Mundaca y alcalde Vera advierten que “es imposible” expulsar a 4 mil familias
Mundaca y alcalde Vera advierten que “es imposible” expulsar a 4 mil familias Gian Franco Giovines D. gian. giovinesomercuriovalpo. cl or orden de la Corte de p Apelaciones de Valparaíso, el próximo jueves 27 de febrero se dará inicio al lanzamiento escalonado y progresivo de las 4 mil familias que habitan la megatoma deoctubre de 2019. En el papel, el operativo significaríael inicio del desalojomás grande del que se tenga historia enel país, enla quees, también, la toma de terrenos más extensa del territorio. Sin embargo, en la práctica, el elevado contingente policial que requiere el operativo, unos 1.200 efectivos, deja serias dudas sobre si este realmente se llevaráa cabo.
Más aún, conel precedente de que la Corte de Apelaciones decidió ayer aplazar -por falta de contingente policialel lanzamiento de la toma de Lajarilla, en Viña del Mar, un asentamiento de 450 habitantes, un volumen considerablemente menor al dela“megatoma” de San Antonio. NO HAY CAPACIDAD POLICIALEn este marco, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, aseguró que el lanzamiento de las4.136 familias, equivalentes a cerca de 10 mil habitantes del asentamiento, es prácticamente “imposible” de llevar a cabo. En conversación con CNNChile, laqutoridad regionaldetalló que, tras una conversación con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, determinaron que para efectuar el desalojoserequieren 1.200 carabi-neros.
“Estuvimos conversan-doconel ministro Montes, yla verdad es que para poder desalojar ese volumen de población, se requieren 1.200 funcionarios policiales, en una región que tiene sólo 3 mil efectivos policiales”. Hay que agotar todas las instancias, porque imagínense ustedes la crisis humanitaria que significaría desalojar por la fuerza a más de 10 milniños, niñas y adolescentes”. Rodrigo MundacaGobernador de la Región de Valparaíso. En términos prácticos, humanos, sociales y de seguridad, yo lo considero imposible. Es una aberración el poder personas, de las cuales 3300 son pensar en desalojar, demoler las viviendas de 3 mil familias”. Omar VeraAlcalde deSan Antonio.
Incluso, Mundaca sostuvoque la realización de un desalojo por cuadrantes, tal como lo ha propuesto Carabineros, “del punto de vista práctico, es una tarea titánica y que duraría muchísimos meses”. “Hoy día las condiciones de materialidad para poder desalojar a una población de este volumen, son francamente imposibles”, sentenció el gobernador. Sin embargo, más allá deldesbordamiento de las fuerzaslaregión, Mundaca sostuvo que efectuar el de-policiales de salojo delas 4 mil familias ge-neraría una crisis humanitaria enla Región. Por ello, se manifestó a favor de encontrar un acuerdo conlos propietarios, através dela conformación de cooperativas que ha propuesto el Ministerio de Vivienda. SOLUCIÓN “INÉDITA” Asimismo, la autoridad informó que, según lo conversado con el ministro Montes, 3.200 delas 4 mil familias ya se encuentran inscritas para la conformación delas cooperativas. “Cooperativas que deberían gestionar los créditos ante la banca, fundamentalmente para poder comprar el terreno”, precisó. “Estamos hablando de un terreno, para ser bien precisos, de 254 hectáreas, pero todavía no tenemos tasación, por tanto, todavía no sabemos cuál es el valorreal que tiene esa superficie”, agregó. La autoridad aseguró además quela propuesta delas cooperativas, formulada por el Ministerio de Vivienda, “esuna solución bastante inédita para el país y que podría marcar un precedenteante situaciones de esta naturaleza.
Me parece quees una alternativa, y creo que hay que agotar todas las posibilidades, porque hay que conversar con los dueños”. En esta línea, Mundaca relevólareunión del próximo lunes 24 de febrero, en la que participarán el ministro Carlos Montes, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y los propietarios de las 254 hectáreas en cuestión.
En esa cita, espera la autoridad que “hay que agotar todas las instancias, porque imagínense ustedes la crisis humanitaria que significaría para nuestra Región desalojar por la fuerza, 4 mil familias, con violencia, a más de10 mil personas, delascuales 3.300 son niños, niñasy adolescentes”. “UN DESASTRE SOCIAL”Quien también se mostró en contra del desalojo de lamegatoma fue el alcalde de San Antonio, Omar Vera (indep), quien aseguró que el desplazamiento delas 10 mil personas0,58 UFpor m2 esel valor que propone el Serviu a pagar a través de la conformación de cooperativas. 0,69 UFpor m2es el monto que ha establecido la Inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del predio. sería lisa y llanamente una “aberración”. “En términos prácticos, humanos, sociales y de seguridad, yo lo considero imposible.
Es una aberración el poder pensar en desalojar, demolerlas viviendas de 3 milfamilias en un proceso que proviene de políticas habitacionalesinadecuadas de años”, dijo en entrevista con CNN, asegurando que el operativo repercutiría en “un desastre social, de seguridad y humanitario”, yaque la comuna carece de infraestructura para acoger alas 10.000 personas eventualmente desplazadas. “El reubicar a estas familiases un tema que aún no te(... ) no tenenemos solución mos una solución donde ubicar en forma parcelada o total a estas familias”, añadió. Por esta razón, el alcalde cree que la solución radica en el diálogo entre los propietarios del terreno y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. “Nuestro llamado ha sido, desdeel primer minuto, al entendimiento y al acuerdo”, subrayó. DISCREPANCIAS EN MONTOS Según informó CNN, el financiamiento de las cooperativas propuestas porel Minvu conta-ría con financiamiento del BancoEstado y garantía del Estado. Sin embargo, el punto de conflicto sigue siendo el valor del metro cuadrado. Lo anterior, debido a que, mientras el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) propone un monto 0,58 UF el propietario, la inmobiliaria San AntonioS.A., exige 0,69 UF.
“Apelamos a que exista un mayor plazo para llegar a un acuerdo queresuelva esta problemática”, enfatizó Vera, manifestando, además, que sería fundamental que la Corte de Apelaciones considerara una prórroga de seis meses para el plazo perentorio del desalojo, para así dar tiempo al Gobier-no de acordar una soluciónconel privado. Claveserá, entonces, la reunión del próximo lunes, enla que el ministro Carlos Montes sereuniría, directamente, con 03 los dueños del terreno. San Antonio, asentamiento. SAN ANTONIO. Gobernador dice que operativo obligaría a desplegar 1.200 carabineros, un tercio de la dotación detoda la Región. Jefe comunal cree que se desataría “un desastre social, de seguridad y humanitario”. emv