Autor: MAURICIO SILVA

Serviu exige que usurpadores sean desalojados por la familia Correa, que acusa “rendición a narcotomas”
Serviu exige que usurpadores sean desalojados por la familia Correa, que acusa “rendición a narcotomas” “Es importante precisar que, según estipula el protocolo de Derechos Humanos de la Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado”. De esta manera, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) respondió al emplazamiento efectuado por Valentina Correa, hija del empresario asesinado por un sicario en mayo de 2020, ante el incumplimiento del fallo dictado hace un año por la Corte de Valparaíso que ordena demoler el campamento que usurpadores levantaron en el predio La Corte ordenaba a la Seremi Minvu notificar la demolición a los usurpadores, lo que se cumplió publicándola en octubre de ese año en el Diario Oficial, “y a continuación seguir adelante con la ejecución de dicha resolución”. FALLO DE 2024 que su padre tenía en Quilpué.
“Todo indica que este gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos”, señaló la socióloga en una carta publicada ayer por “El Mercurio”. La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, ante la insistencia de las autoridades de Vivienda de que los propios deudos del ingeniero asesinado por encargo deben proceder al desalojo del predio, cuestionó esa postura. “El incumplimiento del mandato legal significa que se rindieron a las narcotomas”, reaccionó.
La profesional asegura que se trata del mismo argumento con que la Seremi de Vivienda intentó dejar sin efecto el recurso de protección que la familia Correa interpuso en su contra, por no ejecutar la orden de demolición de las viviendas ilegales instaladas por los usurpadores en un suelo que prohíbe destino habitacional y es declarado zona de riesgo por el Plan Regulador Comunal de Quilpué.
Pero hace casi un año, el 27 de agosto de 2024, la Corte de Valparaíso ordenó a la Seremi del Minvu cumplir la resolución que esa misma repartición dictó en 2021, ordenando demoler el asentamiento ilegal, un año después del asesinato de su dueño.
El homicidio ocurrió en mayo de 2020, poco después de que Alejandro Correa denunciara ante la justicia la usurpación y se enfrentara judicialmente por los deslindes del terreno con el empresario y dueño del predio vecino, Renato López. Este fue condenado como el autor intelectual del crimen, encargado a un sicario colombiano que también cumple una pena privativa de libertad. En el juicio, además, quedaron en evidencia las relaciones entre López y el organizador del loteo ilegal, Luis Alarcón, quien en un proceso aparte fue condenado por este delito, recordó Bruna. La familia Correa pidió a la Corte de Valparaíso que ordenara a la Seremi del Minvu y al Serviu fijar día y hora para concretar la demolición.
Pero en resoluciones del 16 y 30 de junio desestimó hacerlo, con un solo argumento: “No ha lugar a lo solicitado y ocúrrase ante quien corresponda”.. Organismo estatal impone esa condición para ejecutar la demolición ordenada por una sentencia judicial. Al tratarse de un terreno privado, eso “debe ser solicitado y ejecutado” por las propias hijas del empresario asesinado, asegura. Ocupación ilegal en terreno de empresario asesinado por sicario en Concón: Se hicieron parte. Uno de los ocupantes ilegales pidió a la Corte, mediante su abogado, rechazar la solicitud de fijar día y hora para la demolición.