Editorial: Una reconstrucción fallida
Editorial: Una reconstrucción fallida a Contraloría Regional de Valparaíso ha formulado una serie de observaciones a la gestión de los recursos públicos utilizados durante la emergencia causada por el L megaincendio en las ciudades de Quilpué y Viña del Mar en 2024. De acuerdo con el organismo, se detectaron pagos no acreditados, gastos improcedentes y, en general, "graves deficiencias" en el control de los fondos estatales.
La investigación abarcó a los municipios de Viña y Quilpué, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura (MOP). En el caso de la Delegación Presidencial, se constataron pagos no fundados y problemas contractuales en adquisiciones por más de $586 millones, posibles sobreprecios y un uso injustificado del trato directo; respecto del municipio viñamarino, la Contraloría identificó "irregularidades" en el manejo de ingresos, las compras públicas, la rendición de cuentas y la "trazabilidad" de los beneficios.
A juicio de la alcaldesa Macarena Ripamonti, es "indispensable contextualizar" la situación que se produjo en la comuna, caracterizada por la urgencia de responder a las necesidades de los damnificados; en este sentido, dijo que era "insostenible" exigir un sistema registral perfecto y aseguró que en el municipio hay una "trazabilidad impecable" de las ayudas entregadas. Según la Contraloría, la Dirección Regional de Arquitectura hizo pagos indebidos por $ 434 millones en demoliciones e incurrió en fallas contractuales. Uno de los informes señaló que en el sector de El Olivar se registraron pagos no acreditados, sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de obras por un monto de $ 782 millones.
En las últimas horas, la prensa ha informado de diversas inconsistencias acerca de las capacidades técnicas y la propiedad de una de las empresas que se adjudicó contratos con la Delegación Presidencial por más de $ 6 mil millones.
Las fiscalizaciones de la Contraloría si bien refieren principalmente al período crítico de la emergencia, ensombrecen aún más el complejo proceso de reconstrucción en Viña del Mar-Quilpué, el que ha estado marcado por las críticas trasversales a la gestión y la dilación de la respuesta del Gobierno; un reproche que ha comenzado a repetirse en el contexto de los recientes incendios en Biobío y Ñuble. Si bien el año pasado la autoridad reconoció su disconformidad con el ritmo de la recuperación y anunció mejorías, no es evidente que las cosas hayan cambiado de manera sustancial.
Las dificultades que ha enfrentado la reconstrucción son representativas de un Estado lento de reflejos, burocratizado y centralizado, y con evidentes problemas de coordinación entre los distintos agentes responsables de que los procedimientos y decisiones fluyan.
Desde luego las condiciones estructurales del funcionamiento estatal no absuelven a la actual administración por su carencia de habilidades y de sentido de urgencia (como el que acompañó la reconstrucción tras el terremoto y tsunami de 2010) al momento de cumplir las promesas de rápida recuperación que hizo dos años atrás.
Esta falta de gestión y de responsabilidad resulta particularmente decepcionante en un Gobierno que se propuso fortalecer la función del Estado. "Las dificultades que ha enfrentado la reconstrucción son representativas de un Estado lento de reflejos, burocratizado y centralizado".. "Las dificultades que ha enfrentado la reconstrucción son representativas de un Estado lento de reflejos, burocratizado y centralizado".