Autor: E. CANDIA Y L. CRUZAT

Víctimas y abogados cuestionan limitaciones de plataforma de fiscalía para enviar evidencias sobre casos
Víctimas y abogados cuestionan limitaciones de plataforma de fiscalía para enviar evidencias sobre casos A Tomás Rivera y su hermano les robaron sus motocicletas, hace tres semanas, desde el edificio donde viven. Denunciaron el delito y reunieron videos de cámaras del estacionamiento y de otras públicas, proporcionadas por la Municipalidad de Las Condes. Así lo relata el primero de ellos en una carta al director de “El Mercurio”, publicada esta semana. Los investigadores de la fiscalía les pidieron aportar antecedentes adicionales en un plazo de 10 días hábiles.
Sin embargo, dice Rivera, se encontró “con una insólita limitación técnica: la plataforma web del Ministerio Público permite subir archivos únicamente hasta un máximo de 5 MB, obligando a reducir drásticamente la calidad de los videos o fraccionarlos en segmentos extremadamente cortos.
Para contextualizar un video de iPhone de 4 segundos tiene un tamaño aproximado de 25 MB”. Distintos abogados que se dedican al litigio aunque algunos también se desempeñan en la academia confirman la “insólita” situación que describe el ingeniero en software en su misiva. Esa es una limitación del sistema de gestión de causas. Por ejemplo, Alejandro Espinoza, presidente de Amparo y Justicia, menciona que “efectivamente el INDAGATORIA.
La fiscalía busca establecer si hubo irregularidades en la implementación del proyecto informático Red de Gestión Penal (RGP), iniciativa que reemplazaría al actual Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), dado que la plataforma que se compró no sirve para la labor qu sistema por ingreso admite un tamaño máximo de 5 megas”. También observa que, a su juicio, “el sistema está obsoleto y tiene varios años sin actualizar la plataforma básica”. n Alta resolución es “clave para identificar rostros” “Un video de alta resolución es clave para identificar rostros, matrículas y otros detalles fundamentales en una investigación”, plantea Rivera, al tiempo que se pregunta: “¿ Cuánto invierte la fiscalía en esta obsoleta plataforma digital? ¿ Por qué las víctimas, ya afectadas por un delito, deben enfrentar además obstáculos innecesarios en la búsqueda de justicia?”. Para el exfiscal Carlos Gajardo, hoy dedicado al ejercicio privado, “el sistema puede ralentizar la entrega de información útil a la fiscalía para la resolución de delitos y, por lo tanto, burocratiza el sistema”. Agrega que “si se compara la operatividad con la página del Poder Judicial, la del Poder Judicial es de mucho mejor calidad”. Por su lado, Espinoza advierte que esta situación “desincentiva las denuncias, pues se trata de un sistema poco amigable y que requiere bastante identificado en 2023 por la fallida implementación de la Red de Gestión Penal.
Fueron varios miles de millones de pesos invertidos, aunque el resultado acabó siendo muy deficiente, al punto que el hoy jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, denunció el hecho, dado que el gasto se realizó durante la administración anterior del organismo de persecución penal.
“El Ministerio Público debería tener un mejor sistema informático y ello es en gran parte responsabilidad de la gestión de Jorge Abbott (ex fiscal nacional) durante la que se gastaron $7 mil millones para una nueva red informática de Gestión Penal que terminó en un fracaso y con una investigación penal por presunto fraude”, advierte Gajardo. Una opinión similar tiene Riego. “El sistema informático del Ministerio Público funciona mal y se ha gastado mucho dinero de manera ineficiente.
Hay una investigación abierta sobre esto que ocurrió en el mandato anterior (de la fiscalía)”. esfuerzo y tiempo para poder familiarizarse con él”. n Víctimas pueden acceder a entregar antecedentes por otros métodos Para Catherine Lathrop, abogada penalista, esta situación “presenta una mayor complejidad desde el momento en que la tramitación completa de la fiscalía se ha digitalizado y los fiscales trabajan con carpetas digitales, lo que hace que muchas veces esta información haya que acompañarla materialmente”. Sin embargo, recalca que “ello, bajo ninguna perspectiva puede enfocarse desde una sensación de falta de acceso a la justicia”. Esto, porque existen “funcionarios que atienden público de lunes a viernes, plantearlo desde esa perspectiva me parece un error”. Además, agrega que “si la víctima ya tiene acceso a un sistema conocido como el SIAU (Sistema de Información y Atención a Usuarios) puede optar por otra casilla, como una solicitud con el fiscal y el entrevistarse con el fiscal y entregarle esta información materialmente, o concurrir a la Oficina de Partes y entregar la información”. n “Mucho dinero de manera ineficiente”: investigación penal por “presunto fraude” Gajardo, al igual que el abogado Cristián Riego, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, reparan en que la fiscalía ya registra un problema ZEÑÁ Y ROTCÉH Ingeniero de software afectado por robo dice que no es posible adjuntar archivos de más de 5 MB: ALEJANDRO ESPINOZA PRESIDENTE AMPARO Y JUSTICIA Se gastaron $7 mil millones para una nueva red informática de gestión penal que terminó en un fracaso y con una investigación penal”.. ............................................................... CARLOS GAJARDO ABOGADO Y EXFISCAL Desincentiva las denuncias, pues se trata de un sistema poco amigable y que requiere bastante esfuerzo y tiempo para poder familiarizarse con el”.. ................................................................ Litigantes advierten que esta situación “presenta una mayor complejidad” porque “la fiscalía se ha digitalizado”, pero difieren en sensación de falta de acceso a la justicia. Ingeniero de software afectado por robo dice que no es posible adjuntar archivos de más de 5 MB: e se requería.