Autor: CLEMENTE PÉREZ
Cartas: Los consejeros
Cartas: Los consejeros Señor Director: Mario Waissbluth, secundado por Ives Besançon, han puesto el dedo en la llaga: “Chile está fuertemente trabado por la así llamada permisología y que, dentro de esta maraña, el Consejo de Monumentos Nacionales representa una traba de gran envergadura”. Esto se explicaría en parte porque sus consejeros tienen un sesgo de “patrimonialismo acrítico”, pues entre ellos no hay representantes “del sector privado, ni del Ministerio de Economía, ni de facultades de Ingeniería o Economía... en suma, nadie que tenga en su mira el desarrollo de la inversión en el país y que pueda contrarrestar algunas decisiones tan absurdas como las que vemos a menudo en los medios”. Compartiendo el diagnóstico, y también dando por descontada la calidad profesional de los consejeros, el tema es otro: la integración del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es única en nuestra institucionalidad y se aleja de lo que caracteriza un Estado democrático de Derecho, donde los consejeros tienen como fuente de legitimidad última, la legitimidad democrática de quienes los eligen.
En efecto, el CMN tiene en su seno la participación de diversos gremios, muy respetables por cierto, como el Colegio de Arquitectos o el de Arqueólogos, pero que no tienen por qué tener participación directa en decisiones políticas. Aparte de posibles conflictos de interés, eso es propio de la Italia de Mussolini o de la España de Primo de Rivera yFranco (el llamado corporativismo), no de un régimen democrático. Me parece que no existe en Chile otro organismo público con una representación directa de los gremios en la toma de decisiones vinculantes. Muchos participan en consejos consultivos y son un aporte, pero no participan en la toma de decisiones gubernamentales.
Más aún, algunos consejeros provienen de organismos (también muy respetables), como el Instituto de Conmemoración Histórica, la Sociedad de Escritores de Chile o el Instituto de Historia de la Arquitectura, de escasa representatividad y que no tienen “accountability”, es decir, que rendir cuenta de sus actos ante la comunidad nacional. Lo razonable sería que el Presidente de la República seleccione a los consejeros en algún esquema con participación del Senado y luego de una preselección del Consejo de Alta Dirección Pública.
También sería razonable descomprimir las decisiones de Consejo, dejando solo las más importantes para este órgano colegiado que sesiona únicamente dos veces al mes, y radicando las decisiones más rutinarias en su secretario técnico, junto con autorizar delegación de funciones en instancias regionales. Sin cambios de este tipo, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que impulsa el ministro de Economía quedará en las puras buenas intenciones..