A un mes del plazo para desalojo, se duplica toma de San Antonio y suma 5.600 familias
A más de tres meses del fallo dictado por la Corte de Valparaíso que ordena en cuatro meses el desalojo de la toma del cerro La Virgen en San Antonio, surgen cifras que dan cuenta del explosivo crecimiento que este asentamiento ilegal experimentó en el último año, mientras el recurso de protección se tramitaba.
De acuerdo con el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la Región de Valparaíso, Rodrigo Uribe, desde 2022 a la fecha, pasó de tener 2.881 familias a más de 5.600, con un estimado de 15 mil ocupantes. La toma partió en octubre de 2019, al inicio de la revuelta social.
Pese a que se trata de una orden judicial que reprochó la ocupación como "espuria y contraria al Estado de Derecho", el presidente de esa instancia parlamentaria, Tomás Hirsch (Acción Humanista), calificó de "delirante" solo intentar un desalojo de esa magnitud. "Creo que en eso (la necesidad de frenar el desalojo) coincidimos todos y todas en que es imposible siquiera pensar en un desalojo de 15.000 personas.
Francamente, es delirante la idea... Tampoco es aceptable el desalojo de un porcentaje o de un pequeño número, dadas las condiciones en las cuales están las familias", expresó en la última sesión (miércoles pasado). Según los dirigentes del campamento, el 33% de los habitantes son niños y el 27% son extranjeros, muchos indocumentados.
El abogado de los dueños de las 204 hectáreas de terreno, Diego Pereira, deploró las declaraciones de Hirsch, dado que aluden en forma crítica a un poder del Estado, independiente del Legislativo, como es el Judicial. "Me parece una pésima señal, viniendo de un diputado de la República. Más aún en plena discusión sobre el veto dispuesto por el Ejecutivo a la nueva ley de usurpaciones", aseveró.
Venta obligada y el "win-win" de Jackson El profesional precisó que la situación está obligando a su representado a tener que aceptar vender los terrenos al Estado, dado el conflicto social generado y puesto que la usurpación siguió creciendo sin freno mientras el caso estuvo judicializado.
De hecho, hizo una oferta de $38 mil millones por las 204 ha ocupadas, lo que --aseguró-es un 30% bajo el valor comercial e incluso bajo la tasación por hectárea que hizo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en su momento, cuando quería expropiar un tramo para el nuevo acceso al puerto de San Antonio. "El escenario ideal es recuperar los terrenos de la empresa, ejecutar los proyectos que estaban previstos (iniciativas privadas de viviendas sociales). Pero entendemos que, dada la cuantía de personas que habitan, es muy difícil. Nos han orillado a llegar a un acuerdo que, desde el punto de vista de la dificultad, del cumplimiento del fallo, estamos dispuestos a aceptar", dijo Pereira.
Q u e e l E s t a d o c o m p r e t e r r e n o s desvalorizados por su usurpación ilegal para cederlos a sus ocupantes es una fórmula que fue planteada por el entonces ministro Segpres Giorgio Jackson respecto de las ocupaciones de predios agrícolas y forestales en el sur.
El llamado "win-win (todos ganan)", cuando en agosto del año pasado dijo: "Muchas forestales están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, y les conviene". La seremi de Vivienda, Belén Paredes, y el director del Serviu confirmaron que el ministerio abrió una mesa para negociar la compra del terreno. Para ello, se está acelerando la inversión de $161 millones para un catastro definitivo del sector y estudiar las aptitudes legales, topográficas y de seguridad del terreno para urbanizarlo. Los resultados estarían recién en noviembre, mes en que --según cálculos del recurrente-se cumpliría el día 12 el plazo dado por el fallo para que los ocupantes lo abandonen en forma voluntaria. Tras ello, habría un mes más para --de no fructificar la negociación-hacerse por partes.
En la misma sesión de la comisión de Vivienda, los dirigentes de la toma advirtieron que, en tal escenario, resistirán la acción de Carabineros. "No queremos tener que enfrentarnos con la fuerza pública en un desalojo forzoso, porque si ese fuera el caso, defenderemos con la vida si es necesario nuestros hogares", expuso la presidenta del comité Agua Salada, uno de los nueve en que está dividida la toma. Debido a la dificultad para empadronar, el recurso de protección fue dirigido solo en contra de Katherine Sanhueza, dirigenta del comité Centinela. Su abogado, Rubén Levipán, cuestionó el plazo del 12 de noviembre, señalando que la Corte dictó una resolución en la que --por problemas de notificación-abrió plazo para impugnar el fallo.
En tanto, otro dirigente de la toma de San Antonio, Juan Santibáñez, pidió en la última sesión de la comisión de Vivienda el apoyo de los diputados para "frenar el desalojo". Hasta el 12 de noviembre sería la fecha dada por la sentencia para que los usurpadores hagan abandono voluntario: A un mes del plazo para desalojo, se duplica toma de San Antonio y suma 5.600 familias MAURICIO SILVA "Es imposible siquiera pensar en desalojar a 15 mil personas. Es delirante la idea", dijo, sobre la orden judicial, el presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Tomás Hirsch.
CRECIMIENTO. -Mientras la Corte analizaba los derechos conculcados, la toma crecía en forma explosiva y, en un año, se duplicó el número de personas asentadas en el terreno hasta llegar a una cifra estimada en 15 mil habitantes. JONATHAN MANCILLA SERÍAN 7 MIL Es la cifra de familias estimada por la ONG italiana que afirma que el desalojo contraviene pactos de DD.HH. A un mes del plazo para desalojo, se duplica toma de San Antonio y suma 5.600 familias.