Autor: POR S. VALDENEGRO Y C. RIVAS

Ingresa reajuste del sector público: costará US$ 1.700 millones este año y Gobierno rechaza separar proyecto
Ingresa reajuste del sector público: costará US$ 1.700 millones este año y Gobierno rechaza separar proyecto A tres semanas del acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios públicos, este martes ingresó al Congreso el proyecto de reajuste salarial, texto que ha estado en el centro de la discusión por lo que la oposición considera un "amarre" al establecer condiciones para la no renovación de trabajadores a contrata ad portas del cambio de Gobierno del próximo 11 de marzo.
En el texto, de 167 páginas, el Ejecutivo entregó detalles del acuerdo alcanzado con la Mesa del Sector Público y que implica un reajuste de remuneraciones de 3,4% nominal, dividido en dos momentos: 2% a contar del 1 de diciembre y 1,4% a partir del 1 de junio de este año. El texto en su conjunto -reajuste más normas misceláneasimplica un costo fiscal de US$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones el próximo, así como US$ 1.267 millones en régimen.
Esto es inferior a los US$ 2.241 millones que costó el reajuste anterior, es el menos costoso desde 2020 y un 10% más bajo que el promedio de la última década, acorde al Ministerio de Hacienda.
Según una presentación realizada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la comisión del ramo de la Cámara, el monto del reajuste de remuneraciones y subvenciones será de US$ 881 millones este año, Artículos polémicos Asimismo, el Gobierno oficializó los artículos que generaron controversia con la oposición y el Gobierno entrante, al establecer normas especiales para aplicar la no renovación de trabajadores bajo régimen de contratas o su renovación en condiciones distintas.
En específico, se plantea que la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios "objetivos y suficientemente acreditados". También, se mandata a que los asesores de gabinete deberán presentar su renuncia a más tardar durante febrero y hacerse efectiva a partir del 11 de marzo.
La iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su el más bajo desde 2018. personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales estén afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata antes del 11 de marzo de 2022.
Los otros cambios La propuesta también incorpora una serie de medidas misceláneas, como postergar el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, lo que también vale para el reavalúo agrícola -que se realizaría en 2028, en lugar del 2027 -; además de establecer un plazo especial para solicitar la rebaja del impuesto territorial sobre predios ocupados; y ampliar el giro de Correos de Chile al rubro de la logística y de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al hidrógeno verde.
Adicionalmente, se incorporan excepciones a la norma que establece Ejecutivo se niega a dividir el proyecto La iniciativa, ingresada con suma urgencia, podría cambiar de calificación a discusión inmediata, ante una solicitud del oficialismo al ministro Grau, debido a la importancia de avanzar rápidamente en la aprobación del reajuste fiscal.
La oposición presionó desde el inicio de la sesión para que el Ejecutivo acceda a dividir el proyecto bajo ese mismo argumento, puesto que entre las normas misceláneas hay muchas que consideran necesario analizar con más calma.
Sin embargo, primero los propios diputados oficialistas y luego Grau, cerraron la puerta a esta posibilidad, invitando a las fuerzas opositoras a buscar acuerdos o votar derechamente en contra de aquellas normas que no compartan con el Ejecutivo.
El titular de Hacienda también fue franco en sus razones, explicando que no tiene sentido la división de la propuesta, porque "esta administración no tendría tiempo para tramitar la segunda parte". el retiro de funcionarios estatales de 75 años o más.
También se crean seis nuevos cargos directivos de planta en el Instituto de Previsión Social (IPS), además de 14 nuevas plantas directivas en oficinas regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble.
Sin embargo, el proyecto no incorpora otros cambios que le expuso Hacienda a asesores de parlamentarios la semana pasada, como el traspaso de 71 funcionarios a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la subsecretaría del ramo; la creación de cargos de planta en la Dirección de Obras Hidráulicas; y permitir destinar al exterior a personal de contrata de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Entre las medidas misceláneas, el Ejecutivo propone postergar el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y el reavalúo agrícola hasta 2028. Autor: POR S. VALDENEGRO Y C. RIVAS. La iniciativa plantea un reajuste nominal de 3,4% para los funcionarios estatales e incluye medidas misceláneas y normas de "amarre" criticadas por la oposición. Entre las medidas misceláneas, el Ejecutivo propone postergar el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y el reavalúo agrícola hasta 2028. Los ministros del Trabajo y Hacienda presentaron el proyecto en el Congreso.