Autor: NICOLÁS GARCÍA DE VAL

Trump arriesga enfrentamiento con la justicia de EE.UU. por deportaciones a El Salvador
Trump arriesga enfrentamiento con la justicia de EE.UU. por deportaciones a El Salvador LOS PRESUNTOS MIEMBROS del Tren de Aragua llegaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo en la ciudad salvadoreña de Tecoluca.
AFP PHOTO / OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR E l Presidente de EE.UU., Donald Trump redobló la presión sobre los inmigrantes irregulares y lanzó una oleada de deportaciones, una de sus principales promesas de campaña.
Su base las ha celebrado, pero los casos más recientes amenazan con enfrentar a su administración directamente con la justicia, luego que enviara a más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua a una prisión salvadoreña, pese a que los traslados habían sido bloqueados por un juez. La llegada de los 238 venezolanos a El Salvador fue anunciada el domingo por el Presidente de ese país, Nayib Bukele, quien añadió que también fueron deportados 23 miembros de la Mara Salvatrucha. El traslado forma parte de un acuerdo con Washington para que el país centroamericano albergue migrantes detenidos en Estados Unidos, a cambio de dinero.
El problema radica en que, para enviar a este grupo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, y que facilita la deportación rápida de personas que sean sindicadas como miembros del Tren de Aragua; una organización criminal que nació en Venezuela y que el republicano declaró terrorista hace algunas semanas. El juez federal de distrito James E.
Boasberg emitió una orden la noche del sábado para bloquear las deportaciones, pero fue informado de que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras.
Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero no lo hicieron. "Oopsie... Too late", ("Ups, demasiado tarde"), escribió en inglés Bukele en X sobre la publicación de Boasberg, junto con un emoji llorando de la risa.
La publicación fue compartida por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. "Todos los aviones que estaban sujetos a la orden escrita de este juez dejaron el territorio estadounidense antes de la orden escrita del juez", dijo ayer la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, repitiendo la defensa que ha hecho la administración de Trump desde el fin de semana.
Además, precisó que de los 261 migrantes expulsados en la operación, 137 venezolanos "fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros", 101 eran también venezolanos removidos por transgredir norm a s m i g r a t o r i a s y 2 3 e r a n miembros de la pandilla M-13.
En la misma línea, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, manifestó que el gobierno no hizo nada malo, pues los aviones "ya estaban sobre aguas internacionales llenos de terroristas y amenazas significativas a la seguridad pública" cuando recibieron la orden del juez, por lo que el actuar del gobierno estuvo bien. Abogados constitucionalistas como Brian Kalt no están de acuerdo. "La administración de Trump desafió una orden de la justicia", manifestó el experto de la Universidad Estatal de Michigan.
Un intento de "tomarse el poder" Cuatro senadores demócratas del Comité Judicial dijeron ayer que la administración de Trump debería responder por lo ocurrido el fin de semana, y aseguraron que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros es un "intento de tomarse el poder". Expertos consultados por este diario no llegaron a calificar la situación de esa forma, pero algunos, como David Super, dijeron que usar la norma para las deportaciones fue "profundamente deshonesto". "La ley solo se aplica en situaciones en las que EE.UU. se encuentra en un estado de guerra declarado con un país extranjero o cuando `cualquier invasión o incursión d e p r e d a d o r a es perpetrada (... ) por cualquier nación o gobierno ext r a n j e r o '. E l P r e s i d e n t e Trump alegó que los miemb r o s d e l a s pandillas están en EE.UU. como representantes del gobierno venezolano, pero no presentó evidencias", expuso el constitucionalista de la Universidad de Georgetown, quien agregó que haber ignorado la orden judicial puede tener consecuencias legales para las personas responsables; con excepción de Trump, que tiene inmunidad. El Presidente no parece preocupado. "Tendrían que preguntarles a los abogados", dijo el domingo, consultado sobre si se había ignorado la orden del juez. El mandatario también defendió el uso de la ley al calificar la llegada de inmigrantes criminales como "una invasión". "Son tiempos de guerra", sostuvo. "Esta administración actuó dentro del marco de la ley. Tenemos plena confianza en que ganaremos este caso en los tribunales", declaró Leavitt ayer.
Posible "crisis constitucional" Los jueces federales han estado enfrentándose a la administración de Trump durante semanas por docenas de acciones ejecutivas que los tribunales han intentado suspender temporalmente mientras se evalúa su legalidad, especialmente en el tema migratorio. En algunos casos, afectados que demandaron a la administración para congelar las medidas, y ganaron, han alegado que el gobierno no cumplió las órdenes judiciales.
El viernes pasado, Rasha Alawieh, una especialista en trasplantes de riñón y profesora en la escuela de medicina de la Universidad de Brown, fue deportada, aunque un tribunal había ordenado que su expulsión fuera bloqueada temporalmente.
Situaciones como esa y la del fin de semana han llevado a algunos demócratas y expertos a plantear que el país está ante una posible crisis institucional. "Cuando un Presidente se rehúsa a seguir una orden vinculante de tribunales, el sistema de pesos y contrapesos en que fue fundada la Constitución del país deja de funcionar, y tenemos una crisis constitucional", aseguró Super.
Para Kalt, el país todavía no está en ese punto, pero podría llegar a él "si la administración desafía una sentencia de la Corte Suprema". Más de 200 personas expulsadas: Trump arriesga enfrentamiento con la justicia de EE.UU. por deportaciones a El Salvador NICOLÁS GARCÍA DE VAL Acusan al mandatario de ignorar una orden que obligaba a volver a los aviones que transportaban a los migrantes. PAGO Leavitt dijo que le pagaron "aproximadamente US$ 6 millones" a El Salvador para detener a los supuestos miembros de bandas enviados el sábado. Venezuela acudirá a los organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos, afirmó ayer el presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez.
El representante chavista también manifestó que el traslado de los más de 200 migrantes a El Salvador del domingo fue un "vulgar secuestro" y denunció que esta operación se llevó a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso. Luego de estas declaraciones, el titular del Ministerio del Interior, Diosdado Cabello, llamó a protestar en defensa de los migrantes. El chavismo convocó a una concentración hoy en Caracas. n La denuncia de Venezuela.