Autor: Marcelo González Cabezas

Reforma a las pensiones, un problema de Derechos Humanos
Reforma a las pensiones, un problema de Derechos Humanos La Universidad Diego Portales lanzará mañana un nuevo Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, iniciativa que cumple más de dos décadas. Y entre los varios temas que abarca el texto, hay uno de suma contingencia y que ha copado la agenda durante mucho tiempo: se trata del sistema de pensiones.
El capítulo respectivo fue titulado “Reforma al sistema de pensiones en Chile. ¿Deuda incobrable?”, y lo escribieron Javiera Arteaga (ingeniera comercial y magíster en Economía de Recursos Naturales y del Medioambiente de la U. de Concepción) y Senead Barrera (abogada de la U. de Chile y magíster en Derecho Internacional de los DD.HH. de la UDP). Las autoras analizan el estado de discusión actual del proceso de reforma de pensiones del Gobierno (ver recuadro), tomando como referencia el balance hecho al sistema de seguridad social de pensiones de vejez contenido en el Informe 2022. A la vez, identifican grandes temáticas presentes en el debate legislativo y político, desde una perspectiva económica de los problemas estructurales del mercado del trabajo, y del financiamiento del sistema.
Y entre varias recomendaciones que efectúan, resalta la que indica que hay que corregir los problemas estructurales del mercado del trabajo, adaptándose a los nuevos fenómenos y/o tendencias que presionan la fuerza laboral en Chile, abordando soluciones orientadas a reducir la informalidad laboral y las brechas salariales, desarrollando un sistema de protección social amplio con foco en las presiones y discriminaciones sobre las mujeres trabajadoras, especialmente en lo referido a los cuidados dentro del hogar o remunerados. También plantean como esencial el hecho de que hay que adoptar una política integrada de protección social, cuya meta sea incrementar el nivel de bienestar de la población.
Y enfatizan en la necesidad de crear mecanismos de participación informada y significativa para las y los afiliados tanto en sus decisiones de inversiónEl diagnóstico de que el sistema de pensiones debe ser reformado está claro hace años, pero han pasado varios gobiernos y no se concretan los cambios. / AGENCIAUNOReforma en larga discusión. El Gobiernoespera que a más tardar en enero de 2025 el proyecto se apruebe en el Senado y pase a tercer trámite en la Cámara Baja. Informe universitario. La UDP analizó elsistema desde esa perspectiva en el marco de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. CIFRA2.028.170 Personas recibieron la PGU en abril de esteaño.
En Chile el 70% de las pensiones son financiadas por el Estado a través de este mecanismo, lo que da cuenta de la baja incidencia del aporte personal. como en el régimen de rendición de cuentas y fiscalización de los actores privados y públicos a cargo de los fondos de pensiones. Análisis en profundidadLa abogada Senead Barrera explica que “el sistema actual contempla algunos elementos esenciales del derecho a la seguridad social que establece el derecho internacional de los De-rechos Humanos, tales como disponibilidad y accesibilidad. En principio, hay disponibilidad universal al existir planes sin discriminación y de cobertura a lo largo del país.
Pero el capítulo del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2024 muestra que las brechas de cumplimiento del Estado se encuentran principalmente en la dimensión de nivel suficiente de pensiones, es decir, son demasiado bajas para la gran mayoría de la población. Y sigue la diferencia de pensiones entre hombres y mujeres. Esos elementos han sido observados de forma sistemática por los órganos de tratados de la ONU. Y si bien la PGU es reconocida como un avance, tanto por la ONU como por la OCDE, aún no se cumple el requisito de suficiencia de las pensiones en Chile.
Finalmente, hay una brecha en relación con la participación de los afiliados y las afiliadas, que sonpropietarios de los fondos, en la administración de las AFP, que causa el efecto de que no están representados en la toma de las decisiones de los dueños de estas empresas, a pesar de ser los inversionistas del sistema”. ¿Creen factible que se concreten las recomendaciones del artículo, que exigen grandes acuerdos, considerando lo polarizado y fragmentado que está el mundo político?_Atendida la fragmentación que usted menciona, pensamos que unos acuerdos son más fáciles que otros. Hay consenso, al parecer, sobre el cambio a fondos generacionales y el fortalecimiento de la fiscalización. Pero otros puntos que serían necesarios para cumplir con las obligaciones internacionales, suscitan disenso.
En todo caso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están obligados por los tratados internacionales Las y los parlamentarios debieran entonces asegurar que el sistema de pensiones cumpla con los criterios que el capítulo resume. ¿Cómo influye la mentalidad individualista que impera en este tema? Las encuestas muestran que la gente quiere que el eventual 6% extra vaya directo a las cuentas individuales_En nuestra opinión, la “men-CONGRESOEn qué está el proyecto de leyFue en noviembre de 2022 cuando el actual Gobierno presentó al país y al Congreso su propuesta de Reforma Previsional, que busca mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, con especial atención en asegurar condiciones más dignas para las mujeres. Tras varios ajustes y modificaciones, en el Senado se negocia un acuerdo amplio que permita aprobarla antes de enero de 2025 y pase así a tercer trámite.
“Terminaremos con el sistema de las AFP, reemplazando el DL3500 por un nuevo sistema de seguridad social que asegure una pensión mínima de $250.000 para todas y todos los mayores de 65 años, incluyendo a las y los 2,2 millones de actuales jubilados.
También vamos a mejorar sustancialmente todas las pensiones, con especial énfasis en las mujeres y las pensiones más bajas, respetando siempre el dinero ahorrado por las personas”, indica el Programa de Gobierno que llevó a La Moneda al actual mandatario. “Tenemos que lograr sacar adelante la reforma de pensiones.
Seguro a cada uno de ustedes, a cualquier lugar que va, una persona mayor les dice lo difícil que es llegar a fin de mes o el costo de la vida y la injusticia que después de haber trabajado toda la vida no poder tener condiciones dignas para vivir”, les dijo Gabriel Boric hace poco a sus 24 ministros en un Consejo de Gabinete.
Sobre el discutido 6% de cotización adicional, ahora se propone la siguiente división: 1% para un seguro que iguala las pensiones entre hombres y mujeres, 2% para un aporte que se devolverá al trabajador al jubilarse y 3% para aumentar los ahorros en la cuenta individual.
“Es necesaria una labor de educación en materia de Derechos Humanos, además de coherencia de parte de los legisladores a efecto de que los titulares de derechos comprendan la importancia de fortalecer las dimensiones solidarias del sistema de pensiones, para suplir falencias o incapacidades en la continuidad y el monto de las imposiciones”. SEnEad BarrEraAbogada y coautora del capítulo sobre pensiones del Informe sobre Derechos Humanos en Chile 2024 de la UDP. talidad individualista de la gente”, como señala, está condicionada por los problemas estructurales del mercado de trabajo a nivel nacional que presionan a la fuerza laboral, con la consecuencia de que muchas personas dejan de imponerse.
Así, es necesaria una labor de educación en materia de Derechos Humanos, además de coherencia de partes de los legisladores a efecto de que los titulares de derechos comprendan la importancia de fortalecer las dimensiones solidarias del sistema de pensiones, para suplir falencias o incapacidades en la continuidad y el monto de las imposiciones. ¿Ven factible que exista más participación de los afiliados en el sistema, como se propone en el texto?_Sí. En concreto, el estado actual del proyecto de ley considera un fortalecimiento de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. Además, podrían participar en la elección de directores o directoras que deben hacer las AFP en las empresas en las que los fondos se invierten.
En nuestra opinión, sería ideal que se adecúen, por ejemplo, los canales de denuncia o queja de la Superintendencia (de Pensiones), para que esta deba efectuar un análisis razonado de dichas quejas, por ejemplo, en relación al acceso a la información sobre el sistema y las inversiones.. b SEnEad BarrEra