Fiscalía de Antofagasta investiga a diputada Catalina Pérez por aborto
Fiscalía de Antofagasta investiga a diputada Catalina Pérez por aborto El fiscal Cristián Aguilar determinó iniciar nuevas pesquisas en razón de conversaciones que obtuvo en el marco del denominado caso Democracia Viva. En medio de ello, solicitó autorización al Juzgado de Garantía de Antofagasta para allanar un centro médico e incautar la ficha médica de la parlamentaria.
Por Catalina Batarce a investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Antofagasta por el denominado caso Democracia Viva por tres millonarios convenios, por los que se transfirieron $ 426 millones a la fundación del mismo nombre-, recientemente arrojó antecedentes que llevaron al fiscal Cristián Aguilara abrir una indagación paralela a lo que se podría denominar la "arista madre" del caso Líos de plata.
La nueva indagatoria, eso sí, no tiene nada que ver con los hechos que se investigan en el marco de los convenios firmados por la mencionada ONG y la Seremi de Vivienda de Antofagasta en 2022.
Y es que en medio de la revi» La diputada Catalina Pérez. sión de conversaciones, específicamente chats de los teléfonos incautados en el caso Convenios, se hallaron intercambios entre Daniel Andrade, representante de la ONG ligada al Frente Amplio, y la diputada Catalina Pérez, que determinaron que la Fiscalía iniciara de oficio una causa penal por el delito de aborto en contra de la congresista. Quienes conocen de estos hechos sostienen que en medio del análisis de los mensajes de WhatsApp de ambos se desprende información respecto de que la parlamentaria interrumpió un embarazo. Una situación hasta ahora totalmente desconocida y que llevó al Ministerio Público a decidir perseguir la eventual responsabilidad de Péeventual responsabilidad de Pérez en este ilícito. Esto, ya que en Chile está permitido el aborto solo bajo tres causales, ninguna de las cuales, para la Fiscalía, habría presentado la congresista al momento de realizarse la intervención.
La Tercera se puso en contacto tanto con el equipo de la diputada Pérez como con el de la Fiscalía de Antofagasta para obtener sus posturas, sin embargo, ambos optaron por no pronunciarse respecto de esta nueva indagatoria que afecta a la diputada, quien, además, enfrenta un proceso de desafuero. De igual forma, los abogados de Andrade también descartaron hacer comentarios.
Los antecedentes Puntualmente, según diferentes fuentes consultadas por este medio, los hechos que motivan la nueva causa son intercambios que ambos exmilitantes de Revolución Democrática mantuvieron entre las jornadas del miércoles 21 y el lunes 26 de diciembre de 2022, es decir, mucho antes de que estallara el caso Convenios. A partir de este hallazgo es que Aguilar empezó a trazar líneas investigativas respecto de si efectivamente la imputada se realizó de forma clandestina un aborto.
Con dichos antecedentes en su poder, el persecutor pidió el visto bueno del Juzgado de Garantía de Antofagasta para la utilización de estas conversaciones, que nada tienen que ver con los hechos indagados en el caso Democracia Viva, y así solicitar diligencias intrusivas.
De esta forma, el pasado martes7 de enero la jueza Sissi Bertoglio-Talap accedió a la solicitud, determinando que dichas conversaciones podían usarse "como evidencia y medio de prueba". Igualmente, en medio de dicho pronunciamiento, la magistrada acogió la petición y dictó una orden de entrada y registro para allanar las dependencias de un recinto médico ubicado en el sector oriente de la capital -cuyo nombre mantendremos bajo reserva y así incautar la ficha clínica de Pérez y otros elementos. Todo, conforme se lee en la resolución, ya que dichas pesquisas fueron catalogadas como "relevantes y diligentes" para el esclarecimiento de los he chos investigados.
Cuestionan a Fiscalía Tras conocerse esta indagatoria, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, insistió en que no se puede seguir criminalizando a mujeres por decisiones que tomen sobre sus proyectos de vida. "Prácticamente la mitad de los casos ni siquiera deberían haber sido motivo de dedicación de recursos del Estado", apuntó.
En esa línea, expuso, "creemos que en nuestro país no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema, y que debemos avanzar y no retroceder en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos y, finalmente, su posibilidad de decidir respecto de sus proyectos de vida". Recordó, en esesentido, que es justamente por esa razón que como gobierno han comprometido el ingreso de un proyecto de ley de legalización del aborto.
De igual forma, la secretaria de Estado hizo presente que entre 2012 y 2022, un total de 444 personas, mayoritariz mente mujeres, fueron investigadas por aborto en Chile, y más del 10% de las causas fueron tras un aborto espontáneo, de acuerdo al estudio reciente mente publicado por Corporación Miles. O ración Miles. O.