Autor: J. A.

El rol de las ONG y los “dos mil días” de retraso para los trámites ambientales en la justicia
De acuerdo al director de Greenpeace Chile, este es el tiempo mínimo en que puede retrasar un proyecto si tiene dudas sobre sus estándares de contaminación. En el mundo empresarial esperan que se reduzcan los espacios de discrecionalidad.
Aunque el Ejecutivo está impulsando modificaciones relevantes para estandarizar criterios de evaluación y reducir la “permisología” en los trámites ambientales y no ambientales, uno de los ejes de mayor incerteza para el sector privado es la judicialización. Además de las solicitudes de información y las demoras para obtener una autorización, los proyectos de inversión están sujetos a reclamaciones judiciales en distintas instancias que complejizan las certezas en torno a su ejecución.
Un caso emblemático es el proyecto minero-portuario Dominga, que ha sido objeto de dos reclamaciones judiciales para contravenir el criterio del Comité de Ministros, en un proceso que ha De las reclamaciones admisibles en tribunales ambientales en el primer semestre, un 37% fueron presentadas por organizaciones de la sociedad civil. COSTOS A junio, las causas pendientes en tribunales ambientales sumaban US$ 9.833 millones. Arista judicial de la “permisología”: extendido su tramitación ambiental por más de diez años (ver nota principal). Pero no es el único caso.
De acuerdo a un informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), hasta el primer semestre de este año, el stock de reclamaciones vinculadas a proyectos de inversión esperando una sentencia en Tribunales Ambientales sumaba un total de 46 causas, por un monto total de US$ 9.833 millones. Del total de causas declaradas admisibles, un 37% fueron reclamadas por organizaciones de la sociedad civil, un 36% por personas naturales, un 18% por empresas y un 9% por municipios.
“Dos mil días” En este contexto han vuelto a cobrar relevancia las palabras de matías Asún, director de Greenpeace Chile, que —a principios de año— graficó el impacto de la arista judicial de la “permisología”. “Yo al menos tengo 56.000 socios donándome, lo que me garantiza poder judicializar cualquier cosa que me parezca que destruye el medio ambiente”, dijo en el marco de la discusión legislativa de los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la Cámara de Diputados.
“En términos prácticos, yo más o menos garantizo que puedo agregar unos 2.000 días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación”, dijo, para argumentar a favor de incorporar criterios comunes, pero más exigentes, que eviten este tipo de disputas judiciales. En base a estas declaraciones, el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, subraya que “los países llegan a acuerdos para establecer cuándo y bajo qué condiciones se pueden desarrollar los proyectos de inversión. Existen servicios públi COS a cargo y procedimientos idóneos para estas tramitaciones, así como mecanismos para solucionar las diferencias que surjan.
Ninguna persona ni organización tiene la legitimidad para operar al margen de este sistema de autorizaciones que soberanamente se ha dado el país, ni para usarlo de mala fe”. a sujuicio, la respuesta institucional que se pueda dar a través de las reformas al SEIA y al sistema de autorizaciones sectoriales puede ser clave para darles mayor transparencia a estos procesos.
En la misma línea opina el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, quien prefiere no opinar sobre el rol de las ONG, pero plantea que “el Servicio de Evaluación Ambiental hace lo que puede, en realidad, para ordenar este proceso; dicta guías, las guías se superponen unas a otras, y al final el sistema como que se ha ido construyendo un poco a tropezones, pero la falla de origen se mantiene.
Es decir, tenemos entregadas una serie de facultades de revisión de proyectos muy complejos a una serie de funcionarios cuyas competencias y cuyos medios no son los suficientes para hacer esas revisiones”. No solo en la minería tienen reparos sobre las atribuciones que pueden tener este tipo de entidades en lo relacionado con proyectos de inversión.
El gerente general de la pesquera Camanchaca, Ricardo García, sostiene: “tengo mucho respeto por muchas ONG que tienen un buen propósito y un financiamiento limpio, pero también es cierto (... ) que hay ONG “truchas”, que buscan intereses que no son de los chilenos, intereses de paralizar el desarrollo y el progreso de Chile, y eso tiene que ser transparentado, tiene que ser expuesto para que la gente sepa lo que hay detrás”.