EDITORIAL: Rendidos frente a una usurpación
EDITORIAL: Rendidos frente a una usurpación H an pasado más de cinco años desde que el empresario Alejandro Cor r e a f u e a s e s i n a d o --por intermedio de un sicario-luego de denunciar ante la justicia la usurpación de un terreno de su propiedad, en el sector de Pompeya Sur, en Quilpué.
El autor intelectual del crimen, dueño de un predio vecino, el sicario que lo ejecutó, de nacionalidad colombiana, y dos cómplices de este último, fueron condenados, en abril de 2022, a penas que van entre los seis y los 28 años de cárcel. Un año después del crimen, la Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyó, mediante una resolución exenta, la demolición de las construcciones levantadas en aquel terreno, donde habitan actualmente cerca de cincuenta familias. En agosto de 2024, en tanto, la misma Corte ordenó al Minvu ejecutar la resolución y demoler de una vez las viviendas.
Casi un año más tarde del aquella última orden judicial, sin embargo, el terreno sigue ocupado y el Ejecutivo no ha cumplido las instrucciones de la justicia; la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso argumenta, correctamente, que para demoler es necesario proceder primero con el desalojo de las familias ocupantes, como indica el protocolo de Derechos Humanos de la Corte Suprema.
Pero agrega que al tratarse de un terreno privado el desalojo debe ser solicitado y ejecutado por la propia familia. "Todo indica que este gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos", denunció Valentina Correa, hija del empresario asesinado, en una carta a "El Mercurio". En el juicio que condenó a los autores del homicidio de Correa quedaron en evidencia, por cierto, los vínculos ante el autor intelectual del crimen y el organizador del loteo ilegal, quien fue condenado por aquel delito.
Resulta difícil de explicar que el Gobierno intente cargar sobre los hombros de los propios ciudadanos el peso de una tarea de la cual debieran encargarse, evidentemente, las instituciones del Estado, toda vez que para ello se requerirá del auxilio de la fuerza pública. Se trata, en primer lugar, de una decisión que puede alentar la expansión de los asentamientos irregulares y las mafias que los promueven. Por otro lado, envía también un mensaje nocivo respecto del respeto de la ley y de los derechos de los ciudadanos frente a acciones ilegales. Y, en tercer lugar, es una señal que las vías institucionales para superar los conflictos no funcionan, y que impera, en cambio, la ley del más fuerte.
No hace falta explicar hacia donde puede conducir al país, y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos, la idea de que el Estado es incapaz de hacer respetar las normas que rigen nuestra vida en común.
Si hay real voluntad en el Ejecutivo de enfrentar la crisis de seguridad pública, conviene hacer caso a la advertencia que hace la propia Valentina Correa: cumplir con la orden judicial es una obligación legal y una señal de que el crimen organizado --del cual la industria de las usurpaciones es parte-no se tolera ni se normaliza. "La negativa a demoler es una señal que las vías institucionales para superar los conflictos no funcionan, y que impera, en cambio, la ley del más fuerte". Rendidos frente a una usurpación.