Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.
La ejecución de la reforma previsional requiere cientos de regulaciones de la Superintendencia de Pensiones
La ejecución de la reforma previsional requiere cientos de regulaciones de la Superintendencia de Pensiones E ntre quienes lideran los perintendencia de Pensioequipos técnicos de la Su nes que están más involucrados con la reforma previsional, la antigüedad en la institución puede contarse a veces en décadas.
Y “la tercera fue la vencida” para la mayoría de los funcionarios que han dado soporte técnico tanto a las propuestas fallidas para reformar el sistema de pensiones, como la que acaba de aprobar el Congreso. El desafío no termina ahí. Cerca de cien materias a regular quedaron pendientes tras la discusión legislativa, algunas de las cuales empiezan a operar dos meses después de publicada la ley, y otras de aquí a dos años. Con esos fines, ya está operando un Comité de Implementación liderado por los ministerios del Trabajo y de Hacienda, que coordina la Subsecretaría de Previsión Social. También participan la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Tesorería General de la República. Las líneas de trabajo se dividen entre las materias de carácter operacional, tecnológicas, normativas y comunicacionales. Pero la prevalencia de la superintendencia en todo el trabajo técnico es abrumadora, ya sea por su papel en la regulación de nuevos elementos del sistema o en la modificación a normas vigentes. En la entidad dicen estar bien preparados, por varios motivos: conocen al detalle la ley aprobada, y varios de los modelos y propuestas se vienen trabajando desde hace años en infinidad de borradores. Además, en los últimos cinco años aprendieron a actuar en corto tiempo tras procesos complejos como la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los tres retiros de ahorros previsionales. Eso sí, reconocen que esta reforma supone abarcar una mayor cantidad de aristas en forma simultánea. 1Desafío inmediato. Enfunción de los plazos que establece el texto legal, existen al menos tres desafíos que obligan a una reacción rápida. A partir del segundo mes desde que se publique la ley, empieza a regir el nuevo seguro de lagunas previsionales. Esa norma flexibiliza el uso de los recursos del seguro de cesantía para activar una cotización cuando el beneficiario quede sin empleo. Es una de las tareas so-LA INSTITUCIÓN ES UNA PIEZA CLAVE DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN QUE YA ESTÁ OPERANDO:var las transferencias en cuestión. 3Régimen de inversión. El reto a más largo plazo, pero donde mayor injerencia tiene la superintendencia, es el régimen de inversión. La reglamentación debe estar lista un año y medio después de publicada la ley, pero entra en vigencia siete meses después, junto con los nuevos fondos generacionales, que reemplazan a los multifondos. La ley establece que serán “a lo menos 10”, pero debe definirse. En el mismo plazo deben estar definidas las carteras de referencia en función de las cuales se aplicarán premios o castigos a las administradoras, por su rentabilidad. La ley exige que deben definirse en función de estudios internacionales, pero ya se está trabajando en los términos de referencia para dichos estudios. En la práctica, además, considerando que la normativa debe ponerse en consulta pública y su posterior revisión, el régimen debe estar definido prácticamente doce meses después de publicada la ley. En todo caso, los equipos ya han estado en contacto para recopilar experiencia de países como Reino Unido y México, que han implementado este esquema. 4Licitación de stock. Esun tema complejo y que se tiene a la vista, pero se implementa en el largo plazo. El mes 29 desde aprobada la ley se hace el llamado a la primera licitación del stock de afiliados, pero a los 12 meses ya debe nombrarse un consejo asesor en la materia. Sobre la transferencia de activos del proceso, creen enZEÁBEPILEFla entidad, será clave la experiencia previa de la transición a fondos generacionales. De todos modos, la mirada de los equipos técnicos es que la mayoría de los activos involucrados en el proceso son fácilmente transables. 5Más supervisión. Ac-tualmente, en la Superintendencia de Pensiones hay 252 funcionarios, y el informe financiero de la ley permite la contratación de 20 más. El fortalecimiento institucional es relevante, pues entran a su ámbito de supervisión las entidades autorizadas para competir en la inversión, como AGF no bancarias, cajas de compensación y cooperativas. También deben aplicar la regulación que norma a las AFP para el IPS, en cuanto a su rol de administrador de cuentas subcontratado. También se establece que las compañías de seguro pasan a su fiscalización directa en cuanto al pago de pensiones. Todo el nuevo pilar que establece el “seguro social”, junto con el FAPP que gestiona parte de las cotizaciones, también amplía el perímetro fiscalizador. 6Reto comunicacional. Enla División de Atención de Usuarios han constatado un incremento de 17% en las consultas del canal telefónico después de que se aprobó la reforma en el Congreso. La mayoría de las consultas, dicen, ha sido de parte de pensionados en torno al alza de la PGU y de su pensión. También de empleadores y, en menor medida, trabajadores, respecto de sus cotizaciones y períodos cotizados.
Está pensado incorporar como tema principal en el Plan de Educación Previsional de la institución la reforma, con eventos virtuales y presenciales en todas las regiones del país. bre la cual ya se están redactando oficios y normas.
El segundo reto más próximo son los cambios al Consejo Técnico de Inversiones (CTI), clave para el diseño del régimen de inversión del sistema, donde se va a incorporar un nuevo nombramiento del Banco Central en reemplazo del que actualmente representa a las AFP. Este cambio se activa al tercer mes desde publicada la ley, para lo cual ya se están iniciando conversaciones con el instituto emisor. El calendario también supone un esfuerzo relevante en mate-ria de coordinación interna, que está a cargo de la División de Desarrollo Normativo. 2Seguro social y benefi-cios. En toda la implementación, la prioridad es que los nuevos beneficios de la reforma se entreguen en tiempo y forma.
El primer hito en esta materia es que al quinto mes se entera la primera cotización al “seguro social”, administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Un mes después se activa el primer grupo de beneficia-rios de la PGU reajustada a $250.000 (mayores de 82 años), y cuatro meses después de eso se ejecutan los aportes contributivos: la garantía por años cotizados y la compensación por expectativas de vida para mujeres. Los reglamentos que rigen dichos aportes son tarea del Ejecutivo, pero requieren la mirada de la superintendencia.
Tienen que estar emitidos antes de la vigencia de los beneficios, pero ya se está trabajando con las entidades reguladas en materia de transferencia de información y otros desafíos que supone acti-. Los equipos técnicos ya están abocados a los desafíos más próximos, como el nuevo seguro de lagunas previsionales y los beneficios del “seguro social”, pero también se preparan para uno de los retos a mediano plazo: el nuevo régimen de inversión, fondos generacionales y carteras de referencia.
LA INSTITUCIÓN ES UNA PIEZA CLAVE DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN QUE YA ESTÁ OPERANDO: La Superintendencia de Pensiones opera hoy con 252 funcionarios, y podría aumentar su dotación con 20 personas más con la reforma de pensiones. Este equipo está a cargo de revisar casi un centenar de normativas y regulaciones para la implementación de los cambios al sistema.
