Autor: JEAN PALOU EGOAGUIRRE

México vota en inédita elección judicial entre alertas por politización y crimen organizado
México vota en inédita elección judicial entre alertas por politización y crimen organizado Morena, entonces sí nos preocupa que el Poder Judicial sea cooptado por intereses partidistas”. México se prepara para un experimento único en su tipo.
Este 1 de junio celebrará unas inéditas elecciones judiciales, un proyecto emblemático del expresidente Andrés Manuel López Obrador y defendido por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, que busca elegir por voto popular a la totalidad de los jueces y magistrados.
Se trata de una controvertida iniciativa que elimina los criterios de selección por mérito y carrera, ha puesto a los aspirantes a hacer campaña en las calles y en las redes sociales, mientras que expertos alertan que amenaza con politizar y golpear la independencia del Poder Judicial y le abre una puerta a la injerencia del crimen organizado en los tribunales.
“Somos el país más democrático del mundo, porque en ningún otro país se elige a los tres poderes”, ha dicho Sheinbaum, rechazando los cuestionamientos y confiando en la “sabiduría del pueblo” para elegir a sus jueces.
Las cifras de la elección en la que se definirá la mitad de los cargos, el resto se votará en 2027 reflejan la magnitud y la complejidad del proceso: se registraron 3.422 candidatos para 881 puestos de jueces y magistrados a nivel federal, incluyendo los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, mientras que en 19 estados se votarán además 1.800 cargos judiciales.
La logística es engorrosa y obligará a ocupar seis boletas por cada elector (hasta 12 en los estados donde se eligen a las autoridades locales), lo que requerirá la impresión de más de 600 millones de papeletas y prolongará en hasta dos semanas la publicación de los resultados. Los mayores problemas, sin embargo, son de fondo.
“Se tiran a la basura 30 años de experiencia” Luis Pereda, miembro del consejo directivo de la Barra Mexicana de Abogados, explica que la reforma y estas elecciones “tiran a la basura todo lo que se había construido en 30 años de experiencia, de aciertos y errores, de procesos lentos de mejora” en la carrera de la judicatura. “Hay muchos problemas.
El primer gran pilar de ellos es el voto popular de los jueces, pero sin financiamiento público de sus campañas, por lo que los candidatos tienen que poner de su dinero para que la gente los conozca. Y el segundo es el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que debe revisar las sentencias del resto del Poder Judicial.
El peligro es que los jueces no pretendan dictar sentencias independientes o apegadas a derecho, sino que por miedo y por conservar su trabajo fallen dentro de lo que el gobierno considera adecuado () Este nuevo tribunal funcionará, en los hechos, como una espada de Damocles, y con eso es suficiente para que desaparezca la independencia judicial”, señala Pereda, quien formó parte del comité de cinco miembros del Poder Judicial que visaría las candidaturas los otros dos eran del Ejecutivo y el Legislativo, pero que renunció en bloque por la “falta de condiciones”. Según Pereda, las elecciones son un “capricho” de López Obrador que busca “controlar” el Poder Judicial.
“Sabíamos que era cuesta arriba, pero ya que se aprobó la reforma, de lo perdido lo hallado; o sea, establecimos en el Comité de Evaluación una serie de procesos para escoger los mejores perfiles, para intentar que llegue lo menos malo y conservar algo de la competencia, independencia y profesionalismo”, dice el abogado, que detalla que además de los requisitos formales ser mexicano, una nota académica mínima, quisieron implementar una evaluación técnica y entrevistas para los aspirantes a los jueces, pero no se pudo. “Hubo una obstaculización sistemática del poder político al comité, haciéndolo inviable.
Lo único que quedaba era renunciar”. Tómbola y “narcocandidatos” Finalmente, los comités del Legislativo y el Ejecutivo continuaron con el filtro de los candidatos, para lo cual no hicieron una revisión exhaustiva de antecedentes, sino que un mecanismo mucho más aleatorio: una tómbola.
El resultado es que entre los aspirantes a jueces hay varios nombres vinculados a narcotraficantes, como una abogada que fue parte del equipo legal de Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, y otro que defendió a Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, cabecilla del cartel de Los Zetas. La organización Defensorxs ha documentado hasta 13 casos de “candidaturas altamente riesgosas” por su relación con el crimen organizado o por estar vinculados con delitos graves como abuso de menores o la desaparición de personas. “El hecho de que un juez sea electo por voto popular lo pone en riesgo de comprometerse en otros intereses diferentes a la justicia”, advierte Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. “Puede ser el crimen organizado o que sean cooptados por intereses económicos, por empresas que buscan colocar a jueces que les favorezcan.
Y una gran preocupación es tener jueces que podrían estar influidos por intereses de partidos; en particular nos interesa observar el impacto que tiene el hecho de que la mayoría de los ejecutivos, a nivel nacional y estatal, son del oficialista Morena, y ahora puedan impulsar jueces de su línea”, dice. “Un juez del partido pues muy seguramente va a fallar a favor del gobierno”. La campaña ha reflejado este temor.
Camacho cuenta que si bien muchos aspirantes ya son miembros del Poder Judicial, “se ve a candidatos prometiendo cosas que no hacen los jueces, o diciendo que son de Morena, o que utilizan los mismos colores de ESSERPECNARF Campaña de TikTok El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió la participación de partidos políticos en los 60 días de la campaña, así como la realización de mítines o la contratación de propaganda. Los candidatos a jueces no pueden recibir financiamiento público o privado para proselitismo, y solo tienen permitido gastar fondos propios hasta cierto tope. Sí se les permite dar entrevistas y participar en debates, pagar volantes impresos, así como promocionarse en redes sociales, donde han necesitado ingenio para destacar en TikTok o Instagram. “Están los que hacen su candidatura desde el poder político, que salen todos los días en eventos y tienen a alguien que maneja sus redes sociales.
Luego hay un candidato que trata de conservar su empleo, ese juez o jueza que le dieron una patada en el trasero y cuya posibilidad de recuperar su empleo es ganar la elección; le están echando todas las ganas, haciendo videos solos o saliendo a la calle a volantear. Y hay otro candidato que tiene más vocación de cirquero o tiktokero, de influencer”, describe Pereda. “Y a río revuelto, ganancia de pescadores. No falta el criminal y el empresario que diga es el momento de hacerme de mi juez”. En este contexto, se hace muy difícil un voto informado. “El INE abrió la plataforma Conóceles para ver el perfil de los candidatos. Pero por el número de cargos y candidatos, un ciudadano muy comprometido con saber por quién votar tendría que dedicar entre 15 y 18 horas para conocer a todos los aspirantes. Para el ciudadano común, es imposible”, dice Camacho, al comentar proyecciones que apuntan a una participación de apenas entre 8 y 15% del padrón.
“Nos vendieron que el pueblo quiso votar por sus jueces, pero lo que percibimos es que la gente no está pensando que fuera buena idea votar por todos los cargos judiciales”. Este 1 de junio elegirá por primera vez por voto popular a 881 jueces federales y otros 1.800 cargos estatales:. Expertos advierten que la reforma más controvertida del expresidente López Obrador pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Este 1 de junio elegirá por primera vez por voto popular a 881 jueces federales y otros 1.800 cargos estatales: celebraron la aprobación de la reforma, criticada porque hace a la administración de la justicia vulnerable a intereses particulares.