Autor: Carla Huerta Abogada Tributaria
Sin asignar
Sin asignar nuevos componentes a la pensión autofinanciada, como ajustes por años cotizados o compensaciones por expectativa de vida, aumenta la base sobre la cual se calcula el complemento estatal. Dado que la PGU es decreciente según nivel de ingresos, este incremento puede traducirse en una menor transferencia final. Este efecto era previsible desde el diseño y debió ser anticipado y comunicado con mayor claridad. Como política pública, la lección es evidente: reformas complejas requieren evaluaciones ex ante más rigurosas y una estrategia de información transparente y pedagógica. No basta con mejorar parámetros; es indispensable resguardar coherencia distributiva y legitimidad social, evitando que ajustes técnicos terminen debilitando la confianza en el sistema previsional. Dr. Pablo Müller-Ferrés Director Mag. Desarrollo Eco, Social Cuando pagar impuestos no es el problema Señor Director: Una de las mayores falencias del sistema tributario chileno no es su nivel de carga, sino su complejidad. Para muchos contribuyentes, cumplir se vuelve difícil no por falta de voluntad, sino por falta de comprensión. Formularios, regímenes, declaraciones juradas, rectificaciones, fiscalizaciones electrónicas: el lenguaje técnico domina un sistema que impacta directamente en la vida cotidiana de personas y empresas. En ese contexto, errores simples se transforman en problemas estructurales. Lo preocupante es que el desconocimiento no distingue tamaño. Pequeños emprendedores, profesionales independientes y empresas medianas cometen errores similares, muchas veces confiando en soluciones parciales o en asesorías que solo miran el corto plazo. Un sistema complejo exige educación tributaria real y acompañamiento profesional permanente. No basta con declarar; hay que entender qué se está declarando y por qué. Pagar impuestos sin entenderlos es cumplir a medias. Y en materia tributaria, cumplir a medias suele salir caro.
Equilibrio y transparencia Señor Director: Constituye un hito relevante para el sector del retail el reciente fallo de la Corte Suprema, que ratifica lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de cláusulas y condiciones que regulan la relación contractual entre centros comerciales y retailers. La sentencia refuerza principios esenciales en materia de libre competencia, como el manejo de información comercial sensible. Ahora, los operadores solo podrán requerir de los locatarios aquella información que sea estrictamente necesaria para determinar la renta variable, bajo deberes reforzados de confidencialidad y la prohibición de cederla a terceros. El fallo tambien fortalece la exigencia de criterios claros en materias como gastos comunes, fondos de promoción y otros cobros, estableciendo mayores estándares de rendición y transparencia. Asimismo, prohíbe cláusulas que permitan poner término a dos o más contratos en caso de incumplimiento de uno de ellos. Especial relevancia tiene, además, la creación de una instancia formal para la solución de controversias entre operadores y locatarios, destinada a canalizar diferencias dentro de un marco verificable. Estas medidas generarán una base institucional sólida para la convivencia colaborativa entre los actores. El desafío actual es la implementación rigurosa de estos estándares, como una oportunidad para fortalecer la confianza en el sector y priorizar el beneficio de los consumidores. Cristian Saieh Mena Vicepresidente Ejec. Asoc. G. del Retail Autor: Carla Huerta Abogada Tributaria.
