Autor: Felipe O'Ryan

"Es peor de lo que esperábamos": Ley de Reajuste tendría hasta US$1.000 millones sin financiamiento
"Es peor de lo que esperábamos": Ley de Reajuste tendría hasta US$1.000 millones sin financiamiento E sta mañana, finalmente, el Gobierno ingresó su polémica Ley de Reajuste del sector público. Diputados y economistas la analizaban en las primeras horas del día, pero la opinión en la oposición ya era fuertemente negativa. "Es peor de lo que esperábamos", dijo un diputado de oposición.
Y es que una de las cosas que más sorprendió y causó indignación en la oposición es el volumen del proyecto: tiene 124 artículos, que incluyen una serie de medidas no relacionadas con las remuneraciones del sector público.
El artículo 113, por ejemplo, modifica el objetivo social de Enap para "habilitarla expresamente a participar, directa o indirectamente, en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, combustibles renovables, sintéticos y otros". Mientras que el artículo 106 hace lo propio con Correos de Chile, para incluir "el desarroIlo de servicios de naturaleza logística". Las medidas requerirían una discusión larga en su mérito y un análisis de los alcances de estas propuestas, además de ser iniciativas que requieren quórum calificado, pero el Ejecutivo decidió incluirlas en el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público. Otros artículos también parecen no tener mucho que ver con el espíritu de la ley.
Por ejemplo, se busca otorgar a la Subsecretaría de Derechos Humanos "facultades para realizar investigaciones administrativas respecto de adopciones forzadas"; la creación de juzgados de policía local en Calama; que ahora el presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad pase a ganar $3,1 millones al mes (antes era ad honorem); o la creación de nuevos cargos en el sector público, como 14 plazas para jefes de departamentos en el Ministerio de Vivienda y los Serviu de Arica, Los Ríos y Ñuble.
También vienen incluidas las ya conocidas medidas, también polémicas, como el "amarre", que genera altos requisitos para el despido de los funcionarios a contrata y que fija en dos años el principio de "confianza legítima", que considera a un trabajador a contrata como permanente. También se incluye el informe financiero, que por primera vez da detalles de los costos del proyecto de ley, que algunos expertos ya dicen que está desfinanciado.
Este generaría un mayor gasto fiscal por $1.597.776 millones en 2026. "No se puede aprobar una Ley de Reajuste sin tener claridad de su fuente de financiamiento, y acá faltan US$800 millones respecto a lo identificado en la Ley de Presupuesto", señala el académico de la U.
Andes, Matías Acevedo. "El Gobierno deberá explicar de dónde sacará los recursos para dar curso al trámite de esta iniciativa, que cuenta con US$1.000 millones sin financiamiento en la Ley de Presupuestos", calculaba, por su parte, el decano de Economía, Negocios y Gobierno USS, Alejandro Weber.
Frente a todo esto, diputados de oposición, que al mediodía de hoy seguían leyendo el proyecto, estaban evaluando pedir votaciones separadas por artículos, para ir rechazando cosas como el "amarre" y discutiendo otras que, aunque misceláneas y alejadas de la naturaleza de la Ley de Reajuste, son vistas como positivas. Autor: Felipe O'Ryan.