Autor: Gian Franco Giovines D.

Megatoma: desalojo requiere la participación de más de mil efectivos
Megatoma: desalojo requiere la participación de más de mil efectivos és68Vivimos bajo un gobierno de niños. (... ) Ya es hora de que Boric ponga orden”, Luis Fernando Sánchez, diputado republicano1 pasado 31 de enero E finalizó el plazo de la Corte Suprema para que el Estado desaloje la megatoma de San Antonio, donde se estima que hoy residen ilegalmente 4 mil familias. No obstante, el fallo no se cumplió, lo que, según algunos abogados, constituye un desacato por parte del Gobiernoa la sentencia del máximo tribunal. Ciertamente, el escenario es complejo. De acuerdo al catastro realizado por el Ministerio de Vivienda, en el terreno de 256 hectáreas -propiedad de la Constructora San Antonio S.A. residen ilegalmente 10.251 personas en 4.136 viviendas.
Desalojar a este volumen de familias implicaría, según advirtió en un oficio enviado en noviembre la jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, el despliegue de más mil efectivos: entre ellos, 117 de fuerzas especiales. Considerando esto, un operativo de este calibre requeriría destinar a más deun cuarto de toda la dotación de Carabineros de la Región de Valparaíso, cercana a los 3.800 efectivos. Por esta razón, la general planteó que el desalojo se realice de forma parcializada, avanzando por cuadrículas de hectáreas.
No obstante, una salida alternativa al desalojo que ha sido barajada por las tres partes, el Ministerio de Vivienda, el propietario del predio y los ocupantes, es que estos últimos adquirieran los terrenos mediante la conformación de cooperativas. Sin embargo, esta vía no presenta grandes avances y las negociaciones se encuentran en punto muerto. “No tenemos ningún tipo de acuerdo ni encuen-troen ningún puntoconel Gobierno”, advierte Diego la Pereira, abogado deConstructora San AntonioS.A.
En esa línea, explicó el jurista que hoy los propietarios del terreno no tienen ninguna certeza respecto a cuál sería el meca-nismo legal, la fórmula financiera y el precio del trato que busca lograr elMinvu mediante las cooperativas. DECLARACIONES CRUZADAS La falta de claridad para abordar el conflicto, sin embargo, también se extiende al Gobierno.
Esto, luego de que el pasado 7 de febrero el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), afirmó que “el que tienelavoz respecto de cuáles son las salidas, si es que este conflicto tiene alguna salida, es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. Señaló la autoridad regional que el Minvu se encuentra “en conversaciones” con las partes, por lo que aseveró que la cartera tienela última palabrarespecto a cuál será la estrategia a implementar. Sin embargo, lo anterior fue rebatido por el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien responsabilizó al delegado presidencial.
En diálogo con El Mercurio, aseguró Montes que “la Corte Suprema dijo al Estado “tiene que desalo-Estas declaraciones contradictorias no hacen otra cosa que demostrar la inoperancia de las instituciones (... ) enel cumplimiento del fallo”, Diego Pereira abogado Constructora SanAntoniosino (P.
Radical), sostuvo “más queseguir tiránque dose la pelota entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo llamo a las instituciones a buscar soluciones y, obviamente respetar el estado de derecho, que no puede ponerse en duda en este país, y sobre todo de un poder autónomo, como es el Poder Judicial”. Por su parte, el diputado Tomás de Rementería (PS), calificó la discusión de las autoridades como “estéril”, remarcando que “acá hay que buscar soluciones concretas”. El parlamentario Luis Fernando Sánchez (P. Republicano), indicó que “vivimos bajo un gobierno de niños. Si ninguno de ellos tiene claro qué es lo que tiene que hacer, probablemente eso pasa porque el Presidente Boric está muy ocupado comiendo helados por ahí. Ya es hora de que Boric ponga orden, y que en la reconstrucción de Viña, el desalojo en San Antonio, el avance de proyectos portuarios en la región, y tantos otros temas. En tanto, el diputado Andrés Celis (Ind. -RN), sostuvo que este “es un nuevo capítulo de la descoordinación y la falta de liderazgo o del Gobierno”. mandato.
“El Gobierno no ha mantenido una continuidad; por un lado respecto delas negociaciones efectivas destinadas a lograr una solución; y por la Delegación otro lado tampoco nos ha aceptado reuniones, poder para efectivamente apoyar y fraguar el plan de desalojo”, dice, Pese a la disconformidad con el Ejecutivo, el jurista asegura que desde la inmobiliaria no han descartado la opción de vender el terreno, pero para ello necesitan certezas del mecanismo de compra, ya que nisiquiera sabenssi los usurpadores tienen ahorros o un mecanismo de financiamiento. “Estamos dispuestos hasta el día de hoy a sentarnos a negociar, siempre que se establezcan bases para una negociación efectiva y conveniente para nosotros”, subrayó. CRÍTICAS En el plano político, el desencuentro entre el ministro Montes y el delegado Riquelme desató críticastransversales. Desde el oficialismo, el diputado Tomás Lagomar-DELEGADO YANINO RIQUELME. ACUSAN “INOPERANCIA” La desconexión entre el delegado y el ministro desató críticas por parte de los propietarios del predio.
A juicio del abogado Diego Pereira, “estas declaraciones contradictorias no hacen otra cosa que demostrar la inoperancia de las instituciones públicas en la coordinación y en el cumplimiento del fallo”. El representante legal de la Constructora San AntonioS.A. cree además que no existe una real disposición del Gobierno para hacerse cargo del conflicto, sino más bien su intención es aplazarlo, enel entendido de quele restan 13 meses de gestión al presenteMINISTRO CARLOS MONTES. de Vi jar”, noal Ministerio vienda”. En esa línea, subrayó que el desalojo no corre por parte del Minvu, sino que “lo hace el delegado presidencial. Formalmente a él le corresponde organizar, junto con el municipio”, aseveró. Asimismo, Montes descartó de plano la opción de que el Estado adquiera los terrenos.
“Llegamos a la idea de que lo más razonable es que sería que las propias personas quese tomaron, compraran el terreno, porque el Estado no tiene plata, y si tuviera tiene que comprarle a otra gente que está postulando hace más años y de otras maneras”.. Desajustes entre el ministro Carlos Montes y el delegado presidencial Yanino Riquelme genera fuertes críticas. Mientras este último dijo que el Minvu tiene la última palabra, el secretario de Estado lo refutó. AGENCIA UNO