Autor: Diego Pereira Abogado ConstructoraSanAntonio

Megatoma: desajuste entre Montes y Riquelme genera fuertes críticas
Megatoma: desajuste entre Montes y Riquelme genera fuertes críticas canismo de financiamiento. “Estamos dispuestos hastael día de hoy asentarnos anegociar, siempre que se establezcan bases para una negociación efectiva y conveniente para nosotros”, subrayó. CRÍTICAS DEL OFICIALISMO En el plano político, el desen-cuentro entreel ministro Mon-tes y el delegado Riquelme desató críticas transversales. Desde el oficialismo, el diputado Tomás Lagomarsino (P. Radical) sostuvo que “másDESALOJO REQUIERE DE 1.000 EFECTIVOS DE CARABINEROS, MÁS DE UN CUARTO DE LA DOTACIÓN REGIONAL. conos haaceptado reuniones, que seguir tirándose la pelota (P.
Republicano), quien apunpara poder efectivamente apoentre el Ministerio del Interior 1ó contra ambas autoridades, yar y fraguar el plan de desaloasegurando que “vivimos bajo jo”, dice. un gobierno de niños”. De esta forma, arguye que “Si ninguno de ellos tiene “en ninguna de las dos vías el claro qué es lo que tiene que Gobierno ha colaborado”. hacer, probablemente eso paPese a la disconformidad sa porque el Presidente Boric con el Ejecutivo, el jurista aseestá muy ocupado comiendo gura que desde la inmobiliaria helados por ahí.
Ya es hora de no han descartado la opción que Boric ponga orden, y que de vender elterreno, pero paenla reconstrucción de Viña, el ra ello necesitan certezas del desalojo en San Antonio, el mecanismo decompra, ya que avance de proyectos portuanisiquiera saben silos usurpariosenlaregión, y tantosotros dores tienen ahorros o un metemas, haya decisión y se avan-y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo llamo alas instituciones a buscar soluciones y, obviamente, respetar el Estado de derecho, que no puede ponerse en duda en este país, y sobre todo de un poder autónomo, como es el Poder Judicial”. Por su parte, el diputado “Tomás de Rementería (PS) cali ficó la discusión de las autoridades como “estéril”, remarcando que “acá hay que buscar soluciones concretas”. “Más que andar tirándose la pelota entre el delegado y el ministro, creo que acá lo que hayque buscar es unasolución que satisfaga la necesidad de personas que, como Estado, le hemos incumplido su derecho ala vivienda y están viviendo ahíno porquees más fácil, sino porque no tienen dondevivir”, puntualizó el legislador. “GOBIERNO DENIÑOS” Más duro fue el tono del diputado Luis Fernando Sánchezce”, enfatizó.
En tanto, el diputado Andrés Celis (indep. -RN) sostuvo que este “es un nuevo capítulo deladescoordinación yla falta deliderazgo del Gobierno”. “Lo preocupante es queesta falta de decisiones no sólo afecta alos dueños del terreno, sino que también genera expectativas inciertas en las familias que ocupanlatoma. ElGobierno debeasumirsuresponsabilidad y dejar de patear el problema para adelante”, sentencióel parlamentario. (3tiende al Gobierno.
Esto, luego deque el pasado 7defebrero el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PO), afirmara que “el que tiene la voz respecto de cuáles son las salidas, sies que este conflicto tienealgunasalida, esel Ministerio de Vivienda y Urbanis-mo”. Laautoridad regionalseña16 que el Minvu se encuentra “en conversaciones” con las partes, por lo que aseveró que la cartera tiene la última palabra respecto a cuál será la estrategia a implementar. Sin embargo, lo anterior fuerebatido por el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien responsabilizó al delegado presidencial.
En diálogocon El Mercurio, Montes aseguró que “la Corte Suprema dijo al Estado tiene que desalojar”, no al Ministerio de Vivienda”. Enesa línea, subrayó que el desalojo no corre por parte del Minvu, sino que “lo hace el delegado presidencial”. “Formalmente, a élle correspondeorganizar, junto con el municipio”, aseveró. Asimismo, Montes descar-1ó de plano la opción de que el Estado adquiera los terrenos.
“Llegamos a la idea de que lo más razonable es que sería que las propias personas quesetomaron compraran el terreno, porque el Estado no tiene plata; y si tuviera, tiene que comprarle a otra gente que está postulando hacemás años y deotras maneras”. gado y el ministro desató críticas por parte de los propietarios del predio.
Ajuicio del abogado Diego Pereira, “estas declaraciones contradictorias no hacen otra cosa que demostrar la inoperancia de las instituciones públicas en la coordinación y en el cumplimiento del fallo”. “Estas declaraciones contradictorias no hacen otra cosa que demostrar la inoperancia delas instituciones (... ) en el cumplimiento del fallo”. “Más que andar tirándose la pelota entre el delegado y el ministro, acá lo que hay que buscar es una solución”. 'Tomásde Rementería Diputado (Partido Socialista)“Vivimos bajo un gobierno de niños. (... ) Ya es hora de que Boric ponga orden”. Luis Fernando Sánchez Diputado (Partido Republicano)“Esto es un nuevo capítulo de la descoordinación y la falta de liderazgo del Gobierno”. Andrés Celis Diputado indep-RN) El representante legal de la Constructora San AntonioS.A. cree, además, que no existe una real disposición del Gobierno para hacerse cargo del conflicto, sino más bien suintención es aplazarlo, en el entendido de que le restan 13 meses de gestión al presente mandato.
“El Gobierno no ha mantenido una continuidad; por un lado respecto de las negociaciones efectivas destinadas a lograr una solución; y por otrolado la Delegación tampo-Gian Franco Giovines D. gian. giovinescomercuriovalpo. cl 1 pasado 31 de enero fiE nalizó el plazo dela Corte Suprema para que el Estado desaloje la megatomade San Antonio, donde se estima que hoy residen ilegalmente 4 mil familias. No obstante, el fallo no se cumplió, lo queconstituye un desacato por la sentenpartedel Gobierno ciadel máximotribunal. Ciertamente, el escenarioescomplejo. De acuerdo al catastro realizado por el Ministerio de Vivienda, en el terreno de 200 hectáreas propiedad de la Constructora San Antonio S.A. residen ilegalmente 10.251 personas en más de 4.136 viviendas. Desalojar a este volumen de familias implicaría, según advirtió en unoficio enviado en noviembre por lajefa de Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, eldespliegue de másmilefectivos: entre ellos, 117 de fuerzas especiales. Considerando esto, unoperativo de este calibre requeriría destinar a más de un cuarto de toda la dotación de Carabineros de la Región de Valparaíso, cercanaa los 3.800 efectivos. Porestarazón, la general planteó queel desalojo serealice de formaparcializada, avanzando por cuadrículas de hectáreas. No obstante, una salida alternativa al desalojo que ha sidobarajada porlastres partes, el Ministerio de Vivienda, el propietario del predio y los ocupantes, es que estos últimos adquirieran los terrenos mediante la conformación de cooperativas. Sin embargo, esta vía no presenta grandes avances y las negociaciones se encuentran en punto muerto. “No tenemos ningún tipo de acuerdo ni encuentro en ningún punto con el Gobierno”, advierte Diego Pereira, abogado de la ConstructoraSan Antonio S.A. Enesalínea, el jurista explicó que hoyllos propietarios del terreno no tienen ninguna certeza respecto acuál sería el mecanismo! legal, la fórmula financiera y el precio del trato que busca lograr el Minvu mediantelas cooperativas. DECLARACIONES CRUZADASLa falta de claridad para abordar el conflicto también se ex-. San antonio. Delegado dijo que el Minvu tiene la última palabra, pero el ministro lo refutó, responsabilizándolo del desalojo. Propietarios cuestionan descoordinación. AGENCIA UNO