Autor: MAURICIO SILVA Y DIERK GOTSCHLICH
Corte rechaza último recurso contra desalojo de megatoma y dueños piden activar fuerza pública
Corte rechaza último recurso contra desalojo de megatoma y dueños piden activar fuerza pública Yanino Riquelme Carlos Montes Más de mil carabineros, de los cuales 117 corresponden a operaciones policiales especiales.
Ese es el contingente que, según la propia institución, requiere para desplazar a las 10.251 personas que, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, residen hoy en la denominada "megatoma" de San Antonio, una usurpación que surgió en 2019 y en la que hay 4.136 inmuebles.
El número de efectivos se detalla en un oficio enviado el 22 de noviembre pasado por la jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, al delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), en el que le informa de "los recursos institucionales para desarrollar el desalojo de la megatoma Cerro Centinela-San Antonio Cartagena". En el documento, la oficial señala que tales servicios implican contar con la fuerza operativa de la prefectura, complementada con refuerzos de otras reparticiones. Allí se deja constancia que la planificación considera desarrollar dichos servicios en forma parcializada, en cuadrículas de hectáreas, con personal acotado, atendiendo el tamaño del terreno y la cifra de habitantes a desocupar. También alerta que, ante la inminencia del desalojo, circulan entre los residentes del campamento mensajes de WhatsApp llamando a confeccionar molotov y zanjas para resistir el actuar policial. Ayer, la Constructora San Antonio S.
A, dueña del predio usurpado, ingresó a la Corte de Valparaíso un escrito pidiéndole a Carabineros activar tal operativo para hacer cumplir la sentencia que ese mismo tribunal dictó en junio de 2023 y que la Corte Suprema ratificó en marzo del año pasado, acogiendo el recurso de protección que interpuso pidiéndoles restablecer su derecho de propiedad.
El trámite fue concretado por el abogado Diego Pereira luego de que este martes el tribunal de alzada porteño desestimara el recurso de los ocupantes del predio privado de más de 200 hectáreas contra su negativa a ampliar el plazo para el desalojo.
Expectativa "marzo" En su resolución de este 11 de febrero, los ministros Jaime Arancibia, Claudia Parra y el abogado integrante Felipe Caballero, desestimaron el recurso de reposición de 45 páginas en el que cinco dirigentes alertaron que desplazar 10 mil personas crearía una "crisis humanitaria sin precedentes" en el país.
Las dirigentas Viviana Rivera, Vilma Sáez, Elizabet Rivera y Rose Marie Castro, asesoradas por el topógrafo Gustavo Sepúlveda, alegaron que la notificación de la sentencia --mediante tres carteles instalados en distintos puntos del campamento-no fue conforme a Derecho, cuestionaron los límites de los predios y aseguraron que la toma no fue producto del estallido de 2019, sino de la crisis desatada por la pandemia, que obligó a familias sin casa abandonar inmuebles en que vivían de allegados, según argumentaron. También alegaron que las autoridades admiten que no están en condiciones de brindarles un alojamiento transitorio, como la Corte les ordena, en resguardo de sus derechos humanos. El tribunal de alzada insistió que el debate está agotado y que tales argumentos no desvirtúan lo resuelto. Solo accedió a exigir al municipio de Cartagena, comuna en la que estaría una fracción menor del predio, que informe en 8 días qué medidas está adoptando para el desalojo.
El abogado Pereira destaca que "como la gente no hizo abandono voluntario dentro del plazo legal estipulado por la Corte, solicitamos la intervención de Carabineros a fin de que planifique el lanzamiento usando medios coercitivos". "Nuestra expectativa es que luego de las notificaciones a los ocupantes, oficios a la policía y la planificación, el desalojo comience a concretarse en marzo. Porque hace un año y medio las autoridades saben que esto debe producirse", plantea. Sobre las más de 4 mil casas levantadas en los terrenos, Pereira indica que los ocupantes tienen derecho a desarmarlas y llevarlas en los casos que sea materialmente posible.
Negociaciones con el Estado El pasado 7 de febrero, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), sostuvo que el Ministerio de Vivienda debe dar una solución a la megatoma, "si es que este conflicto tiene alguna salida". "Aquí hay una labor primero que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que entendemos que está en un proceso de conversaciones además y de seguir con su estrategia o de ver cuál es la estrategia que se plantea frente a este hecho puntual.
Estamos a la espera de cuál va a ser esa definición respecto de la estrategia en particular del Minvu, pero nosotros estamos haciendo todas las coordinaciones para cumplir con todas las órdenes que se nos han confiado", dijo. Al respecto, el abogado Pereira asegura que no ha tenido ningún acercamiento de parte de la cartera ni han recibido ninguna información oficial.
Solo extraoficialmente, dijo, se ha enterado de que la planificación gubernamental calendarizaba a partir de este jueves 13 una serie de encuentros para ir eligiendo y formalizando juntas directivas de 46 cooperativas, que agrupan a 2.995 familias, y que se extenderían hasta marzo, lo que a su juicio refleja "desdén" de la autoridad ante plazos perentorios fijados por los fallos.
Acerca de la posibilidad de suspender las gestiones para ejecutar el fallo, el profesional comentó que sus representados están dispuestos a escuchar una propuesta en que las autoridades den una solución habitacional a los ocupantes, pero atendiendo a sus intereses, que a su juicio se resguardan con una venta directa del predio en su totalidad al Estado y no en forma parcializada a los usurpadores organizados en cooperativas. "Si es que se exhibe una voluntad y una propuesta de solución serias, lo podríamos estudiar. Nuestros clientes no están cerrados a que existan negociaciones de parte del Estado. Lo que pasa es que este no se nos acerca a negociar. Ese es el problema", dice.
Consultado por este tema, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), asegura que "la Corte Suprema dijo al Estado `tiene que desalojar', no al Ministerio de Vivienda, y el que lo hace no es el Minvu, lo hace el delegado presidencial.
Formalmente a él le corresponde organizar junto con el municipio". En ese sentido, el secretario de Estado dice que hay que "buscar alternativas que eviten caer en el extremo de un desalojo de 4 mil familias, con una gran cantidad de niños.
Además, serviría para el futuro para resolver la situación en otros campamentos". Agrega que "revisando la experiencia de otros lados, llegamos a la idea de que lo más razonable sería que las propias personas que se tomaron, compraran el terreno, porque el Estado no tiene plata y si tuviera tiene que comprarle a otra gente que está postulando hace más años y de otras maneras". Jueces de Valparaíso declaran improcedente elevar a la Suprema solicitud de más plazo hecha por ocupantes: Corte rechaza último recurso contra desalojo de megatoma y dueños piden activar fuerza pública MAURICIO SILVA Y DIERK GOTSCHLICH Propietarios del predio usurpado en San Antonio exigen cumplir la sentencia, mientras el ministro de Vivienda argumenta que corresponde a la Delegación Presidencial lograr una solución y el delegado apunta al Minvu.
EL MERCURIO `` El que tiene la voz respecto de cuáles son las salidas, si es que este conflicto tiene alguna salida, es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo".. ........................................................ YANINO RIQUELME (PC) DELEGADO PRESIDENCIAL DE VALPARAÍSO, 7 DE FEBRERO `` La Corte Suprema dijo al Estado `tiene que desalojar', no al Ministerio de Vivienda. El que lo hace es el delegado presidencial.
Formalmente a él le corresponde organizar junto con el municipio".. ....................................................................... CARLOS MONTES MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO, 12 DE FEBRERO n ORIGEN La toma o "megatoma" de San Antonio, como la han calificado algunos debido a sus dimensiones, comenzó a finales de 2019 con la llegada de familias al terreno del cerro Centinela o La Virgen, entre la bahía del puerto y Cartagena. n MASIFICACIÓN En medio de las dificultades que generó la pandemia del covid-19, tanto por temas económicos como en labores de fiscalización, el asentamiento precario fue creciendo hasta lo que es hoy: alberga a unas 4 mil familias, que suman más de 10 mil pobladores. n DESALOJO El 31 de enero se cumplió el plazo que la justicia entregó al Estado para desalojar el terreno.
Antes de ello, el tribunal había ordenado que la salida de las personas que viven ilegalmente en el lugar se concretara en junio del año pasado. n PRÓRROGA Los pobladores de la toma acudieron a la Corte de Apelaciones para postergar la salida, pero el tribunal rechazó su recurso y dio luz verde al desalojo del terreno. n SIN ACUERDO La inmobiliaria inició un proceso legal a inicios de 2023 para recuperar y vender al Estado (o a los ocupantes) las hectáreas usurpadas. Pese a la preocupación de los dueños del predio, no ha habido mayores avances. n OPERATIVO Según estimaciones de Carabineros, un desalojo de estas magnitudes requeriría de 1.118 funcionarios policiales para llevarse a cabo. Más de 5 años de ocupación ilegal HITOS DE LA USURPACIÓN La denominada megatoma de San Antonio comenzó a formarse a fines de 2019, hasta alcanzar su extensa dimensión. EL MERCURIO.
