Editorial: Malos olores
Editorial: Malos olores L os episodios de malos olores en Chillán y Chillán Viejo no son una novedad ni un fenómeno aislado de cada verano.
Se trata de un problema de larga data, reiterado, ampliamente documentado y profundamente arraigado en la experiencia cotidiana de miles de vecinos, que ven alterada su calidad de vida sin que, hasta ahora, exista una solución estructural y definitiva.
Cada año, con la llegada de las altas temperaturas y ciertas condiciones de viento, la historia se repite: hedor persistente, denuncias ciudadanas, anuncios de fiscalización y, finalmente, una sensación de impotencia frente a un problema que nunca termina de resolverse. Las recientes reuniones y coordinaciones entre autoridades comunales, regionales y servicios públicos dan cuenta de un esfuerzo intersectorial que es necesario reconocer.
Sin embargo, también dejan en evidencia una falencia histórica en la fiscalización efectiva de todas las fuentes emisoras, así como la limitada capacidad del Estado para anticiparse y prevenir estos episodios, en lugar de reaccionar una vez que el daño ya está hecho. El diagnóstico es claro: los malos olores responden a un escenario multicausal, donde confluyen plantas de tratamiento de aguas servidas, actividades agroindustriales, manejo de residuos y planteles pecuarios, muchos de ellos operando de manera simultánea. No obstante, que el problema sea complejo no puede transformarse en una excusa para la inacción o la lentitud. La ciudadanía no exige imposibles, sino certezas mínimas de control, fiscalización y sanción cuando corresponda. En este contexto, el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resulta clave. Es el organismo llamado a fiscalizar el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental, investigar denuncias y aplicar medidas correctivas y sancionatorias. El marco regulatorio vigente, basado en el debido proceso y en sanciones graduales, busca equilibrar la actividad productiva con la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Pero ese equilibrio solo es legítimo si la fiscalización es rigurosa, constante y transparente. De lo contrario, se instala la percepción, justificada, de que incumplir resulta más rentable que prevenir.
Los municipios, la Seremi de Salud, la SISS, el SAG y la propia SMA tienen atribuciones especificas, pero el desafío está en que esa coordinación se traduzca en resultados concretos y sostenibles, no solo en comunicados o mesas de trabajo. Chillán y Chillán Viejo no pueden seguir normalizando vivir entre malos olores como si fuese el costo inevitable del desarrollo. La calidad de vida no es un lujo ni una aspiración abstracta: es un derecho.
Y su resguardo exige una fiscalización ambiental más robusta, con recursos suficientes, decisiones oportunas y una señal clara a los emisores: en Ñuble, contaminar, aunque sea con olores, no puede seguir siendo tolerado.. El diagnóstico es claro: los malos olores responden a un escenario multicausal, donde confluyen plantas de tratamiento de aguas servidas, actividades agroindustriales, manejo de residuos y planteles pecuarios, muchos de ellos operando de manera simultánea. No obstante, que el problema sea complejo no puede transformarse en una excusa para la inacción o la lentitud. La ciudadanía no exige imposibles, sino certezas mínimas de control, fiscalización y sanción cuando corresponda. EDITORIAL