Autor: TAMARA TARACIUK BRONER
¿Existe una alternativa real a Bukele en materia de delincuencia?
¿ Existe una alternativa real a Bukele en materia de delincuencia? ESSERPECNARFletalidad policial sigue siendo un motivo de preocupación.
Las autoridades también implementaron programas sociales y comunitarios, como el “Joven Aprendiz”, que, a partir de 2000, brindó capacitación a jóvenes de 14 a 17 años de entornos vulnerables para prepararlos para el mercado laboral y luego les asignó un trabajo remunerado para que aplicaran sus habilidades. En 1997 se puso en marcha un modelo de policía comunitaria, en el que los agentes debían colaborar con grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales para diagnosticar y abordar problemas relacionados con la seguridad.
La trayectoria de BogotáEn 2022, la ciudad de Bogotá alcanzó una tasa de homicidios de 12,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1984 (aunque ese progreso puede estar decayendo: en 2023, la tasa de homicidios aumentó un 5,3%). El modelo “Mockus y Peñalosa”, que lleva el nombre de exalcaldes, se implementó entre 1995 y 2003 y se centró en programas de concienciación sobre el consumo de alcohol y medidas de control de armas de fuego.
También incluía asistencia social para poblaciones desplazadas y jóvenes consumidores de drogas, así como la rehabilitación de zonas degradadas, siguiendo la “teoría de las ventanas rotas”, que indica que los espacios con signos visibles de abandono pueden incitar a la conducta delictiva. Las autoridades implementaron reformas institucionales, monitoreando y evaluando la conducta policial e invirtiendo importantes recursos para renovar el equipo de transporte y comunicación de la policía. Una mejor alternativa para la regiónLas políticas implementadas en estas áreas no son perfectas.
Por ejemplo, una deficiencia importante en las estrategias tanto en So Paulo como en Bogotá es que no necesariamente apuntan a los delitos perpetrados por el crimen organizado, una preocupación creciente en la región, o con armas de fuego obtenidasilegalmente. Pero muestran un camino en la dirección correcta: hacia una política de seguridad efectiva basada en el Estado de Derecho.
Los dos ingredientes cruciales en este sentido son una política penal efectiva con el debido proceso para investigar y procesar a quienes cometen delitos, junto con una política de prevención social para abordar las condiciones que llevan a las personas, especialmente a los jóvenes, a la delincuencia. Este enfoque combinado debe trascender la polarización basada en la ideología mediante la articulación de políticas punitivas que suelen promover la derecha y políticas sociales que suelen proponerse desde la izquierda. Dada la complejidad de abordar las causas estructurales de la delincuencia, es necesario diseñar políticas de seguridad duraderas, que esencialmente requieren cierto nivel de consenso entre los diversos actores políticos. Debido al alcance transnacional del crimen organizado, la coordinación y la cooperación regionales también son esenciales. También es vital una política de comunicación estratégica y la sensibilidad a las principales preocupaciones de la población. La narrativa la determina quien actúa primero y, actualmente, son los defensores de la mano dura. Una estrategia alternativa debe llegar a audiencias más amplias y diversas, especialmente a los jóvenes. Esto requiere emplear nuevos formatos, contenidos, plataformas y un lenguaje diferente, que apele a las emociones en lugar de a los datos duros. La región necesita un líder democrático dispuesto a asumir este desafío.
Quien lo logre podrá abordar una preocupación primordial el derecho de las personas a la seguridad y la obligación del Estado de garantizarla y contribuir a frenar el retroceso democrático mostrando que, para variar, la democracia puede dar resultados. Taraciuk Broner es directora del Programa sobre Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano. Anteriormente fue subdirectora de la División de las Américas de Human Rights Watch y ha cubierto la situación en Venezuela desde 2008. “POCOS SE DETIENEN a preguntarse si los avances contra el crimen (en El Salvador) son sostenibles o a calcular los costos para la democracia y las libertades civiles”, comenta Taraciuk. En la foto, la localidad salvadoreña de Apopa durante elejemplos para ver cómo se lograron los resultados. Los avances de GuatemalaGuatemala fue uno de los países más violentos de la región a principios de la década de 2010, pero desde entonces ha experimentado una reducción progresiva de la violencia letal. En 2009 la tasa de homicidios fue de 45,6 por 100.000 habitantes, alcanzó un mínimo histórico de 16,7 en 2023, aunque persisten muchos problemas, como la violencia contra las mujeres y el narcotráfico. El país logró esto mediante el fortalecimiento institucional, el aumento de la capacitación y el equipamiento, y la sustitución del enfoque caso a caso de los fiscales por investigaciones dirigidas a las estructuras criminales. Paralelamente, el gobierno implementó un programa social llamado “escuelas abiertas”, que amplía el horario extraescolar ypermite a los jóvenes pasar tiempo en un entorno seguro, lo que limita su exposición a las organizaciones criminales.
Los fiscales y la policía guatemaltecos siguieron investigando los homicidios de manera estratégica a pesar de la división política del país, el desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la persecución de los funcionarios de justicia que investigaban delitos políticamente sensibles, muchos de los cuales fueron procesados o forzados al exilio. El caso de So PauloSo Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, alcanzó un peak de 52,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2000. Esa tasa bajó a 6,1 en 2018 y se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, con una tasa de 7,8 en 2023.
La mayoría de los cambios de políticas públicas para mejorar la seguridad y reducir los homicidios comenza-ron en 1995 y continuaron a lo largo de dos gobiernos sucesivos del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB). Un factor clave fue el departamento de policía civil, responsable de investigar los homicidios en los que se desconocía el autor.
En 2001, un plan para investigar los homicidios cometidos por reincidentes hizo que el número de asesinos encarcelados se multiplicara por siete, y las tasas de resolución de casos alcanzaron el 65% en 2005, mientras que la unidad responsable de asesinatos en masa y homicidios múltiples alcanzó una tasa de resolución del 95% en 2003. Las autoridades invirtieron en sistemas de información para rastrear los homicidios, lo que les permitió asignar mejor los recursos y el personal. Dado que alrededor del 67% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, otras medidas se centraron en confiscar y destruir estas armas. Vale la pena señalar que, si bien los homicidios disminuyeron, laHoy, resulta difícil hablar de seguridad pública en América Latina sin hablar de El Salvador y su Presidente, Nayib Bukele. En una región donde la delincuencia es cada vez más preocupante y los grupos del crimen organizado están ampliando su alcance en muchos lugares, El Salvador destaca. Bajo la dirección de Bukele, las tasas de homicidios y extorsiones del país se han desplomado, y barrios enteros, antes dominados por bandas armadas, ahora son seguros para que los residentes puedan caminar por ellos.
Pero esos resultados han tenido un costo aterrador: decenas de miles de personas encarceladas sin el debido proceso, un estado de excepción que se prolonga constantemente y una aguda concentración de poder debido a la inexistencia de controles y contrapesos. Pocos se detienen a preguntarse si los avances contra el crimen son sostenibles o a calcular los costos para la democracia y las libertades civiles. Y El Salvador no es el único caso que sugiere que, cuando se vive con miedo, los ciudadanos latinoamericanos están cada vez más dispuestos a sacrificar derechos a cambio de seguridad. Según Latinobarómetro, el porcentaje de personas en nuestra región dispuestas a aceptar un gobierno no democrático si este resuelve sus problemas aumentó del 46% en 2016 al 51% en 2023.
Mientras los políticos de toda la región hacen dudosas promesas de implementar políticas de mano dura al estilo de Bukele en sus países de origen, vale la pena preguntarse: ¿ existe una alternativa viable para América Latina hoy? ¿ Se puede mejorar la seguridad pública sin un costo masivo para los derechos individuales? La respuesta es un sí tentativo.
Ningún modelo es perfecto o automáticamente replicable, pero en Guatemala, So Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia), una combinación de investigación y castigo efectivos con políticas sociales dirigidas a la inclusión social ha producido resultados tangibles sin comprometer el Estado de Derecho. Vale la pena analizar estos. Se puede mejorar la seguridad sin comprometer los derechos. Veamos los casos de Bogotá, São Paulo y Guatemala. { ANÁLISIS } estado de excepción.