Avance de la reforma policial Avance de la reforma policial en Chile enfrenta críticas y en Chile enfrenta críticas y defensa oficial defensa oficial
Avance de la reforma policial Avance de la reforma policial en Chile enfrenta críticas y en Chile enfrenta críticas y defensa oficial defensa oficial Críticas por demora y falta de claridad en la reformaIntegrantes de la Unidad Consultiva para la Reforma un grupo de expertos de la sociedad civil convocado por el Gobierno han expresado preocupación por el progreso del proyecto. Varios de sus miembros cuestionan la falta de lineamientos claros y de ritmo en la implementación de cambios.
Viviana Cáceres, investigadora de Amnistía Internacional en la mesa, advirtió que la reforma policial “solo tiene sentido si se realiza de forma integral” y que a su juicio “ello no ha sucedido hasta el momento” En la misma línea, Daniel Johnson, director de la Fundación Paz Ciudadana, señaló que el proceso “ha carecido de claridad de lo que se quiere conseguir con esta reforma”, indicando que dicha definición no se hizo al inicio “a pesar de reiteradas insistencias” Otros participantes apuntan a deficiencias en la conducción política del proceso. “En la Unidad Consultiva falta una dirección político-estratégica”, criticó Ronald von der Weth, de la Fundación para la Protección Ciudadana. Según él, ni la ministra del Interior, Carolina Tohá, ni el subsecretario encargado “han citado nunca a la Comisión para la Reforma”, instancia compuesta por autoridades estatales, “que nos deberían dar los lineamientos. Sin eso es difícil avanzar” Esta falta de directrices superiores habría dejado a la mesa de expertos sin un norte claro. “Uno no le encuentra un objetivo general ni específico a la reforma.
Pareciera que abordamos cosas contingentes o cosas que ya están hechas”, afirmó también Diego Izquierdo, abogado del Instituto Libertad e integrante de la unidad consultiva Si bien los expertos reconocen algunos avances puntuales como “cambios institucionales al interior de Carabineros” advierten que “no es una reforma lo que estamos llevando en esa mesa”, en palabras de Johnson Cabe destacar que la Unidad Consultiva reúne a representantes de ONG, centros de estudio, universidades e incluso parlamentarios, aunque estos últimos han dejado de participar directamente y suelen enviar asesores a las reuniones Desde esa óptica, también se percibe una limitada involucración de actores políticos en el seguimiento de la reforma.
En resumen, desde el entorno técnico y de la sociedad civil se acusa lentitud, falta de claridad en los objetivos y escasa conducción estratégica, lo que podría traducirse en una demora injustificada en modernizar a las policías. El Gobierno defiende el avance “consistente” del procesoFrente a estos cuestionamientos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha negado tajantemente que exista un retraso en la reforma policial.
A través de declaraciones oficiales, la cartera liderada por Carolina Tohá ha sostenido que “lareforma a las policías es un proceso que está avanzando en forma consistente en sus tres dimensiones: eficacia de la función policial, buen ejercicio de la función policial y mecanismos de probidad y transparencia”Según Interior, lejos de estar estancado, el plan se ejecuta de manera continua yprogresiva.
“El avance de la reforma a las policías es continuo”, afirmaron des-de el ministerio, citando como ejemplo concreto la reciente promulgación de una ley que aumenta la dotación de la PDI en 50%, incrementando sus agentes de 950 a más de 4.000 La ministra Tohá también ha resaltado públicamente los logros legislativos y operativos vinculados a esta transformación.
Durante la promulgación de la ley sobre cámaras corporales para fuerzas policiales en diciembre, Tohá afirmó que las medidas impulsadas por el Gobierno en seguridad equivalen en la práctica a “unareforma de las policías” “Legislaciones que ya se han aprobado o que están en rumbo de aprobarse: la Ley Nain-Retamal y la ley que fija las reglas de uso de la fuerza”, enumeró la minis-tra, refiriéndose a normas recientes que refuerzan el marco jurídico para el actuar policial, esto tras una reciente publicaciónEl proceso de reforma a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) ha generado posiciones encontradas entre expertos, actores políticos y el Gobierno.
Mientras integrantes de la unidad consultiva creada para guiar la reforma acusan falta de celeridad y dirección estratégica, el Ministerio del Interior defiende que los cambios avanzan conforme a lo planificado y ya muestran resultados concretos en seguridad pública.
La discusión se da en un contexto donde el programa inicial del Presidente Gabriel Boric hablaba incluso de “refundar” las policías promesa luego moderada a una “reforma” al asumir el mandato lo que elevó las expectativas sobre la profundidad y velocidad de los cambios. en un medio nacional.
Agregó que a ello se suma la ley recién promulgada que obliga al uso de cámaras corporales en procedimientos, junto con mejoras administrativas como el aumento de incentivos monetarios al personal que opera en zonas de alto riesgo (por ejemplo, la macrozona norte) y la liberación de carabineros de tareas burocráticas para reforzar su presencia en las calles.
“El conjunto de estas acciones eso sí que es una reforma de las policías, eso sí que es un fortalecimiento de las policías”, enfatizó Tohá, destacando que paralelamente se trabaja en prevención, investigación criminal y tecnología “haciendo que el país esté realmente preparado para enfrentar los desafíos de seguridad” En la misma línea, el coordinador designado por Interior para la reforma, José Roa, ha salido al paso de las críticas.
Roa subrayó que “tenemos resultados” y enumeró hitos ya alcanzados: “planes estratégicos de desarrollo policial aprobados por el ministerio, planes anuales y operativos, canales de denuncia de conductas indebidas, cuentas públicas Aseguró que cada uno de esos elementos recoge el trabajo realizado con la Unidad Consultiva, respondiendo a sus recomendaciones Respecto al ritmo del proceso, Roa afirmó: “Está avanzando de acuerdo a lo programado. Pero parte de los tiempos legislativos no dependen solo del Ejecutivo”, deslizando que la aprobación de ciertas reformas estructurales toma tiempo en el Congreso y escapa al control directo del Gobierno.
Avances legislativos y medidas implementadas hasta ahoraTanto el Gobierno como observadores reconocen que en el último año se han materializado cambios importantes en materia policial, aunque difieran en calificarlos o no como una “reforma integral”. Entre los puntos ya aprobados o en ejecución destacan: Ley Naín-Retamal: Reforma legal que endurece las penas por ataques a policías e introduce una amplia legítima defensa privilegiada para Carabineros.
Esta ley aprobada en abril de 2023 tras el asesinato de dos uniformados establece “normas más claras” sobre en qué condiciones los policías pueden hacer uso de su arma de servicio sin arriesgar acciones penales en su contra. Su implementación buscó dar respaldo jurídico al personal en operativos de alto riesgo, aunque generó debate por su equilibrio con el control de abusos. Reglas del Uso de la Fuerza: Un proyecto de ley paralelo, mencionado por la ministra, que fija criterios uniformes para el uso gradual de la fuerza por parte de las policías.
Esta iniciativa actualmente en trámite legislativo otorgará rango legal a protocolos operativos, precisando“cuándo este monopolio de la fuerza que se le entrega a la policía se debe ocupar”. Se espera que su aprobación termine de normar las actuaciones policiales bajo estándares claros de necesidad y proporcionalidad. Ley de cámaras corporales: Promulgada en diciembre de 2023, obliga a Carabineros y PDI a registrar en video sus procedimientos policiales en espacios públicos.
A partir de marzo de 2024 entrará en vigencia el nuevo reglamento que operacionaliza esta ley, estableciendo el “deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales” Las unidades de Orden Público (control de disturbios) deberán llevar cámaras en forma obligatoria, y progresivamente se dotará de estos dispositivos a miles de funcionarios, más de 4.400 cámaras proyectadas. El objetivo es aumentar la transparencia en los procedimientos y contar con evidencia ante eventuales abusos o denuncias falsas. Aumento de dotación y recursos: Por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso aprobó ampliar los cupos de formación en la PDI, de 950 a 4.000 nuevos agentes anuales, para robustecer la capacidad investigativa. En Carabineros, en tanto, se implementó un plan de modernización del armamento, reemplazando antiguos revólveres por pistolas semiautomáticas y entregando nuevo equipamiento táctico. Adicionalmente, se han invertido recursos en tecnología como drones de vigilancia, vehículos blindados y detectores de drogas para ambas policías, con miras a enfrentar mejor el crimen organizado y la delincuencia común. También se corrigieron distorsiones en los incentivos laborales: zonas de alta complejidad operativa que antes tenían bajos beneficios ahora cuentan con un sobresueldo por riesgo más elevado para atraer y retener personal calificado.
Protocolos y control del orden público: Interior confirmó que “se han actualizado los protocolos de Control de Orden Público” (manejo de manifestaciones y disturbios). Dichos nuevos protocolos que incorporan lecciones tras la crisis de 2019 estaban a la espera de su aprobación final dentro de Carabineros para entrar en vigor. Junto con ello, la institución trabaja en revisar sus prácticas de intervención en marcha de acuerdo a estándares de derechos humanos, mientras las nuevas reglas de uso de la fuerza avanzan en el Poder Legislativo. Gobernanza y planificación estratégica: Por primera vez, el Ministerio del Interior ejerció su facultad legal de aprobar los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial (PEDP) de Carabineros y PDI. Estos planes de largo plazo (6 años) definen la ruta de modernización institucional en temas de personal, doctrina, equipamiento y despliegue territorial delas fuerzas de orden. Asimismo, el pasado 2024 se aprobaron los Planes de Gestión Operativa y Administrativa (PGOA) anuales de ambas policías, alineándolos con los objetivos de reforma comprometidass. Con estas herramientas de planificación, el poder civil ejerce mayor control sobre la orientación estratégica de las policías, algo inédito antes de la reforma. Mecanismos de probidad y transparencia: Otro eje destacado por Interior es el fortalecimiento del control interno y externo sobre las instituciones policiales.
En el último año se han ejecutado “auditorías externas en ambas policías, en el marco de los Comités de Auditoría Policial”. A la par, Carabineros y PDI crearon unidades especializadas dedicadas exclusivamente a la detección temprana de eventuales casos de corrupción o vínculos con el crimen organizado dentro de sus filas. También se encuentran operativos nuevos Sistemas de Reclamos de la Ciudadanía en ambas policías, canales formales donde cualquier persona puede denunciar abusos o malas prácticas policiales para su investigación.
Estas medidas buscan elevar los estándares de probidad, transparencia y responsabilidad de las fuerzas de orden, atendiendo críticas históricas sobre falta de supervisión y casos de corrupción (como el “PacoGate” que afectó a Carabineros en 2017). Nueva estructura institucional: Un cambio de carácter estructural es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, recientemente aprobada por el Congreso a fines de 2023. Esta nueva cartera pendiente de implementación formal será “la casa común de las policías”, ya que tendrá bajo su mando directo a Carabineros, PDI (y también Gendarmería) para coordinar las políticas de seguridad. El Gobierno plantea que este ministerio especializado permitirá consolidar la reforma de forma “continua y estructurada”, al separar las tareas de seguridad pública de las funciones político-administrativas del Ministerio del Interior. “Marca un cambio institucional de largo plazo, asegurando una reforma continua y consolida mecanismos de control sobre la eficacia el buen ejercicio y la probidad policial”, destacó Interior al defender esta transformación.
Expertos de la Unidad Consultiva y sectores transversales valoran la creación del ministerio como un paso clave, aunque advierten que por sí solo “surge la pregunta de si este cambio estructural es suficiente” para los complejos desafíos de seguridad actuales. Pese a este listado de avances, quedan pendientes otras reformas de fondo. Por ejemplo, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para modernizar la carrera funcionaria de Carabineros con nuevos sistemas de ascenso yprofesionalización cuya presentación al Congreso ha tomado más tiempo del previsto.
Igualmente, se discute una reestructuración de la formación policial (incluyendo la anunciada nueva modalidad de ingreso a la PDI, creando el escalafón de Oficiales Policiales Investigadores ). Otra materia en desarrollo es la actualización del Sistema de Inteligencia del Estado, crucial para apoyar a las policías en la lucha contra el crimen organizado. Estas iniciativas, junto con la plena instalación del Ministerio de Seguridad, conforman la siguiente etapa del proceso reformador y podrían prolongarse durante 2024 y 2025. Observadores como Daniel Johnson señalan que internacionalmente las reformas policiales profundas “pueden tardar hasta 10 años”, por lo que un esfuerzo escalonado no sería extraño siempre y cuando exista claridad estratégica sobre el objetivo final.
Debate sobre el impacto y la efectividad de la reformaA medida que el Gobierno defiende un avance gradual pero sostenido, quienes impulsan mayores cambios temen que la lentitud pueda diluir el impacto deseado en el sistema de seguridad.
Las medidas implementadas sí han tenido efectos concretos: por ejemplo, el aumento de personal y recursos a las policías ha sido bien recibido ante la ola de delitos, y el reforzamiento del equipamiento (vehículos, drones, armamento no letal) mejora la capacidad operativa inmediata. Asimismo, los nuevos canales de denuncia y auditorías externas comienzan a someter a escrutinio las actuaciones policiales, lo que podría mejorar la confianza ciudadana a largo plazo en dichas instituciones. El establecimiento de planes estratégicos y reportes anuales introduce una cultura de mayor transparencia y planificación, sujetando a Carabineros y PDI a metas verificables definidas por la autoridad civil. Donde existe divergencia es en la valoración global del proceso.
Para el Gobierno, la reforma policial chilena se está concretando paso a paso, combinando modernización y control democrático: se fortalece a las policías para enfrentar la delincuencia, a la vez que se elevan los estándares de probidad y respeto a los derechos ciudadanos.
Desde La Moneda insisten en que este enfoque pragmático era necesario dada la situación heredada recordando que la reforma inició en el gobierno anterior tras crisis de corrupción y derechos humanos en Carabineros y que requiere tiempo para asentarse.
Autoridades como la ministra Tohá han dejado claro que “no cualquier manera de hacer mano dura sirve” y que la seguridad debe abordarse con una visión estratégica de largo aliento, más allá dediscursos punitivos de efecto inmediato. Por otro lado, expertos y algunos sectores políticos consideran que los avances, si bien positivos, no configuran todavía la transformación profunda prometida. Cuestionan que se presente un fortalecimiento operativo necesario por la emergencia delictual como sinónimo de reforma estructural. “Las medidas van en la línea correcta, pero aún es pronto para hablar de una reforma a las policías”, opinó Ronald von der Weth, miembro de la mesa consultiva, tras escuchar los anuncios de Interior.
En su criterio, falta completar pilares centrales como la instalación efectiva del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, desde donde “podemos generar políticas públicas serias y una estrategia nacional de seguridad que es lo que urge hoy día”. Este énfasis sugiere que, para sectores técnicos, la reforma será tangible solo cuando se consolide un nuevo modelo de control civil y coordinación sobre las policías (vía ministerio) y se definan claramente las metas finales en profesionalización y cercanía a la ciudadanía. En el Congreso, las posturas también han ido variando conforme a la coyuntura. Parlamentarios oficialistas que originalmente abogaban por una “refundación” debieron ajustar sus aspiraciones a cambios graduales, frente a la realidad de construir mayorías legislativas y la urgencia por responder a la delincuencia. La oposición, en tanto, ha respaldado varias de las leyes pro-seguridad (como Naín-Retamal y la creación del Ministerio de Seguridad) aunque fue históricamente reticente a reformas que pudieran, en su visión, mermar la eficacia policial.
Algunos opositores han señalado que el gobierno terminó por enfocarse en fortalecer a Carabineros coincidiendo con sus propias demandas más que en “debilitarlos” con una refundación, lo que interpretan como un reconocimiento de la importancia de la institución en la crisis de seguridad.
Al mismo tiempo, desde organismos de derechos humanos se mantiene la alerta para que el aumento de facultades y protección legal a la policía vaya acompañado indisolublemente de mayores controles y formación en protocolos, a fin de evitar retrocesos en estándares democráticos. Perspectivas hacia el futuroA dos años del inicio del gobierno, el balance de la reforma policial en Chile muestra luces y sombras.
Se han concretado ya varias medidas que apuntan a modernizar y hacer más eficientes a Carabineros y la PDI, fortaleciendo su capacidad operativa y sometiéndolas a mayor escrutinio civil en aspectos de planificación, transparencia y probidad. Estas acciones han sido valoradas como pasos en la dirección correcta por gran parte del espectro político. No obstante, persiste la impresión en sectores expertos de que el proceso carece de un horizonte bien definido y de mayor premura para acometer cambios de fondo pendientes.
El Ministerio del Interior insiste en que la ruta trazada se está cumpliendo y que nuevas etapas de la reforma están por venir, respaldadas por la reciente reorganización institucional (Ministerio de Seguridad) que dará sustento legal y administrativo a este esfuerzo de largo plazo. Carolina Tohá y su equipo defienden un avance “en forma consistente” y gradual, argumentando que una transformación tan compleja requiere asentarse paso a paso para ser efectiva y no revertirse.
Por su parte, los críticos llaman a no perder el impulso ni diluir el espíritu original de cambiar la cultura policial: instan a fijar metas claras y plazos para aspectos pendientes, recordando las demandas ciudadanas de más control civil, transparencia y eficacia en las fuerzas de orden. En definitiva, la reforma a las policías nacida de una crisis de confianza y legitimidad continúa en marcha entre el apremio y la paciencia. El desafío para el Gobierno será equilibrar las exigencias de resultados inmediatos en seguridad con la necesidad de transformaciones profundas y sostenibles dentro de Carabineros y la PDI. El debate entre quienes acusan demora y quienes apelan a un avance progresivo y seguro seguirá marcando este proceso, cuyo impacto final será determinante para el futuro del sistema de seguridad pública en Chile..