Editorial: Costo humano de la seguridad
Editorial: Costo humano de la seguridad iete días de impunidad y una familia destruida. Un niño de siete años que no volverá a ver a su padre despierto.
El sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, de 36 años, yace en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Puerto Montt, con diagnóstico de muerte cerebral, baleado por fiscalizar el consumo de alcohol en Puerto Varas.
La crudeza del parte médico choca con el costo humano que el análisis táctico y político tiende a invisibilizar, en medio además de una avalancha informativa que obliga a cambiar el foco permanentemente con distintas urgencias. Detrás del uniforme atacado en la madrugada del 11 de marzo hay una víctima que desnuda la vulnerabilidad de quienes resguardan la cuenca del lago Llanquihue. Hoy Chile y la región observan con extrema alarma la desensibilización de la sociedad frente a la violencia. Normalizar el homicidio como método para evadir la ley destruye el tejido social básico de cualquier ciudad. El impacto psicológico del ataque permea además la moral de las dotaciones en todo el territorio. Los compañeros de Figueroa deben recorrer el mismo asfalto hostil sabiendo que la protección estatal es feble.
Como advirtió el ex PDI y experto en crimen organizado, Emilio Garrido, la realidad exige cambiar los paradigmas de intervención, pues los "procedimientos mal llamados 'rutinarios', como fiscalizaciones por consumo de alcohol o desarmado de rucos, deben ser adoptados bajo el más alto estándar de seguridad". En esta línea, el reciente anuncio para clausurar cruces irregulares e instalar cámaras en la faja ferroviaria lacustre, acordado entre EFE y el municipio, es una intervención urbana que va en una línea correcta. Se trata de una reacción innegablemente necesaria, pero trágicamente tardía ante el histórico abandono de los espacios públicos. La Región de Los Lagos demanda resultados contundentes de una investigación hoy bajo absoluta reserva. Respaldar a quienes enfrentan el crimen requiere tecnología, superioridad numérica en las calles y leyes implacables. El Estado debe garantizar justicia inmediata para que el dolor de los deudos no se multiplique con el silencio cómplice de la impunidad. S. El ataque al carabinero obliga a cuestionar la falta de resguardo táctico en operativos que históricamente han sido de baja complejidad. E Editorial