EDITORIAL: Crítica auditoría a Carabineros
EDITORIAL: Crítica auditoría a Carabineros U n reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha concluido que Carabineros "carece" de una serie de procedimientos y protocolos en su función de control vehicular, no aplica de manera estándar los existentes ni utiliza de forma adecuada sus sistemas informáticos; a juicio de la Contraloría, tales debilidades afectan la "eficacia" del rol policial.
Según la auditoría, desarrollada en la Región Metropolitana entre enero de 2023 y junio de 2024, en el período la policía controló a 144 personas que no fueron detenidas a pesar de que tenían órdenes de detención pendientes por delitos como abuso sexual, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego o conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte; y se fiscalizó a 626 vehículos encargados por robo, pero que no se recuperaron.
En más de 145 mil controles, además, no hay constancia de que los carabineros hayan consultado las patentes en el Sistema Unificado de Encargo de Vehículos (SUEV); tampoco se ejecutó el retiro de 869 vehículos infraccionados. El organismo anotó, además, que la policía no cuenta con dispositivos que permitan verificar el cumplimiento de las normas que regulan el polarizado de vidrios.
La Contraloría estableció incumplimientos por parte de la policía uniformada respecto de sus obligaciones con las leyes del Tránsito, de Carabineros, de Bases Generales de Administración del Estado y de diversos decretos con fuerza de ley y administrativos, de reglamentos y de órdenes internas.
La contundencia de la auditoría refleja un preocupante panorama de fallas dentro de la policía uniformada que podrían calificarse de estructurales; es por completo ilógico que un mecanismo como la fiscalización vehicular sea una herramienta solo disuasiva, pero que no permita detener a acusados por graves delitos ni recuperar los vehículos sustraídos.
Razonablemente, los incrementos presupuestarios de los últimos años deberían haber mejorado las capacidades tecnológicas y humanas de la institución; en tal sentido es que parece sensato ampliar, en el marco de Ministerio de Seguridad, la contraparte técnica civil en las decisiones de gasto policial, reduciendo el margen de la autonomía institucional. La inversión en equipamiento e infraestructura tecnológica para la seguridad requiere de evaluaciones cuidadosas y control de la autoridad en la perspectiva de la modernización policial largamente postergada.
Si bien el programa del Presidente Boric comprometió una polémica "refundación", progresiva y gradual, de Carabineros y la PDI, este propósito se desplazó luego a la idea de una reforma, para lo cual se convocó en 2022 a una unidad consultiva y un consejo. La crisis de seguridad pública, sin embargo, ha redibujado las prioridades en la materia, y el propósito de una reforma más significativa parece haberse diluido. En mayo el Ejecutivo presentó en el Senado un proyecto más acotado de carrera policial, incentivos y gestión de planta. Desde luego la pérdida de centralidad en impulsar modificaciones de fondo --en muchas de las cuales había acuerdo transversal-no significa que el desafío de la modernización haya desaparecido.
El informe de la Contraloría es una señal de que esa necesidad sigue siendo urgente. "El informe de la Contraloría es una señal de que la necesidad de una reforma policial sigue siendo urgente". Crítica auditoría a Carabineros.