Columnas de Opinión: Cómo abordar los delitos de robo en nuestra región
Columnas de Opinión: Cómo abordar los delitos de robo en nuestra región Hernán Libedinsky Moscovich Fiscal Regional de Aysén Los delitos de robo y, especialmente, aquellos en que se hace uso de la violencia, generan una amplia preocupación en la comunidad. Más allá de las pérdidas materiales que pueden provocar, quizás lo más relevante es la sensación de inseguridad y la angustia que traen como consecuencia.
Frente a este tipo de delitos, ¿ qué recomendaciones generales es posible realizar, a fin de que la Región de Aysén siga siendo la zona más segura del país en materia de delitos violentos? Un primer aspecto relevante a considerar es la forma sobre cómo se debe actuar y reaccionar ante un asalto, aspecto donde priorizar la vida y la integridad física por sobre los bienes materiales es el camino razonable y adecuado. En segundo lugar, la importancia de denunciar oportunamente es clave en estos ilícitos porque es el primer paso para que el Estado pueda actuar frente a un hecho delictivo. Sin denuncia, la mayoría de los delitos no se investigan, no se sancionan y, por tanto, pueden volver a repetirse. Las denuncias oportunas se traducen en más posibilidades de recolectar pruebas y lograr una investigación exitosa que se traduzca en condena. Comunicar la existencia de un delito a las policías o a la Fiscalía, nos permite adoptar medidas para resguardar a víctimas y testigos en casos de riesgo. La denuncia no solo ayuda a la víctima; también fortalece la capacidad del Ministerio Público para cumplir su labor de perseguir el delito y proteger a las personas. La denuncia oportuna también nos ayuda a identificar patrones, modos de operar y redes delictuales. Por lo mismo, podemos tomar decisiones basadas en la evidencia, asignar mejor nuestros recursos y priorizar investigaciones. También permite orientar y focalizar los recursos policiales, por ejemplo, a través de patrullajes en lo que son labores preventivas. Otra recomendación frente a los diversos delitos de robo es la relevancia de las cámaras de seguridad en casas, sectores poblacionales y comercio. Contar con estos elementos tecnológicos permite detectar situaciones sospechosas o emergencias en tiempo real, agilizando la colaboración entre vecinos y autoridades ante hechos delictivos. En la práctica, son una de las fuentes de prueba más valiosas en una investigación penal. Las cámaras aumentan la percepción de seguridad y fortalecen la organización de cada barrio. Ya sean particulares o comunitarias, instaladas por juntas de vecinos, municipios u otros, cumplen un rol elemental en la prevención y persecución de los delitos. Al tener evidencia objetiva, con imágenes del hecho, del lugar, de los vehículos o personas involucradas, es posible identificar autores y reconstruir secuencias de tiempo con precisión. También permiten a las policías corroborar o descartar versiones de víctimas, testigos o imputados. Aunque parezca obvio, se necesita que las cámaras realmente graben, tengan una resolución que facilite distinguir personas y posean una adecuada iluminación interior y exterior. Cuando el registro está disponible rápidamente, se puede actuar con mayor eficacia en las primeras horas de un delito, las cuales -muchas vecesson decisivas por el eventual esclarecimiento de los hechos. Este tipo de registros audiovisuales suelen ser contundentes ante los tribunales de Justicia. Por otro lado, la coordinación interinstitucional con Carabineros y la Policía de Investigaciones fortalece el análisis criminal y la revisión de patrones criminales comunes. Asimismo, el diálogo permanente entre Fiscalía, agrupaciones sociales, policías, comercio organizado y autoridades regionales posibilita que abordemos materias de interés conjunto. En este sentido, estamos trabajando en capacitaciones para las y los integrantes de la Cámara de Comercio de Coyhaique, Juntas de Vecinos y líderes sociales, entre otros.
Otro tema referido a los delitos violentos en general es la discusión en torno a un eventual aumento de penas, acompañado de mecanismos que incrementen la probabilidad de detección y sanción de los imputados, todo lo cual podría tener un potencial disuasivo mayor para ciertos perfiles delictuales, quienes finalmente podrían evaluar el costo-beneficio de delinquir. Sin embargo, esta es una decisión de política criminal que tiene que ser debatida y resuelta a nivel legislativo. En todo caso, la evidencia empírica demuestra que la disuasión se maximiza cuando converge la certeza en la aplicación de una sanción y la severidad de la misma, al menos para una determinada tipología delictual.
A la Fiscalía y a los Tribunales de Justicia nos corresponde actuar y aplicar la ley en base al marco legal actualmente establecido, procurando la mejor respuesta al conflicto penal que sea posible y donde el apoyo de la propia ciudadanía será siempre muy necesario.. Opinión