosa postergación P ese a los cambios en la normativa, el aumento de los recursos presupuestarios y las declaraciones de la autoridad, no parece haber una real voluntad política para afrontar con decisión las múltiples deficiencias que afectan al sistema de educación. Una de las áreas más sensibles es aquella que involucra al profesorado, pues son los profesores quienes pueden hacer la diferencia en el aula. En la actualidad se observa una baja importante en las preferencias para ingresar a estudiar Pedagogía, con una caída en las matrículas. Si en 2016 hubo casi 19 mil matriculados en carreras pedagógicas, el año pasado solo fueron alrededor de 13 mil. A esta situación se suma un alto porcentaje de deserción de los profesores, quienes alegan que existe una sobrecarga laboral, con bajas remuneraciones y altos índices de violencia escolar. A partir de ello, la autoridad ha hecho suyas proyecciones según las cuales el país enfrentaría hacia 2030 un déficit de cerca de 30 mil profesores.
El estudio en el que se basa esa afirmación ha sido, sin embargo, discutido, advirtiéndose que, más allá de las realidades señaladas, no considera ni la transición demográfica que está experimentando el país ni la existencia de diversas formas, hoy no utilizadas, para gestionar eventuales faltas de docentes.
Con todo, la idea de un déficit inminente es el argumento que ha esgrimido la autoridad para postergar repetidas veces la entrada en vigencia de las disposiciones de la ley de Carrera Docente --aprobada en 2016--, que suben las exigencias de acceso a las carreras de Pedagogía, de modo que sus estudiantes se ubiquen en el percentil 60 o superior en los resultados de la prueba de acceso a la educación superior. La última postergación se aprobó en diciembre del año pasado, luego de un intenso lobby de rectores de universidades, especialmente públicas. Allí, el Ejecutivo se comprometió a presentar un proyecto para establecer un nuevo mecanismo para determinar los requisitos de acceso. Esa iniciativa acaba de ser enviada al Congreso e incluye en sus disposiciones transitorias otra postergación de las exigencias, prorrogando la situación actual hasta 2027, cuando recién empezarían los nuevos requisitos. Es una decisión lamentable, que retrasa el fortalecimiento de la formación docente que Chile requiere con urgencia.
La evidencia comparada indica que el rol del profesor es clave en todo sistema educativo que aspira a elevar la calidad de la enseñanza, para lo cual es preciso atraer a los mejores alumnos a Pedagogía, contar con programas exigentes y establecer procesos de acompañamiento durante sus primeros años de labor en el aula.
Es cierto que la repetición de hechos violentos en los establecimientos escolares, la crisis de autoridad en los colegios, con directivos ahogados en normativas que les restan autonomía y consumen su tiempo, y con padres que no respetan ni hacen respetar las normas disciplinarias propias de cada escuela, han provocado el abandono de la carrera de muchos docentes y han hecho desistir de ingresar a programas de Pedagogía a quienes creían tener la vocación. Pero más que postergar la aplicación de una normativa que fortalece la selección de los futuros profesores, lo que se requiere es una mirada integral de las dificultades que está enfrentando el sistema. Esto involucra una revisión de la carrera docente, pero con miras a reforzarla, atrayendo a los mejores.
El Gobierno, las universidades y los representantes gremiales tienen el desafío de atender a la demanda de otorgar al profesor el valor social que se merece y que va más allá de ciertas reivindicaciones puntuales, excusas oportunistas o maniobras distractoras. Poner al docente y al estudiante al centro de la discusión puede significar, en este sentido, un cambio relevante. Y es que ya no hay tiempo para seguir dilatando acciones concretas que se traduzcan en un real mejoramiento. El proyecto presentado por el Gobierno, sin embargo, elude este imperativo, en una suerte de fuga hacia adelante.
Y, más aún, en sus disposiciones permanentes entrega la tarea de definir estos requisitos a un comité técnico formado por rectores, con todo el conflicto de interés que implica adoptar decisiones que pueden afectar la matrícula de sus planteles. No parece una buena solución. Ya no hay tiempo para seguir dilatando acciones concretas que se traduzcan en un real mejoramiento de la educación. Costosa postergación.
