SEA y Oceana acuden a la Corte Suprema y al Tribunal Ambiental de Santiago para desactivar ofensiva de Dominga
SEA y Oceana acuden a la Corte Suprema y al Tribunal Ambiental de Santiago para desactivar ofensiva de Dominga El Servicio de Evaluación Ambiental SEA) y la ONG Oceana solicitaron que se declararan inadmisibles las acciones presentadas por Andes Iron para intentar reactivar el proyecto minero-portuario Dominga, luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta anulara, de oficio, lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) en el procedimiento de cumplimiento incidental adverso a la iniciativa, al considerar que su aplicación resulta improcedente. Las acciones de ambas partes fueron presentadas la semana pasada ante la Corte Suprema y el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, mientras Valentina Durán, directora Ejecutiva del SEA aún se desempeñaba en el cargo. En concreto, argumentaron que el plazo legal para reclamar ya había vencido, y que la empresa eligió una estrategia procesal equivocada y no podía reabrir un plazo que la ley considera fatal. Según la normativa ambiental, las decisiones del Comité de Ministros pueden reclamarse ante el Tribunal Ambiental dentro de 30 días desde su notificación. Ese plazo es de caducidad, lo que significa que es obligatorio y no puede suspenderse ni ampliarse. En este caso, el plazo para reclamar contra la resolución correspondiente venció el 26 de febrero de 2025, por lo que la acción judicial habría quedado extinguida.
Ante la Corte Suprema el SEA, representado por el abogado Juan de Dios Montero, jefe del Departamento de Litigios e Invalidaciones, explicó que "no se configura una causal de grave falta o abuso que haga procedente la interposición de un recurso de queja.
Los ministros recurridos se apegaron estrictamente al pronunciamiento de esta Corte Suprema para resolver anular un procedimiento que jamás debió haberse promovido". En tanto, Tagrid Safatle Nadi, jefa (s) de la División Jurídica del TRIB UNAL AM CHILE NTAL MIN GA PROYECTO DOMINGA Servicio de Evaluación Ambiental, solicito al Tribunal Ambiental de Santiago que declare inadmisible la reclamación presentada por Andes Iron. La solicitud sostiene que la empresa ya no tiene derecho a reclamar judicialmente porque el plazo legal para hacerlo venció. Además, argumentó que la empresa eligió seguir otra estrategia procesal en lugar de presentar la reclamación dentro del plazo legal.
Por su parte Oceana -representada por el abogado Ezio Costa-, solicitó hacerse parte en el proceso ante el Tribunal Ambiental de Santiago y pidió que se declarara inadmisible el reclamo presentado por la empresa controladora del proyecto minero. Argumento que el plazo para presentar esa reclamación nunca estuvo suspendido. Adicionalmente, Oceana sefialo que la suspensión de los efectos de un acto administrativo no significaba que el acto dejara de existir ni que no pudiera ser impugnado. Y añadió que Andes Iron siempre tuvo disponible la acción judicial, ya que su “agravio se había configurado cuando el Comité de Ministros rechazó el proyecto Dominga". Esa situación no cambió por la suspensión posterior. A su juicio, la minera eligió una estrategia procesal incorrecta y dejó pasar el plazo legal para reclamar.
Oceana sostuvo que la Corte Suprema, en esta misma causa, había señalado que las partes podían impugnar la nueva resolución administrativa una vez que esta fuera dictada, por lo que la vía adecuada estaba claramente indicada. E proyecto Dominga lleva más de 12 años de tramitación ambiental, administrativa y judicial, en un loop interminable de procesos, considerado como un caso "emblemático" de la permisología.
Emplazado en la comuna de la Higuera, Andes Iron pretende producir hasta 12 millones de toneladas de hierro al año y exportarlo, a través de un puerto en el sector de Totoralillo Norte.. Las acciones de ambas partes fueron presentadas la semana pasada, y argumentaron que el plazo legal para reclamar por parte de la compañía ya había vencido. Agregaron que la empresa eligió una estrategia procesal equivocada y no podía reabrir un plazo que la ley considera fatal. TRAMITACIÓN DEL PROYECTO MINERO-PORTUARIO SE EXTIENDE POR MÁS DE 12 AÑOS: Ezio Costa, abogado de Oceana. Ezio Costa, abogado de Oceana.