Editorial: La reconstrucción bajo sospecha
Editorial: La reconstrucción bajo sospecha a magnitud de los antecedentes revelados por la Contraloría Regional de Valparaíso no admite eufemismos. Cinco informes, 504 páginas y miles de millones de pesos cuestionados configuran un cuadro que trasciende la L mera desprolijidad administrativa. Lo que está en juego es la integridad del Estado en uno de los momentos más sensibles: la respuesta a una tragedia que dejó muertos, miles de damnificados y un territorio devastado. Los reportes apuntan a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, a la Dirección Regional de Arquitectura del MOP y a las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.
En el caso de la Delegación -entonces encabezada por la hoy diputada electa Sofía González-se describen pagos sin respaldo, maquinaria inexistente, duplicidad de turnos y sobreprecios que, según la propia Contraloría, podrían implicar un perjuicio fiscal de proporciones.
No se trata de errores menores: hablamos de cientos y hasta miles de millones de pesos en contratos vía trato directo con empresas sin acreditada capacidad técnica ni maquinaria propia, que subcontrataron la totalidad de los servicios. El argumento de la urgencia, si bien comprensible en medio del caos, no exonera del cumplimiento estricto de la legalidad. La contratación directa es una herramienta excepcional; su uso masivo, sin controles robustos ni verificación de prestaciones, erosiona la confianza pública y abre espacio a abusos. La emergencia exige rapidez, pero también trazabilidad, control ex post y estándares mínimos de probidad. Que los antecedentes estén hoy en manos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado marca un punto de inflexión. La investigación penal deberá determinar si las irregularidades configuran delitos y establecer responsabilidades individuales. Pero la dimensión política no puede eludirse. Cuando fallan los controles en cadena, el problema es sistémico. Más allá de la disputa partidaria y de los anuncios de querellas, el centro debiera estar en los damnificados. Cada peso mal asignado o eventualmente sobrepagado es un recurso que no llegó a la reconstrucción, a la salud mental o al apoyo directo de quienes perdieron todo.
La revictimización no es una consigna: es la sensación concreta de abandono cuando el Estado, llamado a reparar, aparece cuestionado por cómo administró la ayuda.. Contraloría reveló irregularidades tras el megaincendio y abren una investigación que tensiona la probidad en la emergencia. E Editorial