Empresariado pide agilizar proyecto que pone fin a la permisología en último año de Boric
Iniciativa busca reducir en un 30% tiempos de tramitación Empresariado pide agilizar proyecto que pone fin a la permisología en último año de Boric Si se alcanza un acuerdo, la iniciativa podría pasar a sala del Senado durante abril. En los gremios advierten que, mientras más se demore la ley, más se postergan las inversiones.
María José Giménez y Pablo Reyes 1 proyecto de ley de “permisología” —que busca reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales— avanza en el Senado en medio de un fuerte llamado del mundo empresarial para que se apruebe con urgencia. Los gremios coinciden en que el país necesita destrabar la inversión y que eso no ocurrirá hasta que la ley esté vigente.
Pese a que valoran los acuerdos alcanzados hasta ahora y reconocen el trabajo de las autoridades, los representantes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) han sido enfáticos: no basta con el ritmo que se ha llevado la discusión parlamentaria. Si esta se sigue extendiendo, advierten, las consecuencias se seguirán sintiendo en proyectos detenidos, empleos congelados y oportunidades perdidas. “Es importante que este proyecto se apruebe lo antes posible, pues los beneficios de sus disposiciones se empezarán aencarnar enunos2o3 años después de su aprobación", dijo Javier Irarrázabal, director de Políticas Públicas de la CPC.
En el mismo tono, el presidente de Sonami, Javier Riesco, recordó que “hoy los proyectos de gran minería demoran alrededor de 12 años para ser aprobados, y los de mediana minería 6 años”. Para el gremio minero, la ecuación es clara: “Necesitamos que la tramitación de permisos sea más expedita”. El presidente de la CCHC, Alfredo Echavarría, destacó los avances en el proyecto, pero advirtió que “su real efectividad pasará en gran parte por su posterior reglamentación e implementación a nivel de servicios”. El gremio ha sido uno de los más insistentes en que el nuevo marco legal debe tener efectos prácticos y no quedarse en el papel. Sofofa también valoró que el texto legal considere propuestas del sector privado. “Valoramos el avance del proyecto de ley que establece un sistema de autorizaciones sectoriales”, sostuvo Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas del gremio.
Los ajustes que exigen los gremios Aunque el Ejecutivo logró consensos para permitir la tramitación paralela de permisos —uno de los principales cambios estructurales del proyecto—, los gremios subrayan que aún hay tres temas fundamentales sin resolver: la aplicación de declaraciones juradas como alternativa a permisos, la precisión sobre los plazos fatales para los organismos públicos, y la invariabilidad regulatoria. Jorge Riesco, presidente de SONAMI; ” Rodrigo Mujica, Director de Politicas Publicas SOFOFA; Javier Irarrázabal, director de políticas publicas CPC; Alfredo Echeverría, presidente de CChC. Sobre esto último, la preocupación es transversal.
“Los principales temas en los que hay discusión son la extensión de las técnicas habilitantes alternativas a otras categorías de permisos no contempladas en el proyecto original y la invariabilidad regulatoria en los requisitos para obtener los permisos una vez que un proyecto comienza su tramitación”, insistió Irarrázabal, desde la CPC. Echavarría apuntó que una de las herramientas más prometedoras del proyecto es que “establece la posibilidad de sustituir autorizaciones sectoriales por técnicas habilitantes alternativas”, lo que permitiría alivianar la carga de los organismos públicos.
Sin embargo, advirtió que se requiere más ambición: “Nos preocupa que respecto a los proyectos de reforma al Sistema de Evaluación Ambiental y del Consejo de Monumentos Nacionales no se esté avanzando en la misma línea”, planteando que allí están los nudos más complejos para los nuevos proyectos. En Sofofa también observan con atención el diseño institucional.
Mujica, recalcó en los aspectos clave que quedan por mejorar: “ El procedimiento para definir proyectos prioritarios debe ser más predecible y transparente, y la adecuada coordinación con la futura Agencia de Calidad de Políticas Públicas en los mecanismos de mejora regulatoria El pulso del proyecto en el Senado Desde la Comisión de Economía del Senado —donde el proyecto retomó su discusión el miércoles 19 de marzo, tras una jornada suspendida el día anterior— también reconocen la urgencia, aunque con reparos técnicos.
El presidente de la comisión, senador Rojo Edwards (PSC), advirtió que uno de los puntos críticos aún no resueltos es la falta de una cláusula sólida de invariabilidad regulatoria: “que asegure a los inversionistas que las normas no cambiarán durante los extensos procesos de tramitación, lo que hoy genera alta incertidumbre”. El senador Gastón Saavedra (PS) agregó que uno de los puntos que podría atrasar el proyecto no es solo normativo, sino estructural: “Hay principios que permiten que se organice de forma distinta todo lo que son las diferentes instituciones del Estado por las que tiene que pasar un permiso de inversión”. A esto sumó la necesidad de resolver el problema del “silencio administrativo” y la creación de una entidad que coordine los procesos: “Va a permitir agilizar y resolver los problemas que hoy día se han transformado prácticamente en insólito para cuando una persona natural quiere hacer una inversión en Chile”. Uno de los puntos de mayor tensión es el uso de Decretos con Fuerza de Ley (DFL) por parte del Ejecutivo. “Desde la Comisión exigimos que se pongan límites a esta facultad, con el objetivo de resguardar el rol del Congreso en la toma de decisiones regulatorias”, planteó Edwards.
Saavedra, por su parte, hizo un llamado a no entrampar la discusión: “Espero que efectivamente no se dilate, se trate con prontitud, a pesar de que nos encontramos justo en el proceso de cambio de componentes de las comisiones y del cambio de la mesa del Senado”.