Salmonera Cooke Chile responde e invita a Codesa a develar “quiénes son sus financistas”
Continúa la discusión en a la presencia de la industria salmonera al interior de áreas protegidas por el Estado y la labor de la Superintendencia de Medio Ambiente como principal responsable de resguardar estos espacios a través de fiscalizaciones y de procedimientos sancionatorios a las empresas que, de diferentes formas, han violado la ley en sus es así como desde la empresa Cooke Aquaculture Chile se ha calificado alos procesos estatales como una búsqueda de “destruir una empresa extranjera”; mientras que desde las organizaciones se ha acusado a la compañía salmonicultora derechamente de mentir sobre sus informes, afirmaciones y acciones. Erwin Sandoval, presidente de Codesa señaló que “los centros Huillines 2 y Huillines 3 -foco del procedimiento sancionatorio dirigido por la SMA sí están ubicados al interior del parque, aunque lo niegue Cooke.
Esto lo dicen no sólo la SMA, sino también el Servicio de Evaluación Ambiental y Bienes Nacionales”. Desde la ONG cuestionaron que dicha empresa afirme trabajar desde el liderazgo de protección ambiental o que afirme producir salmón orgánico, teniendo en cuenta los antecedentes de la firma en otros países y en Chile mismo. Sin embargo, desde Cooke Aquaculture Chile respondieron a los dichos de Codesa y cuestionaron tanto el financiamiento de la ONG como la forma de trabajar de los organismos estatales.
A través de una carta de respuesta en El Mercurio, Andrés Parodi, gerente general de la compañía, afirmó que “sería deseable que se explicitara, tal como nosotros lo hicimos al indicar que nuestros accionistas son capitales canadienses, quiénes son sus financistas”. También aseguró que la empresa no opera dentro de un parque nacional, señalando que “la concesión fue otorgada con posterioridad a las normas de la Convención de Washington, ratificada por Chile en 1967; a la Ley de Pesca de 1992 que prohíbe concesiones en Parques Nacionales y a la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994.
Si la concesión hubiese estado en un área protegida, ¿Cómo la Contraloría podría haber tomado razón, como lo hizo, del decreto que la concedía»” También se lanzó contra la institucionalidad nacional, argumentando que una empresa salmonera no puede soportar el “asedio, el abuso y la discrecionalidad de los organismos estatales cuando estos están dirigidos por personas cuyo objetivo es evitar el desarrollo productivo”. También criticó la relación entre la SMA y las organizaciones ambientalistas. “¿Cómo es posible que en los procedimientos sancionatorios la SMA actúe en tándem con ONG ambientalistas que reciben financiamiento internacional para destruir empresas, trabajo, aportes tributarios y oportunidades para localidades vulnerables?”, cuestionó. Según Parodi, no existen daños ambientales en las operaciones de la empresa ni se está pasando por alto la legislación vigente. “Por eso aceptamos la propuesta del Gobierno de suscribir un acuerdo con los ministros de Medioambiente y y dos subsecretarios”, dijo citando el acuerdo.
“Se coordinarán los distintos entes del Estado para respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad dentro de la normativa vigente, mientras se realiza la relocalización de las concesiones”. Por último, Cooke Chile subrayó que tiene un alto costo hacer la defensa como empresa, pero “lo hacemos por nuestro país, por nuestros trabajadores y proveedores y por los inversionistas que confiaron en Chile”.