Fin del CAE y la «pelea chica»
N una cadena nacional, el Presidente Boric anunció este lunes el envío al Congreso de un proyecto de ley que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea, en su reemplazo, un nuevo instrumento denominado Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). La iniciativa, según lo proclamado, se organiza en tres ejes: condonación parcial de las obligaciones para algunos deudores; reorganización de la deuda para otros; y la creación del nuevo sistema para aquellos estudiantes que no acceden a gratuidad.
Los aranceles de este sistema serán financiados por el Estado y deberán ser retribuidos por los estudiantes una vez que ingresan al mercado laboral, mediante un impuesto proporcional a su sueldo, La iniciativa ha sido objetada, rápidamente, por las propias universidades.
Acusan que algunos de los enunciados del FES, como la fijación de facto de los aranceles y, junto con ello, la prohibición de cobrar copago (excepto a aquellos alumnos del decil de más altos ingresos), lesionarán gravemente sus finanzas. [El nuevo mecanismo] “afectaría la sustentabilidad de las universidades en el largo plazo, significará una pér- “El Presidente, queriéndolo o no, acaba de arrojar la posibilidad de terminar con el CAE justamente al medio del ring electoral”. Dida de autonomía y un debilitamiento de los proyectos educativos”, advirtió Nelson Vásquez, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y actual presidente del G9, consorcio que agrupa a las universidades que agrupa a las universidades tradicionales, no estatales, del Consejo de Rectores.
El anuncio del Presidente —en rigor, el proyecto aún no ingresa— busca cumplir, de alguna forma, con una de las promes: capitales de su campaña: terminar con el CAE y sacar a los bancos del financiamiento de la educación superior.
Pero es de dudosa utilidad ponderar razonablemente las virtudes y defectos de la propuesta sin considerar, antes, un hecho notorio: es extremadamente difícil que una iniciativa así de compleja, técnica, financiera y políticamente, pueda ver la luz antes del fin del actual periodo —salvo, tal vez, la condonación. No se trata de ser pájaro de mal ro: basta con mirar el derrotero que han tenido proyectos, como pensiones o isapres, sobre los cuales existen mayores acuerdos técnicos y más urgencia ciudadana.
Inexplicablemente, tratándose de un asunto tan sensible a su electorado más fiel, el Ejecutivo demoró la presentación del proyecto hasta la recta final de su mandato, cuando se encuentra sin energía ni capital político para empujarlo. Es difícil imaginar que un gobierno que cuenta votos para salvar a su ministra del Interior de una acusación constitucional los consiga para anotarse un éxito político de tal dimensión. La oposición y algunos analistas han planteado que el anuncio, a apenas tres semanas de los comicios municipales y el consiguiente inicio de un nuevo ciclo presidencial y parlamentario, corresponde a una trategia de campaña. Es imposible adivinar, mientras alguien no lo confiese expresamente, si eso es así o se trata sólo de una mala coincidencia.
Pero es indudable que el Presidente, que tanto gusta de declarar su aversión a la «pelea chica», acaba de arrojar la posibilidad de terminar con el CAE, queriéndolo o no, justamente al medio del ring electoral.
Conviene recordar que, la mayoría de las veces, lo que hace buena o no a una política pública no es tanto el diseño de sus detalles técnicos como la posibilidad de llevarla adelante y hacerlo de manera oportuna.