Editorial: A propósito de los narcouniformados
Editorial: A propósito de los narcouniformados L a detención de uniformados vinculadosa casos de tráfico de drogas en las últimas semanas ha causado conmoción pública por la posibilidad cierta de tener a miembros de las Fuerzas Armadas corrompidos por los carteles del narcotráfico, algo que es sumamente grave y que requiere de claridad en los procedimientos para combatir este flagelo que implica el cómo el crimen organizado está permeando las instituciones.
El problema, es que Chile, pais de reacción y no de acción, tiene en su ordenamiento jurídico actual un conflicto de competencias, que por cuestiones de forma, está perdiendo el tiempo para atacar el tema de fondo.
Y es que la Fiscalía de Aviación negó en primera instancia la entrega de antecedentes al Ministerio Público sobre los detenidos que pertenecían a sus filas (fueron dados de baja), ya que aseguran que el tema es competencia exclusiva de la justicia militar.
Por lo mismo, la Fiscalía Regional de Tarapacá presentó una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique, pues argumenta que la información es crucial para determinar el tipo de justicia aplicable pues involucra delitos comunes. Hasta el Presidente Boric debió interceder para que la FACh (Fuerza Aérea de Chile) remitiera los antecedentes, algo que hicieron de forma parcial y a regañadientes.
Clave en esta discusión es conocer el Artículo Nº2 de la Ley 20.477, pues establece que "En los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares en la comisión de aqueIlos delitos sujetos a la justicia militar de acuerdo a las normas del Código de Justicia Militar, serán competentes, respecto de los civiles, la Justicia Ordinaria y, respecto de los militares, los Tribunales Militares". Asimismo, el Articulo Nº3 señala que "En el caso de contiendas de competencias entre tribunales ordinarios y militares, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema, sin la integración del Auditor General del Ejercito o quien deba subrogarlo". Al tratarse de un delito vinculado al tráfico de droga, la hipotesis es que hay civiles y militares involucrados, pues alguien tiene que haber entregado la ketamina a los militares y ellos a su vez hicieron el viaje y dieron el insumo a civiles para la elaboración del tusi.
Si hasta el fiscal nacional dice que esto podría estar vinculado al Tren de Aragua, sería un gran sinsentido queponiendo un ejemplo extremo la justicia ordinaria logre sentencias condenatorias contra los civiles y la justicia militar absuelva a los uniformados.
Se avecina un debate jurídico amplio, que dado el contexto actual, es altamente necesario.. El caso específico de la FACh pone sobre la mesa un serio conflicto de competencias entre la justicia civil y la justicia militar. E Editorial