Editorial: Belleza natural y desidia del Estado
Editorial: Belleza natural y desidia del Estado La clausura del sendero El Puma, en el Parque Nacional Puyehue, no es un hecho aislado; es el síntoma de una parálisis institucional. hile se enorgullece internacionalmente de su red de áreas silvestres protegidas, un sistema que abarca más del 21% del territorio nacional y que posiciona al país como un referente en conservaC ción. Sin embargo, la realidad que enfrenta el Parque Nacional Puyehue -el cuarto más visitado del paísrevela una grieta profunda en la capacidad de administración y protección de estos patrimonios por parte del Estado.
La clausura del sendero El Puma, en el sector de Anticura, no es un hecho aislado ni una decisión técnica de mantenimiento; es el síntoma de una parálisis institucional frente a la ocupación ilegal y la inseguridad.
Que un sendero de uso público deba cerrarse debido a las amenazas y la agresividad de un ocupante ilegal, cuya situación de salud mental añade una capa de complejidad humana, pero no exime de responsabilidad administrativa, resulta, a todas luces, inadmisible en un recinto bajo tutela estatal.
El conflicto en Puyehue expone la fragilidad de las facultades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Mientras la institución se ve obligada a retroceder y clausurar accesos para proteger la integridad de guardaparques y turistas, los mecanismos judiciales y administrativos demoran años en ofrecer soluciones concretas.
La existencia de una vivienda ilegal construida en 2015, sumada a la destrucción de equipamiento público y amenazas de muerte, ha derivado en causas judiciales que terminan archivadas o en medidas de alejamiento imposibles de fiscalizar en la práctica. Esta inacción no sólo afecta la experiencia del visitante, sino que golpea directamente la estrategia de turismo regional. El caso del sector Anticura y las construcciones irregulares en el camino hacia Antillanca demuestran que los parques nacionales están dejando de ser santuarios intocables para convertirse en terrenos de disputa. La falta de una fuerza pública con atribuciones directas para el desalojo administrativo y la lentitud del Ministerio Público dejan a los administradores de los parques en una posición de vulnerabilidad. La protección de las 112.755 hectáreas del Parque Puyehue requiere más que decretos y designaciones internacionales de la Unesco. Exige un compromiso real de los ministerios de Agricultura y Bienes Nacionales, junto con las delegaciones provinciales, para recuperar la soberanía estatal sobre el territorio.. E Editorial