Matías Ramírez acusa "doble juego" del Gobierno por reforma de reconstrucción y advierte impacto en Tarapacá
Matías Ramírez acusa "doble juego" del Gobierno por reforma de reconstrucción y advierte impacto en Tarapacá El ex diputado del Partido Comunista por Tarapacá, Matías Ramírez, entregó una dura evaluación política respecto del denominado Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social impulsado por el Gobierno, iniciativa que esta semana fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.
La propuesta contempla un paquete amplio de medidas económicas, tributarias, laborales, ambientales y habitacionales, entre ellas la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% y un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones.
Ramírez cuestionó especialmente el tono con que el oficialismo celebró la aprobación de la iniciativa y apuntó sus críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de sus declaraciones respecto de los efectos que, según el Ejecutivo, tendría la reforma en materia de inversión, crecimiento y empleo.
Desde Hacienda, el Gobierno ha defendido el proyecto señalando que busca devolver "un entorno apropiado" para aumentar las inversiones, el crecimiento y la generación de trabajo, en el marco de una agenda que combina reconstrucción en zonas afectadas y reactivación económica. "Mientras se celebraba por parte del oficialismo la aprobación de la reforma tributaria que ellos denominaron proyecto de reconstrucción, hubo palabras del ministro Quiroz que llamaron poderosamente la atención, planteando que el año 2050 Chile encontrará la vía del crecimiento después de esta reforma, es decir, en casi 25 años más", señaló Ramírez.
El ex parlamentario comparó ese argumento con promesas económicas realizadas en décadas anteriores, particularmente con el discurso que acompañó la creación del sistema de AFP, afirmando que se trataría de una forma de ofrecer resultados lejanos en el tiempo sin certeza inmediata para las familias. "Aquello evidentemente hace recordar la promesa que hiciera en ese entonces la dictadura civil militar al momento de crear las AFP, donde planteaba que el año 2020 los chilenos se retirarían con el mismo sueldo cuando jubilaran. Evidentemente las comparaciones son odiosas, pero da cuenta de cómo ha sido la lógica de la derecha al momento de vender esta reforma tributaria encubierta a favor de los superricos", sostuvo. La crítica de Ramírez se concentra en el corazón tributario del proyecto. A su juicio, la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23% representa una señal clara hacia los grupos empresariales de mayores ingresos y no necesariamente una respuesta a las necesidades sociales más urgentes. Según lo aprobado en la Cámara, la disminución de la tasa sería gradual para grandes empresas, comenzando en 2027 y llegando a 23% en 2029. El ex diputado también cuestionó la aprobación de la invariabilidad tributaria por 25 años, medida que ha sido defendida por el Ejecutivo como un mecanismo para entregar certezas a la inversión y atraer nuevos capitales.
Para Ramírez, sin embargo, esa norma podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para modificar la estructura tributaria y aumentar la recaudación fiscal cuando el país lo requiera. "No solamente se aprobó la rebaja del impuesto corporativo de un 27 al 23%, también se aprobó la invariabilidad tributaria por 25 años, es decir, deja amarrados a distintos gobiernos que lleguen en los próximos años a evitar poder crear nuevos tributos para tener mayor recaudación fiscal", afirmó. En su declaración, Ramírez también apuntó a las modificaciones al sistema de evaluación ambiental incluidas en la discusión del proyecto.
Según planteó, algunas normas generarían un escenario complejo al contemplar mecanismos de indemnización a titulares de proyectos cuando permisos sean anulados por resolución judicial, materia que -a su juicioabre un debate institucional de alta sensibilidad. "Se hizo una modificación importante a todo el sistema de evaluación medioambiental, generando una cuestión que es insólita y que la propia Corte Suprema determinó que es inconstitucional en gran parte de su esencia: indemnizar a los titulares de los proyectos cuando sea la propia justicia quien anula dichos permisos", indicó. El ex parlamentario sostuvo que el proyecto no puede analizarse solo desde una perspectiva macroeconómica, sino también desde sus efectos concretos en las regiones.
En ese sentido, puso especial énfasis en Tarapacá, afirmando que los anuncios de ajustes presupuestarios y revisión de programas sociales contrastan con los beneficios tributarios contemplados para grandes contribuyentes e inversionistas. "En ese contexto creo que no hay nada que celebrar y particularmente en nuestra región de Tarapacá, que se ve poderosamente afectada por los anuncios de recorte por parte del Gobierno", expresó. Ramírez mencionó la situación del Hospital Regional Ernesto Torres Galdames de Iquique, establecimiento que, según recordó, arrastra desde hace años problemas estructurales, presupuestarios y de funcionamiento.
El ex diputado ya había oficiado en años anteriores al Ministerio de Salud por denuncias vinculadas a escasez de insumos médicos en el recinto asistencial, tema que ha sido parte de la agenda pública regional. "Ya sabemos que la situación del Hospital Regional Ernesto Torres Galdames viene muy complicada hace bastantes años y ya se ha comunicado la disminución de varios ítems del presupuesto en el caso del hospital", señaló.
Otro de los puntos levantados por Ramírez fue la eventual revisión del plan de alimentación escolar, particularmente sensible en una región donde miles de estudiantes dependen de los programas de Junaeb para cubrir parte importante de sus necesidades alimentarias.
Según el ex diputado, más de 40 mil estudiantes beneficiarios en Tarapacá se encuentran en rangos de vulnerabilidad y requieren esa alimentación como un apoyo esencial para su permanencia y desempeño escolar. "Hay que recordar que en nuestra región existe un porcentaje importante, más de 40.000 estudiantes beneficiarios de la Junaeb, que están en un rango de vulnerabilidad y requieren una alimentación que muchas veces en sus hogares no la tienen", afirmó. La preocupación también se extiende al ámbito habitacional.
Ramírez afirmó que durante la misma semana se habría anunciado una disminución de subsidios habitacionales para Tarapacá, en un contexto donde el déficit de vivienda, el crecimiento demográfico, la expansión de campamentos y la presión urbana son parte de los principales problemas sociales de la región.
Para el ex parlamentario, esa combinación revela una contradicción política de fondo: por un lado, el Gobierno promueve una agenda de reducción de impuestos y beneficios para la inversión; por otro, regiones como Tarapacá enfrentarían restricciones en áreas sensibles como salud, educación y vivienda. "No se entiende cómo el Gobierno pretende ahorrar más de 4.500 millones de dólares a los superricos, generar un perjuicio a los ingresos fiscales y que eso permita en algún sentido lograr las políticas que ellos mismos han anunciado", cuestionó.
Ramírez calificó este escenario como un "doble juego peligroso", al sostener que la reforma se presenta como una solución para la reconstrucción y el crecimiento, pero que, según su interpretación, terminaría beneficiando principalmente al segmento de mayores ingresos del país. "Acá evidentemente hay un doble juego muy peligroso, donde se vende esto como una solución, pero donde los únicos beneficiarios será el 2% de quienes tienen mayores ingresos en nuestro país", afirmó.
Finalmente, el ex diputado apuntó a un posible conflicto ético y político respecto de los beneficiarios de algunas medidas tributarias, señalando que parte de los propios integrantes del Ejecutivo podrían verse favorecidos por beneficios asociados a contribuciones o mecanismos de repatriación de capitales. "Lo que parece más vergonzoso es que gran parte de los beneficiarios de esta reforma tributaria son los propios ministros de Estado.
No solamente Quiroz, más por nombrar solamente algunos, se ven beneficiados por la exención de contribuciones, pero sobre todo por la repatriación de capitales, considerando que muchos tienen sus inversiones en el extranjero y que les permitiría con la creación de estos beneficios traer recursos a Chile pagando una menor tasa", sostuvo. El debate queda ahora instalado en el Senado, donde el proyecto deberá enfrentar una nueva etapa de discusión política y técnica. Para el Gobierno, la iniciativa constituye una herramienta para reactivar la economía, atraer inversión, generar empleo y avanzar en la reconstrucción.
Para sectores de oposición, en cambio, se trata de una reforma que podría debilitar la recaudación fiscal y profundizar desigualdades en momentos en que regiones como Tarapacá demandan más inversión social, infraestructura pública y respuestas urgentes a sus problemas estructurales.
En el fondo, la declaración de Matías Ramírez vuelve a instalar una pregunta central para el norte del país: si una reforma presentada como camino hacia el crecimiento será capaz de responder a las urgencias concretas de los territorios o si, por el contrario, terminará ampliando la distancia entre las decisiones tomadas desde el poder central y las necesidades reales de regiones que ya enfrentan fuertes tensiones en salud, vivienda, educación y desarrollo social.. El ex diputado PC cuestionó el proyecto aprobado en la Cámara y sostuvo que, bajo el argumento de la reconstrucción y el crecimiento, se estaría favoreciendo a los sectores de mayores ingresos mientras regiones como Tarapacá enfrentan recortes en salud, alimentación escolar y vivienda. Crónica