Autor: Alejandra Zúñiga Cárdenas
El año más complejo del Poder Judicial: Cuáles fueron los hitos de la crisis que marcó a la Corte Suprema
Aremoción de dos ministros de la Corte Suprema por el Senado, acusados de notable abandono de deberes, fue el punto álgido de una contingencia que, con permanentes nuevas revelaciones, afectó al Poder Judicial a lo largo de este año y que se transformó en una de las crisis más agudas experimentada por el organismo. Con cada nuevo episodio, las dudas sobre cómo se saldría de esa compleja situación, así como el nerviosismo acerca de si se aparecerían nuevos antecedentes, se hacían eco en los pasillos del Palacio de Tribunales.
Así se sucedieron revelaciones de mensajería entre ministros y el abogado Luis Hermosilla o el magistrado José Antonio Poblete solicitando gestiones —para ellos o terceros— en concursos donde interviene el Poder Judicial, desde jueces Entre comisiones de ética y acusaciones constitucionales, principalmente por los chats entre ministros y el abogado Luis Hermosilla solicitándole gestiones en nombramientos judiciales, avanzaron los últimos meses. ¿Cómo partió y se desarrolló esta grave contingencia? ¿ Cuándo se agudizó y no hubo vuelta atrás? ¿ Qué lecciones se sacaron y en qué estado se encuentra hoy la institución? hasta notarios y otras autoridades, como el fiscal nacional. Todas ellas fueron tensionando las relaciones al interior del máximo tribunal y llevaron alos integrantes del Pleno areactivar su Comisión de Ética para indagar los comportamientos de los supremos y resolver alguna eventual sanción.
No obstante, en septiembre pasado una publicación de Ciper reveló los chats entre la ahora ex ministra Ángela Vivanco y Hermosilla, los que abarcaban no solo conversaciones sobre designaciones, sino también la entrega de información de causas y su disposición a acceder a peticiones del abogado. Este episodio escaló la crisis a un nuevo nivel y a mediados de noviembre fueron acusados constitucionalmente, además de la magistrada, sus pares Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus, aunque estos últimos por otros motivos. Los dos primeros resultaron removidos de su cargo, mientras que en el proceso del tercero no se lograron los votos necesarios en la Cámara de Diputados para pasar al Senado.
Un inicio impensado La revelación, en noviembre de 2023 por Ciper, de una grabación de 105 minutos entre el penalista y ex asesor del Ministerio del Interior Luis Hermosilla, la también abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer —todos ellos actualmente en prisión preventiva, el primero formalizado por soborno, lavado de dinero y delitos tributarios, a los que se sumarían próximamente cargos por tráfico de influencias— destapó el aparente soborno de funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SIT) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMP). Ello, ya que en el registro sus protagonistas hablan con libertad de la estrategia a seguir en un caso donde este último organismo indagaba a compañías ligadas al empresario por operaciones irregulares, siendo la propuesta para solucionarlo armar una “caja negra” que permitiera financiar esos pagos.
A partir de ese momento comenzaron a desenfundarse los distintos momentos del llamado caso “Audio”, que remeció tanto al mundo legal, especialmente entre los estudios jurídicos y litigantes, así como al político y de los negocios, centrandolos cuestionamientos principalmente en el aspecto ético de profesionales como Hermosilla, conocido por su labor como penalista, pero, principalmente, por sus amplias redes.
Además, en su declaración ante la fiscalía aseguró: “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”. Fue ese amplísimo mapa de conexiones el que con el correr de los meses, y una vez que la fiscalía comenzó a analizar el contenido de su celular —que se tradujo en 700 mil páginas—, empezó a develarse, conociéndose así un listado inesperado de protagonistas.
En marzo, uno de los primeros en aparecer tras la revisión de ese dispositivo fue el director de la PDI, Sergio Muñoz, quien alos días de conocerse los chat salió de su cargo y luego fue formalizado por el delito de violación de secreto al haberle enviado información reservada a Hermosilla de al menos cinco causas judiciales.
Ese mismo mes también fueron mencionados, por chats que revelarían la influencia del abogado en nombramientos, el ministro de la Suprema Jean Pierre Matus y el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, cuando sus nombres eran susceptibles de ser elegidos para esos cupos y por lo cual le solicitaban al penalista sus gestiones. A estas alturas, la explosión del caso ya había alcanzado al Poder Judicial, aunque en ese momento sus repecusiones estaban aún lejos de poder ser ponderadas con algún grado de certeza.
Comienzan las tensiones entre los ministros Pasaron unos meses antes de que se generara una de las primeras polémicas internas por comunicaciones relativas a designaciones y que comenzó a marcar las distancias en las dinámicas entre los supremos: en junio pasado la ministra María Teresa Letelier le dijo a sus pares que ninguno había sido designado “por obra y gracia del Espíritu Santo”, en respuesta alas críticas recibidas por la aparición de su nombre en gestiones para su candidatura entre el ex juez Poblete —cuyo teléfono se incautó en el caso “Topógrafo”, donde está formalizado por “escuchas maliciosas”, entre otros ilícitos— y el ex ministro de Defensa y actual alcalde de Santiago Mario Desbordes, cuando este último no era funcionario público. Su frase también apuntaba al funcionamiento actual del sistema de nombramientos, en el cual un candidato requiere delos votos delos senadores y, en consecuencia, de “un acuerdo político”, recordó.
Otras conversaciones que se conocieron en junio pasado de la revisión del teléfono de Poblete fueron entre él y dos de sus superiores, el actual ministro de la Corte Suprema Mario Carroza y el ex supremo Lamberto Cisternas —hoy jubilado— por designaciones de notarios en Santiago y Copiapó entre 2020 y 2021. Generaron todo tipo de suspicacias respecto de la susceptibilidad de algunos ministros al tráfico de influencias, ya sea en matena de nombramientos judiciales como de la tramitación de ciertas causas. Marisol Peña U.
Del Desarrollo y durante ese mismo mes se supo de conversaciones, esta vez del celular de Hermosilla, entre la pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a quien ofrecía un doctorado y otra jurisdicción —la zona metropolitana Centro Norte— si cedía en su candidatura a jefe del Ministerio Público. El denominado caso “Whats Apps” ya había surgido como tal y comenzaba a tensionar los vínculos entre los magistrados que tenían mensajes y aquellos que veían cómo se instalaba la polémica al interior del organismo.
Con este contexto a cuestas, a mediados de junio el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, usó sus facultades y reactivó la Comisión de Ética, intancia fuertemente impulsada en esta contingencia por el ministro Sergio Muñoz, quien ese mes comenzaría también a serinvestigado por debido a la denuncia de la inmobiliaria Fundamenta de entregar información privilegiada en la compra de un departamento a su hija y juez de garantía Graciel Muñoz.
El gran remezón del capítulo Vivanco La noción de que se estaba ante una crisis de grandes proporciones ya se había establecido, aunque los ministros no sabían aún que tras estos episodios había otro capítulo que removería aún más la estabilidad del Poder Judicial, tanto de manera interna, en las relaciones entre sus miembros, como externa, con la evaluación que de ellos tiene la ciudadanía.
Ese hecho explotó el 7 de septiembre pasado, cuando Ciper reveló las conversaciones por Whats App entre la ministra del máximo tribunal e integrante de la influyente Tercera Sala Constitucional Ángela Vivanco y el penalista Luis Hermosilla.
Sus mensajes iban desde una solicitud de respaldo para llegar a la Corte Suprema de parte de la magistrada al abogado —quien en ese instante era asesor de Interior en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera— hasta la entrega de información sobre causas de parte de la ex jueza y su disposición a cambiarse de sala si este se lo requería. Aquello quedó de manifiesto en un mensaje de febrero de 2021.
En ese chat, Hermosilla le dice: “¿ Alguna posibilidad que integres la Sala Penal mañana?”, a lo que ella responde “Por supuesto, si la sala me pide, voy”. Aunque el requerimiento no se concretó, le dio las indicaciones sobre cómo debía pedirlo para que fuera efectivo.
También se tuvo conocimiento mediante esos chats de la intromisión de la magistrada en causas en tramitación y en la integración de salas de la Suprema, en acuerdo con Hermosilla; entregar información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al penalista, así como la eventual concertación con Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de la Suprema afines a sus intereses. Lo que era un debate que se restringía principalmente alas críticas al actual sistema de nombramientos, se convirtió en un problema más amplio de faltas a la transparencia y eventual tráfico de influencias.
Dos días después de conocidas estas conversaciones, en septiembre pasado, el Pleno resolvió suspender a Vivanco y abrirle un cuaderno de remoción, considerando que los hechos conocidos “son serios y graves”, comentó el presidente del máximo tribunal en una breve vocería.
La ministra sumaba así una nueva polémica al interior de la Suprema, que había sido precedida por mensajes de su pareja con el fiscal Palma por el último concurso de fiscal nacional, y antes, en junio de 2023, por una polémica entrevista dada a “La Tercera” donde aseguró que “los excedentes que tienen que devolver las isapres son a quienes demandaron”, en una interpretación del fallo que no coincidía con lo resuelto por la Tercera Sala, que ella integraba, y que terminó en ese entonces con su renuncia al cargo de vocera.
Aunque cuando se conoció de estos mensajes la reacción entre los magistrados fue de impacto y molestia, al decidir su supensión y la apertura del cuaderno varios dijeron estar “apenados” por la decisión que debían tomar respecto de una compañera con la que habian compartidos años.
Una destitución antes de la votación en el Senado y una polémica acusación conjunta Fue en este punto donde la crisis no pudo seguir siendo contenida solo dentro de los límites del Palacio de Tribunales POSTURAS Y AFINIDADES ENTRE MINISTROS DURANTE LA CRISIS La actitud de los ministros fue variando con los meses y las distintas revelaciones de mensajería que se iban sumando.
Si en los primeros días de junio la mayoría de los supremos estuvo por no abrir sumarios, o investigaciones disciplinarias, y tampoco reactivar el Comité de Ética, luego las posturas fueron variando e incluso se configuraron bloques —ya sea por posturas similares o cercanías al interior de la corte que se fueron estrechando, por ejemplo, al integrar una misma sala por años—, que quedaron en evidencia en la seguidilla de plenos convocados en ese período por este caso.
Entre quienes hicieron los planteamientos más duros sobre cómo enfrentar la crisis está el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y las ministras Andrea Muñoz y Gloria Ana Chevesich, además de los magistrados Mauricio Silva y Leopoldo Llanos. Todos ellos estuvieron por la apertura de un sumario. Su par Sergio Muñoz, en tanto, impulsó reactivar el Comité de Ética, en lo que fue secundado también por las ministras Chevesich y Muñoz. Después, acabaron sumándose otros de sus pares.
Mientras que entre las posiciones moderadas habrían estado los ministros Soledad Melo, María Cristina Gajardo, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, Manuel Antonio Valderrama, Juan Eduardo Fuentes y Arturo Prado, quienes no impulsaron ni respaldaron abiertamente, en los primeros momentos, la realización de indagatorias disciplinarias o la reactivación del Comité de Ética. y el Congreso se involucró de manera activa.
Así, en septiembre pasado se activaron los anuncios —que se concretaron a fines de ese mes— de que tanto el oficialismo como la oposición preparaban cuatro acusaciones constitucionales simultáneas contra los ministros Vivanco, Matus, Carroza —aunque sobre este último no se presentó ninguna acción— y Muñoz por “notable abandono de deberes” por los mismos motivos por los que ya eran indagados éticamente.
Dada la gravedad de los cargos en su contra, durante este tiempo la magistrada fue la única suspendida de sus funciones, solo respecto de ella el Pleno abrió un proceso de remoción y, en ese marco, además la fiscalía inició una indagatoria penal en su contra, en el marco del caso “Audio”, lo que le significó, entre otras cosas, incautaciones en su casa, en su oficina de la Universidad Católica —donde está suspendida de sus labores como profesora tras conocerse las conversaciones con Hermosilla— y en su despacho en el máximo tribunal.
Y a las pocas semanas, en octubre pasado, el Pleno resolvió por unanimidad la salida de Vivanco del Poder Judicial, tal como ocurrió en 2001 con el ex supremo Luis Correa Bulo, quien también fue removido por sus pares debido a faltas éticas.
En este caso, para los magistrados presentes la ministra “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que, desde luego, priman por sobre su derecho a lainamovilidad, al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho”. Se detectó, agregaron, “un patrón de conducta que se aleja del buen comportamiento exigible para un ministro de la Corte Suprema de Justicia, alintentar conformar redes de influencias, proceder incompatible con el cargo”. Conocedores de las discusiones internas del Pleno aseguraron que los magistrados estaban decididos a resolver el caso de la jueza antes de que lo hiciera el Congreso, lo que fue interpretado como una señal de autoridad del máximo tribunal, en el sentido de demostrar capacidad de resolución interna de estas situaciones. Así, esa decisión llegó casi una semana antes de que se votara en el Senado la acusación constitucional contra la ministra y el juez Muñoz.
Esto, porque uno de los escritos se presentó de manera conjunta entre ambos, lo que fue en más de una ocasión cuestionado por la defensa del ex magistrado y algunos congresistas, quienes estimaban que su votación en un solo acto habría provocado un “efecto arrastre” por la aprobación del libelo recaído sobre Vivanco, por el caso “Audio”. Debate sobre reserva de la indagación ética En el caso de Muñoz, la acusación resuelta en octubre pasado se sustentó en dos aspectos: entregar información privilegiada al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija Graciel y no manifestar su inhabilidad en una causa con interés patrimonial, el que se aprobó por 27 votos, y al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional, capítulo visado por 25 votos.
Ese mismo día los legisladores aprobaron luego, de forma Esta crisis ha sido expresiva de una crítica que ya venía manifestándose desde hace algún tiempo en el Poder Judicial, que tiene que ver (... ), con que hay prácticas al Interior que ponen en juego sus valores fundamentales. Cristián Riego U. Diego Portales unánime, por 47 votos a favor, la acusación respecto de Vivanco.
Como la situación de Muñoz en la Comisión de Ética no fue resuelta antes de que fuera destituido por el Senado, el informe sobre esa indagatoria no alcanz Ó a ser conocido y fue archivado; no obstante, según quienes conocieron parte del debate, este era favorable para el ex juez, ya que en él se habría establecido que no había mérito para ordenar una medida en su contra, por lo que se recomendaba cerrar el caso.
Debido a que el autoacordado que regula estas materias en el máximo tribunal establece no solo la reserva de ese documento, sino que además su destrucción, transcurridos tres meses desde que se haya producido el término del asunto, el ex ministro presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la decisión de sus ex pares, quienes integrando el Pleno le negaron acceso a la información. Y a fines de noviembre pasado el TC acogió a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Muñoz contra la decisión de sus ex compañeros y lo señalado en el acta interna. Así, el tribunal dispuso como medidas cautelares que el documento sea “debidamente conservado y resguardado” y que se suspenda el procedimiento de la acción interpuesta en la Corte de Santiago, mientras se resuelve la controversia.
Aunque existe debate entre los especialistas sobre la pertinencia de esta reserva, hay quienes creen que, entre otras razones, conocer tales antecedentes podría servirle de insumo al ex juez en el caso de que acuda a alguna instancia internacional por su remoción.
En el intertanto, y como parte del proceso por el recurso presentado ante el tribunal de alzada capitalino, el máximo tribunal emitió un informe en el que concluyó que “no existe en el presente caso una vulneración al derecho a no ser juzgado por una comisión especial, puesto que el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Ética no responde a uno de carácter disciplinario”, ya que fue destituido por el Senado.
También detalló una serie de resoluciones en las que Muñoz validó la instancia y recordó que el ex magistrado fue uno de los principales impulsores de que esta figura se reactivara en el marco del caso “Whats Apps”. “Levantaron severas dudas respecto de la forma en que estaba decidiendo los asuntos” “Nadie podría negar que fue un año difícil para el Poder Judicial”, plantea la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD) y ex ministra del TC, Marisol Peña, y sostiene que “a las críticas que despertó en diversos sectores la insistencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema en otorgar efecto general a tres sentencias que ordenaban devolver montos percibidos en exceso por las isapres, y que obligó a tramitar una ley que está resultando de difícil implementación, debe agregarse la destitución de dos ministros de la misma corte en virtud de acusaciones constitucionales deducidas por diversas afectaciones al principio de la independencia judicial”. Uno de esos magistrados, recuerda en referencia a la exministra Vivanco, fue además objeto de un proceso disciplinario que terminó en su remoción decidida por sus pares.
“Estas situaciones levantaron severas dudas respecto de la forma en que estaba decidiendo los asuntos la Tercera Sala, que bien podría estimarse *contra legem, atendido el tenor expreso del artículo 3" del Código Civil; pero, además, generaron todo tipo de suspicacias respecto de la susceptibilidad de algunos ministros al tráfico de influencias, ya sea en materia de nombramientos judiciales como de la tramitación de ciertas causas, en forma lesiva al principio del debido proceso y, especialmente, de la igualdad procesal que este supone”. Para el académico de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, “esta crisis ha sido expresiva de una crítica que ya venía manifestándose desde hace algún tiempo en el Poder Judicial, que tiene que ver con el tráfico de influencias, con eventual corrupción, con el sistema de nombramiento (... ), con que hay prácticas al interior que ponen en juego sus valores fundamentales”. Recuerda que tal cuestionamiento ya se había expresado antes en las fallidas propuestas constitucionales, ya que ambas en estas áreas “planteaban proyectos de reforma más o menos radicales”. Como tales instancias fueron rechazadas Los ex ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz integraban la Tercera Sala Constitucional, y este último incluso la presidió. plebiscitos de salida respectivos, este año “los casos conocidos de algún modo vinieron a ratificar y a poner de manera ejemplar lo que ocurría”. “La situación fundamental es la de Hermosilla, lo que de allí derivó, que fueron la caída de dos jueces de la Corte Suprema; el tema del gobierno del Presidente Piñera y su influencia sobre el Poder Judicial; el asunto del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, que todavía no se termina de resolver; el tema del fiscal Guerra y lo que pasó con el caso Penta (... ). Ellos pusieron en evidencia lo que significaba este sistema de uso de los mecanismos de designación para consolidar redes y darle poder a quienes se encuentran en posiciones de ventaja al interior del sistema judicial”, puntualiza.
“No ha habido una respuesta institucional fuerte todavía” La reacción del sistema frente a estos casos es también evaluada por los especialistas, aunque con diferencias: mientras algunos creen que la Corte Suprema demostró resolución y fue proactiva, otros consideran que tuvo una reacción coyuntural y que le faltó autorreflexión.
Esta última es la postura del profesor UDP, quien estima que “no ha habido una respuesta institucional fuerte todavía, ha sido más bien espasmódica, en base en gran medida al temor, pero hasta ahora ni la Corte Suprema ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo han sido capaces de idear o de plantear alguna respuesta más sistemática”. A su juicio, las medidas adoptadas por el Poder Judicial —como la Comisión de Ética y el cuaderno de remoción— “son respuestas bastante de urgencia y estando contra la espada y la pared producto en buena medida del miedo, ya que esta crisis pudo haber derivado en muchos más ministros cuestionados (... ), fue una respuesta muy coyuntural y luego la cosa paró y parece que nadie tiene muchas ganas de moverla”. “Uno esperaría que después de lo que pasó, se involucrara más a fondo en las temáticas, porque estas son demasiado profundas y cuestionan, desde el punto de vista de los ciudadanos, muy radicalmente a lo que es la corte y cómo está desempeñando sus funciones”, dice y estima que “esa no es una actitud muy positiva desde el punto de vista institucional, porque el cuestionamiento del público respecto del Poder Judicial y sus prácticas sigue allí”. Peña, en la otra vereda, evalúa con buenos ojos lo hecho por la Suprema para enfrentar la crisis y asegura que esta “ha ido saliendo airosa” de las contingencias.
Así, detalla, “no le tembló la mano al decidir que una de los suyos había incurrido en actos que llegaban a comprometer el Estado de Derecho”, y se mostró “respetuosa del funcionamiento de un importante contrapeso institucional que tiende a hacer valer la responsabilidad política de los miembros de los tribunales superiores de justicia a través del mecanismo de la acusación constitucional tramitada por el Congreso”. También destaca que la Tercera Sala “logró conformarse con otros ministros, lo que supuso, mientras los destituidos son reemplazados, no confiar la integración faltante solo alos abogados integrantes.
Podríamos decir que la Corte Suprema mostró su unidad y su propósito inclaudicable de seguir administrando justicia objetiva e imparcial”. En ese sentido, la profesora UDD sostiene que además se logró que el gobierno presentara un proyecto para mejorar el sistema de nombramientos judiciales, “al cual habría que introducir ajustes, pero que es un gran avance que había quedado frustrado desde el fracaso del segundo proceso constituyente”, y, además, la Corte Suprema “también dio a conocer su propio proyecto, por lo que hay bases sobre las cuales avanzar.
Veremos si existe la voluntad política para ello”. Aunque Riego también destaca esta iniciativa, cree que dada la envergadura de la crisis se debiera ir más allá: “Uno esperaría algún tipo de investigación respecto de una crítica al funcionamiento, como las que pueda hacer, por ejemplo, una comisión de la Cámara de Diputados, o que se designara una comisión especial que pudiera entrevistar personas, revisar casos y emitir una evaluación.
Me da la impresión de que seguimos un poco a ciegas respecto de qué tan profundo es el problema, dónde están los nudos críticos”. “Se requeriría algún tipo de capacidad del propio sistema institucional de hacerse una autocrítica más sistemática (... ). Eso sería también importante para el público, ver cómo hay una cierta capacidad de reconocer los problemas”, advierte el especialista.
