El plan de Donald Trump para despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados
El plan de Donald Trump para despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados El presidente Trump estrecha la mano de Elon Musk, quién nació en Sudáfrica de padre sudafricano y madre canadiense.
El plan de Donald Trump para despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados estadounidenses naturalizados Una nueva directiva del Departamento de Justicia apuntaría a una ofensiva contra los ciudadanos naturalizados como parte de la agenda de deportaciones del Presidente republicano. Se estima que casi 25 millones de estadounidenses obtuvieron su ciudadanía tras inmigrar a ese país.
Fernando Fuentes Fernando Fuentes El 24 de junio por la tarde, el mismo día que Zohran Mamdani se alzó con la victoria en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, el Presidente Donald Trump cuestionó la ciudadanía del asambleísta estatal en una conferencia de prensa en el sur de Florida, insinuando falsamente que podría estar en Estados Unidos sin documentos. "Mucha gente dice que está aquí sin documentos", dijo Trump sobre el socialdemócrata de 33 años. "Vamos a analizarlo todo. Idealmente, resultará ser mucho menos que un comunista, pero ahora mismo es un comunista". Pero el medio Politico destacó que Mamdani no se encuentra en el país ilegalmente. Nació en Uganda de padres indios y se nacionalizó estadounidense en 2018.
Inmigrante, musulmán, perteneciente a la élite progresista y definido como socialista, Mamdani, quien fue criado en los mejores colegios y las mejores zonas de Nueva York, probando suerte incluso en la industria musical como rapero, encarna todos los atributos contra los que ha ido la Administración Trump. De hecho, se ha convertido en la gran esperanza de los demócratas para ser la némesis de Trump.
Mamdani condenó los comentarios de Trump en un comunicado, afirmando que eran un intento de intimidarlo. "Sus declaraciones no solo representan un ataque a nuestra democracia, sino un intento de enviar un mensaje a todos los neoyorquinos que se niegan a esconderse en las sombras: si alzan la voz, vendrán por ustedes", declaró. Pero los cuestionamientos al estatus de ciudadanía de Mamdani no solo provienen de Trump.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca plantea abiertamente la idea de investigar al candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York para posiblemente despojarlo de su ciudadanía, después de una propuesta del representante Andy Ogles, republicano por Tennessee, quien solicitó que se investigue su ciudadanía al sugerir, sin pruebas, que cometió un fraude en el proceso de naturalización. Y Mamdani no sería el único.
El Presidente estadounidense dijo que su exasesor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el magnate tecnológico Elon Musk, tendría que "cerrar el negocio y regresar a su casa en Sudáfrica", en medio de una disputa sobre sus exenciones de impuestos y el proyecto de ley de gastos de Trump -su ambicioso "Gran y hermoso proyecto de ley"-, aprobado por un estrecho margen en el Senado y que busca, entre otras cosas, la mayor reducción de impuestos en la historia del país. El martes, cuando los periodistas le preguntaron a Trump si iba a deportar a Musk, respondió: "Tendremos que echarle un vistazo.
Quizás tengamos que ponerle el DOGE a Elon. ¿Sabes qué es DOGE? DOGE es el monstruo que podría tener que regresar y comerse a Elon". "Nada más de lanzamientos de cohetes, satélites, ni producción de vehículos eléctricos, y nuestro país se ahorraría una fortuna. Tal vez deberíamos hacer que el DOGE lo examine bien y a fondo. ¡Hay mucho dinero que se puede ahorrar! ", concluyó. Elon Musk nació en 1971 en Pretoria (Sudáfrica). A los 17 años se trasladó a Canadá -de donde también es ciudadano y más tarde a Estados Unidos. Obtuvo oficialmente la nacionalidad estadounidense en 2002.
Pero ¿ tendría la administración Trump la facultad de revocar la ciudadanía de Mamdani y Musk, ambos nacidos en el extranjero y naturalizados ciudadanos estadounidenses? Según la Radio Pública Nacional (NPR), la administración republicana parece estar acelerando sus planes de desnaturalización, con el Departamento de Justicia priorizando agresivamente los esfuerzos para despojar a algunos estadounidenses de su ciudadanía.
Así, la dirección del departamento está ordenando a sus abogados que prioricen la desnaturalización en casos que involucren a ciudadanos naturalizados que cometan ciertos delitos, y otorgando a los fiscales estadounidenses mayor discreción sobre cuándo aplicar esta táctica, según un memorando del 11 de junio publicado en línea. La medida está dirigida a ciudadaSIGUE ». El plan de Donald Trump para despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados SIGUE » nos estadounidenses que no nacieron en el país. De los 46,2 millones de inmigrantes que vivían en Estados Unidos en 2022,24,5 millones (el 53%) eran ciudadanos naturalizados, según un análisis de datos gubernamentales realizado por el Instituto de Política Migratoria. Es decir, inmigrantes que completaron el largo proceso legal para obtener la ciudadanía.
En el memorando de junio, el Departamento de Justicia insta a los abogados de esa agencia federal a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía a quien "obtuvo ilegalmente" la naturalización o lo hizo mediante "la ocultación de un hecho material o la tergiversación deliberada". Pero también indicó que priorizaría la desnaturalización para "expulsar a delincuentes naturalizados, pandilleros o, de hecho, a cualquier persona condenada por delitos que represente una amenaza continua para Estados Unidos". Indicó que las medidas buscan "impedir que terroristas convictos regresen a territorio estadounidense o viajen al extranjero con un pasaporte estadounidense". El diario USA Today da cuenta de los 10 motivos de desnaturalización: amenazas a la seguridad nacional, violadores de derechos humanos, crimen organizado, delitos no revelados, delitos violentos y sexuales, fraude financiero gubernamental, fraude financiero privado, fraude de naturalización, casos penales remitidos y otros casos significativos. Según el memorando, quienes están sujetos a procedimientos civiles no tienen derecho a un abogado, como ocurre en los casos penales, indica la cadena Telemundo. Al menos una persona ya ha sido desnaturalizada en las últimas semanas.
El 13 de junio, un juez ordenó la revocación de la ciudadanía de Elliott Duke, quien usa los pronombres "ellos/ellas". Duke es un veterano militar estadounidense originario de Reino Unido que fue condenado por distribuir material de abuso sexual infantil, algo que posteriormente admitió haber hecho antes de obtener la ciudadanía estadounidense. Según Al Jazeera, los casos de desnaturalización fueron más frecuentes durante la primera mitad del siglo XX, durante las dos guerras mundiales y, posteriormente, la Guerra Fría con la Unión Soviética. Entre 1926 y mediados de la década de los 40, cientos de personas fueron desnaturalizadas cada año, según el politólogo Patrick Weil, autor de "El Ciudadano Soberano", publicado en 2017. El gobierno estadounidense intentó con frecuencia desnaturalizar a sus ciudadanos durante los dos períodos del llamado "Pánico Rojo" (1917-1920 y 1947-1957), cuando el miedo al comunismo era particularmente alto en el país. Durante esta época también era muy difícil obtener la ciudadanía estadounidense por naturaliciudadanía estadounidense por naturali» Zohran Mamdami, que postulará a alcaldía de Nueva York, es de origen indio. zación, agrega la cadena gatarí.
Al respecto, NPR recuerda que la desnaturalización fue una táctica muy utilizada durante la era McCarthy, a finales de la década de los 40 y principios de la de los 50, y que se expandió durante la administración de Barack Obama y se intensificó aun más durante el primer mandato del presidente Trump.
Su objetivo es despojar de la ciudadanía a quienes hayan mentido en sus solicitudes de ciudadanía sobre sus condenas penales o su pertenencia a grupos ilegales como el partido nazi o los comunistas durante el macartismo.
Así, apunta el diario The Independent, Trump no sería el primer presidente en despojar a los ciudadanos naturalizados de su ciudadanía, pero es una medida extremadamente rara: el gobierno estadounidense llevó adelante un promedio de 11 casos de desnaturalización entre 1990 y 2017, cuando la primera administración Trump comenzó a intensificar los esfuerzos para despojar a los ciudadanos estadounidenses de su ciudadanía, según el Centro de Recursos Legales para la Inmigración.
Más de 22.000 estadounidenses fueron desnaturalizados tras la Ley de Naturalización de 1906 a 1967, pero esos esfuerzos se disiparon en gran medida tras el fallo histórico de la Corte Suprema de ese año, que declaró que la desnaturalización es inconstitucional en la mayoría de las circunstancias, a menos que un inmigrante hubiera obtenido la ciudadanía ilegalmente mediante fraude u otros medios.
Un experto explicó a NPR por qué el llamado del nuevo memorando a utilizar litigios civiles para este esfuerzo es particularmente inquietante: "El memorando del Departamento de Justicia indica que el gobierno federal litigará los casos de desnaturalización por vía civil, una medida especialmente preocupante", según Cassandra Robertson, profesora de Derecho de la Universidad Case Western Reserve. En los procedimientos civiles, cualquier persona sujeta a desnaturalización no tiene derecho a un abogado, explicó Robertson. Además, la carga de la prueba para el gobierno es menor, y es mucho más fácil y rápido llegar a una conclusión en estos casos. Robertson afirma que despojar a los estadounidenses de su ciudadanía por vía civil viola el debido proceso y vulnera los derechos garantizados por la Decimocuarta Enmienda. Según este nuevo memorando, el Departamento de Justicia está ampliando sus criterios sobre qué delitos ponen a las personas en riesgo de perder su ciudadanía.
Esto incluye violaciones a la seguridad nacional y la comisión de actos de fraude contra personas o contra el gobierno, como el fraude de préstamos del Programa de Protección de Nóminas o el fraude a Medicaid o Medicare. "Es muy impactante y preocupante ver que esta administración está planeando cómo expandir su uso de maneras nunca antes vistas", declaró a NPR Sameera Hafiz, directora de políticas del Centro de Recursos Legales para la Inmigración, una organización nacional de defensa que ofrece capacitación legal en derecho migratorio. "En cierto modo, se está intentando crear una segunda clase de ciudadanos estadounidenses", donde un grupo de estadounidenses está a salvo y quienes no nacieron en el país aún corren el riesgo de perder la ciudadanía que tanto les costó conseguir, añadió.
Otros expertos en inmigración señalan otra parte de la guía, que otorga a los fiscales estadounidenses mayor discreción para determinar otros casos de desnaturalización elegibles. "Estas categorías no limitan la labor de la División Civil en el seguimiento de cualquier caso en particular", afirma el memorando, y las prioridades para la desnaturalización pueden incluir "cualquier otro caso remitido a la División Civil que la división determine que es lo suficientemente importante como para seguirlo". Steve Lubet, profesor emérito de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, afirmó que el texto parece otorgar al gobierno federal "amplia discreción" para decidir a quién perseguir. "Muchas de las categorías son tan vagas que carecen de sentido. Ni siquiera está claro si se relacionan con la contratación fraudulenta, en contraposición a la conducta posterior a la naturalización", afirmó. Sin embargo, el fiscal general adjunto, Brett A.
Shumate, escribió en el memorando que la revocación de la ciudadanía estadounidense será una de las cinco principales prioridades de la División de Derechos Civiles. "La división dará prioridad y perseguirá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y apoyados por la evidencia", aseguró.
Según The Independent, el último memorando del Departamento de Justicia también se hace eco de la promesa de Stephen Miller de 2023 de que el "proyecto de desnaturalización" de la primera administración se "aceleraría" bajo el segundo mandato de Trump.
Miller, subjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca y un arquitecto clave de la agenda antiinmigratoria del Presidente, ha liderado esfuerzos en todo el gobierno federal para expulsar agresivamente a los inmigrantes del país, indicó el periódico británico. En esa línea se enmarca también la decisión de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Al respecto, Fox News informó que los abogados de la administración republicana le dijeron el martes a un juez federal que podrían comenzar a hacer cumplir la orden ejecutiva del Presidente antes de fines de julio, moviéndose rápidamente para hacer cumplir la controvertida orden solo días después de un fallo histórico de la Corte Suprema.
Los abogados del gobierno informaron a la jueza federal de distrito Deborah Boardman que no ejecutarían la orden ejecutiva de Trump antes del 27 de julio, en cumplimiento de una suspensión de 30 días ordenada por la Corte Suprema en su fallo de la semana pasada. "Por lo tanto, la suspensión de la Corte permite a los demandados comenzar de inmediato a "elaborar y emitir directrices públicas sobre los planes del Ejecutivo para implementar la orden ejecutiva", declaró el martes el abogado del Departamento de Justicia, Brad Rosenberg, en un documento judicial.
El fallo de 6 a 3 del máximo tribunal del viernes pasado se centró estrictamente en la autoridad de los tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional y no ahondó en la legalidad de la orden ejecutiva de Trump, que sirvió como pretexto legal para el caso, indicó la cadena de televisión. O.