Autor: Magdalena Merbilháa Historiadora
Columnas de Opinión: Dilema de la política, ¿hacer lo correcto o lo conveniente?
Columnas de Opinión: Dilema de la política, ¿hacer lo correcto o lo conveniente? Esta semana tras presentarse el Informe de Finazas Públicas IFP del primer trimestre 2026 por parte de la administración Kast, el ministro de hacienda, Jorge Quiroz denunció un presunto “error aritmético” y una subestimación de la deuda pública cercana a US$10.500 millones en los informes heredados de la administración de Gabriel Boric. Habría habido una subestimación del déficit debido a cálculos poco realistas de ingresos y gastos. A esto se le agrega que habría una inconsistencia aritmética ya que se omitieron compromisos futuros para aparentar menor deuda. Si se sinceraran los números, la deuda pública de Chile superaría el 45% del PIB, lo que nos llevaría a una situación de extrema imprudencia y totalmente indeseable.
Hacienda ordenó una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades en la Dirección de Presupuestos e implementó un ajuste fiscal inicial de US$2000 millones para contener el déficit efectivo en 2,4%. El exministro Grau dijo públicamente desde medios de comunicación que las proyecciones entregadas en su gestión “son consistentes y no tienen errores de cálculo”. Según él la controversia radica en distintas visiones macroeconómicas y que la relación deuda/PIB depende de múltiples variables dinámicas como la inflación, el tipo de cambio y el PIB nominal y no sólo del déficit de caja. Acusó al ministro Quiroz de un análisis apresurado.
Esta situación ha hecho que el Partido Nacional Libertario junto al Partido Repúblicano anuncien una Acusación Constitucional contra el ministro Grau, ya que aún están a tiempo de poder cobrar las responsabilidades políticas de la exautoridad hasta el día 11 de marzo.
Pero este anuncio ha tensionado al oficialismo ya que los sectores de la UDI y RN consideran que “no es conveniente”, ya que complica el diálogo en medio de la tramitación de la Mega reforma en el Senado.
La gran pregunta entonces es que se impone, ¿lo correcto o lo conveniente? La política hace mucho que opta por lo conveniente y “tranzan”. El diálogo es, muchas veces, conseguir votos a cambio de algo, incluida la impunidad.
La pregunta es si la situación heredada por hacienda amerita o no una acusación constitucional (AC). La AC es la herramienta de control político y jurídico más extrema que posee el Congreso Nacional de Chile que permite inhabilitar a las más altas autoridades del Estado. El objetivo es hacer efectiva la responsabilidad constitucional de las autoridades por infracciones graves a las leyes o a la Constitución en el ejercicio de sus funciones.
De hecho, el ministro de Hacienda está obligado por la Constitución y las Leyes chilenas a “custodiar, administrar y velar por la correcta rendición de cuentas públicas de la Nación”. Por lo que “ocultar” y “maquillar” deuda pasándola al futuro o usando fondos de Corfos irían en contra de esa función.
El decreto Ley 1.263 es la norma principal que rige la billetera pública y asigna los deberes al ministerio y obliga a “mantener la contabilidad de la Nación de forma analítica y actualizada y reflejar con exactitud los activos, pasivos, ingresos y gastos”. Establece que “omitir pasivos de forma deliberada o abultar ingresos simulados infringe las normas de contabilidad y expone a las autoridades a sanciones administrativas y políticas, sonde cabe sin duda una acusación constitucional”. Sin duda los números fiscales que dejó la administración pasada no son buenos y hay responsables individuales de eso. El déficit estructural fue 3 veces mayor a lo proyectado. Esperaban 1,1% y fue de 3,6% del PIB. Mal resultado sin duda. La deuda bruta según ellos llegó a 41,7% del PIB.
Eso no consideraba el dinero inyectado desde la CORFO en dos oportunidades, ni el uso de dineros del Fondo de Estabilización Económico y Social FEES, usados para pagar gasto corriente, ni la deuda de las empresas públicas. Hoy, además, sabemos que mucha deuda fue “chuteada” para no ser contabilizada en el período. Claramente se debe más de lo que dicen. A esto se le suma el hecho que la caja fiscal quedó a diciembre, cuando se mide casi en cero ( US$4046 mill) y que, para llenarla en marzo, se adquirió más deuda. Todo esto se debió según el propio consejo Fiscal Autónomo a sobre estimación de los ingresos en los 4 años. Se proyectó recaudación por sobre lo real. Claramente hay responsabilidad política que no debe quedar impune. Se vulneró la confianza fiscal, omitiendo obligaciones financieras en el Informe de Finanzas Públicas comprometiendo la fe pública y el crédito de la nación. Es claramente un incumplimiento de los deberes del cargo que resultó con un daño patrimonial e institucional país. El deber fiscalizador de la cámara de diputados obligaría a apoyar el libelo y no hacerlo sería una falta al deber y a la moral, movido desde la conveniencia. Autor: Magdalena Merbilháa Historiadora.
