Informe del INDH detecta poco avance de plan de emergencia para asentamientos irregulares y cambio de criterio judicial en desalojos
Informe del INDH detecta poco avance de plan de emergencia para asentamientos irregulares y cambio de criterio judicial en desalojos El cuarto capítulo del Informe Anual de Derechos Humanos 2024 del INDH, “Derecho a la Vivienda Adecuada: Adecuada: Asentamientos Informales, revisa los criterios de desalojos aplicados por las autoridades e indica que 9 mil hogares se encuentran enfrentando una situación inminente de esta naturaleza. Justamente esta semana la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo de una toma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, con un plazo hasta el 27 de lebrero.
El cuarto capítulo del Informe Anual 2024 deI Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se titula Derecho Derecho a la Vivienda Adecuada: Asentamientos Informales y en 68 páginas expone el lento avance del plan de emergencia que fue diseñado para abordar la crisis habitacional. Su expresión más elocuente es que hay más de 70 mil hogares que aún se encuentran repartidos repartidos en mii 432 campamentos o asentamientos informales. informales.
Veriticando el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho a la vivienda adecuada, el capitulo recurre a las siete dimensiones fijadas en 1991 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Culturales de la ONU. Se trata de la seguridad jurídica en la tenencia, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural y disponibilidad de servicios. En particular, destacamos el primero de estos estos conceptos. En efecto, el capitulo observa que la seguridad jutidice jutidice de la tenencia no está garantizada. Pese a los esfuerzos esfuerzos del Ministerio de Vivienda a fin de agilizar la radicación radicación de los asentamientos o su reubicación, la respuesta respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.
Además, el Estado aún no incorpora normas que aseguren cumplir cumplir estándares de DD, HH. en eventuales desalojos, algo de especial valor, porque en el corto plazo estas acciones acciones afectarían a más de 9 mil familias.
Al revisar el porcentaje de hogares en campamentos campamentos ante el total de hogares por región, las que concentran concentran la mayor proporción son Tarapacá (7,2%) y Atacama Atacama (4,8%). Según datos del Ministerio de Desarrollo Social de 2021. el 58,3% se ubica en terrenos fiscales, 32% en privados y 9,5% en mixtos. De acuerdo a la Encuesta Casen 2022,48% de las personas en campamentos campamentos está bajo la línea de la pobreza, versus el 7% a nivel nacional.
Derechos de propiedad De todos modos, el capítulo insiste en que el alza de campamentos puso de relieve la necesidad de analizar la afectación del derecho a la propiedad de los titulares de los terrenos donde hay asentamientos.
El país tiene mecanismos para resguardar el derecho de propiedad y que los dueños puedan obtener su restitución cuando otras personas se lo apropien indebidamente, Pero se recuerda que hoy no existe un marco regulatono regulatono que permita conciliar el resguardo de este derecho y el respeto de los estándares de DD.HH. de las personas personas en campamentos ante posibles desalojos.
De hecho, la ley 21.633 de noviembre de 2023 regula regula el delito de ocupación ilegal de inmuebles e introduce introduce la medida cautelar de desalojos, que permite tanto al Ministerio Público como a la víctima solicitar esta medida medida con auxilio de la tuerza pública. Aunque la ley tiene excepciones sobre los campamentos catastrados por el Ministerio de Vivienda hasta 2024 para aplicar medidas medidas privativas de libertad, no excluye el desalojo. Decisiones de tribunales Además, el capitulo expone que algunas Cortes de Apelaciones del país ya se han pronunciado sobre los desalojos por denuncias ingresadas antes y después de la entrada en vigencia de la ley. Mayormente, acogen aplicar esta medida y, en general, sus resoluciones no se refieren a las personas desalojadas para ver sitienen sitienen alternativas de vivienda o a los estándares de DD.HH. aplicables.
Es más, el capitulo analiza los pronunciamientos judiciales a raíz de recursos de protección y concluye que, desde noviembre de 2022, la Corte Suprema ha ordenado el retiro de los ocupantes irregulares y si no se cumple esta orden en el plazo de seis meses, instruye instruye a las autoridades pedir el auxilio de la fuerza pública. pública. Se trata de un cambio en el criterio jurisprudencial en relación a las decisiones previamente adoptadas.
El Informe del INDH indica que la falta de estándares estándares en el derecho interno, como por ejemplo la entrega de alternativas y Otras medidas de coordinación íntersectorial, no sólo amenaza la protección de los derechos derechos de las personas de los asentamientos. También, dificulta que el Estado proteja el derecho de propiedad de los dueños de los terrenos. Esto deviene en que ante la falta de soluciones habitacionales, las personas personas tienden a ocupar los mismos sitios o instalarse en las cercanías. Cifras de desalojos El capítulo presenta algunos datos sobre desalojos. Entre el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de mayo de 2024, se efectuaron 67 aplicado la iey 21.633.
El Ministerio Ministerio de Vivienda indica que, tras la aplicación de distintas distintas normativas, a junio de 2024, hay 21 campamentos catastrados con orden pendiente de desalojo, afectando afectando a una población estimada de 9 mil hogares. El Ministerio Ministerio dice que “no cuenta con presupuesto, ni con un mecanismo administrativo adecuado para la atención inmediata de estos casos si se producen los desalojos previstos en el corto plazo.
Plan de Emergencia Además, el capitulo indica que acorde con las recomendaciones recomendaciones internacionales de DD.HH. el Estado a través del Programa de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda se propuso fortalecer las estrategias estrategias de radicación de los asentamientos mediante su urbanización o desarrollando nuevos proyectos en los terrenos donde están o en lugares cercanos, Pero pese a la intención de agilizar la respuesta, desde marzo de 2022 a julio de 2024, sólo 3,4% de los hogares en campamentos ha sido beneficiado con un subsidio habitacional. Es más, entre enero de 2022 y junio de 2024,2 mii 890 hogares (4% de los que viven en asentamientos informales) han logrado acceder a una solución habilacional mediante subsidios. Si se compara con años anteriores, es superior al período 20182021, pero inferior al 20142017. Junto con los lemas de propiedad, el capítulo menciona menciona Otro especialmente relevante. El Ministerio de Vivienda Vivienda identificó 889 amenazas que afectan a distintos campamentos a nivel nacional, como remoción en masa, tsunamis, incendios forestales, amenazas antrópicas antrópicas e inundaciones. Y según un examen que hizo Techo Chile en 2023, se estima que 91,3% de los campamentos campamentos del país se encuentra expuestos, por lo menos, menos, a una de estas amenazas. Informe del INDH detecta poco avance de plan de emergencia para asentamientos irregulares y cambio de criterio judicial en desalojos.