Autor: Carlos Ilabaca Villanueva El Llanquihue
El "modus operandi" de Participa: contratos con familiares y testaferros
El "modus operandi" de Participa: contratos con familiares y testaferros GASTOS SE ACELERARON CON CASO La Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI realizó peritajes a la cuenta corriente de Participa, las que se tradujeron en el informe Nº19, el que da cuenta de que la mayoría de los gastos que realiza la fundación se concentran después del mes de julio, es decir post estallido del caso Convenios. "Se representa en un gráfico con la evolución de los gastos presentados en las rendiciones, sin considerar los dos reintegros, donde podemos observar que la mayor cantidad de los gastos estuvo principalmente en el segundo semestre, especificamente desde la rendición Nº7, o desde el mes de julio, que es como se aprecia el resultado de las cifras", afirmó el persecutor. CAPTURA DE PANTALLA tratóa su hermana, Patricia Rojas Castro, para desempeñar funciones de servicios jurídicos con una remuneración bruta de $1.700.000. Por su parte, Freddy Seguel contrató a su hermano Felipe como gestor territorial, también con una remuneración bruta de $1.300.000.
Ibáñez -sostuvo el fiscalremitió al GORE Los Lagos rendiciones de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023, presentando en cada una de ellas un informe con supuestas actividades ejecutadas por Ruth Reyes, las cuales no habían sido desarrolladas. "Para concretar su actuary justificar como gastos estos dineros, que fueron adquiridos, obtenidos, poseídos y usados con ánimo de lucro por Ibáñez, este rindió a sabiendas documentos falsos ante el GORE que acreditaban trabajos mensuales que Ruth Reyes no había ejecutado", aseveró el abogado del persecutor.
De igual forma, Reyes realizó a lo menos cinco transferencias desde su cuenta bancaria a la cuenta personal de Ibáñez, entre el 1 de febrero y el 25 de mayo de 2023, sumando un total de $5.150.000 que estaban destinados exclusivamente para los fines del programa. Una situación similar ocurrió con el egresado de derecho Christian Molina Zegarra, quien también fue contratado a honorarios para prestar diversos servicios jurídicos para el programa del GORE con una remuneración $1.700.000 brutos.
Este, por mensual de su parte, recibió a lo menos cinco transferencias "bajo la apariencia de remuneración", las que luego transfirió a la cuenta personal de Ibáñez a través de diversos pagos mensuales por un total de $5.500.000, detalló la Fiscalía.
O FREDDY SEGUELY DANIEL IBÁÑEZ SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE SANTIAGO 1. ras dos años de investi7 gación desformalizada, malizó cargos por estafa, administración desleal y lavado de activos contra Daniel Ibáñez Castro y Freddy Seguel Rojas, presidente y director ejecutivo de la fundación, respectivamente, quienes, por decisión del tribunal, quedaron en prisión preventiva.
En su exposición ante el juzgado, el persecutor desgloso cinco hechos distintos que configuran, a juicio de la Fiscalía, los tres delitos que se imputan. debía "comprometerse con esta iniciativa y ayudar a que esto resulte". Sin embargo, ya desde esa última reunión se advirtió que el programa resultaba inviable desde el punto de vista técnico. La transferencia de los recursos a Participa se realizó el 31 de diciembre de 2022 y los fondos quedaron disponibles en la cuenta corriente exclusiva de la fundación el 10 de enero de 2023. Hasta el día anterior, en la cuenta había un saldo de solo $3.030. Para el programa, la fundación empleo a un total de entre 30 y 40 personas. Pero lo que llamo la atención del fiscal fue la contratación de familiares, como la esposa de Ibáñez, Sandy Pavez Burgos, para realizar las funciones de gestora territorial con una remuneración de $1.300.000.
También conEL ROL DE LOS TESTAFERROS En el segundo hecho de la formalización de cargos, el Ministerio Público reveló además la contratación de dos presuntos testaferros. "Estos hechos consistieron en un mecanismo para generar gastos inexistentes con la finalidad de abultar costos mediante la contratación de terceras personas, bajo la excusa de realizar actividades propias de la ejecución del programa, valiéndose de testaferros con quienes se encontraban ligados por vínculos de amistad, a quienes les exigían una parte de su remuneración mensual cada vez que esta era pagada, transfiriéndole a dichos testaferros una cuota de los fondos públicos a diversas cuentas bancarias que el imputado Ibáñez mantenía con la finalidad de adquisición, posesión, tenencia y utilización con ánimo de lucro", expuso el fiscal Poblete.
Se trata de la abogada y socia de la hermana de Ibáñez en un estudio jurídico, Ruth Reyes Muñoz, quien entre enero y junio presto servicios jurídicos a honorarios para la Fundación Participa como parte del personal del programa. con anterioridad al inicio del programa. En tanto, de las 49 carpetas que ingresaron al Ministerio de Bienes Nacionales para su regularización, todas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos mínimos.
En su exposición, el fiscal detalló cómo, desde su inicio, el programa adolecía de vicios, incluso antes de ser "ofrecido" a la fundación, como no contar con los términos técnicos de referencia y aparentar que la selección de la entidad ejecutora correspondía a un proceso objetivo.
Asimismo, Gloria González, jefa de la División de Fomento e Industria (Difoi) del GORE, sostuvo a lo menos dos reuniones previas con el ex seremi Pablo Flores y los equipos técnicos de la Seremía de Bienes Nacionales.
En dichos encuentros, insistio en que el servicio público el Ministerio Público descubrió un mecanismo defraudatorio que se gestó en el contexto de la ejecución de un programa de saneamiento de títulos para familias vulnerables, a cargo de la Fundación Participa. A contar del 30 de noviembre de 2022, fecha en que se firmó el convenio con el Gobierno Regional de Los Lagos, el proyecto estuvo a cargo de Participa.
Dicha entidad recibió para tal PROGRAMA INVIABLE En 11 meses de ejecución, la Fundación Participa rindió al GORE Los Lagos la suma efecto la suma de $1.200mi --de $574.639.666, pese a lo llones en una sola cuota y con un pagaré como único respaldo.
Este sábado, el fiscal del Sistema de Análisis Delictual y Focos Investigativos (Sacfi), Patricio Poblete, forcual, de las 1.501 carpetas con beneficiarios, solo 73 casos terminaron con sus tramites concluidos favorablemente, es decir el 4,86%. No obstante, se constato que 46 de estos se habían realizado $625 millones 66 mil 984 fue el saldo que se devolvió tras término anticipado del programa. $574 millones 639 mil fue el monto que la fundacion rindió como ejecutado al GORE.. Según los antecedentes esgrimidos en la formalización de cargos por estafa, lavado de activos y administración desleal, el mecanismo usado fue abultar gastos vía contratación de terceros.
