Una ley tributaria incómoda
Una ley tributaria incómoda Si bien la aprobación del proyecto de cumplimiento tri-butario, también conocido como “antievasión”, serápresentada mediáticamente por la administración Bo-ric como un logro, lo cierto es que el contenido despa-chado por el Congreso fruto de un acuerdo alcanzado con laoposición dista diametralmente de la propuesta original delGobierno y debe generar incomodidad entre los grupos másradicalizados del oficialismo. nos parcialmente, corregidos para asegurar el anonimato y evi-tar publicidad, es posible anticipar que la implementación deeste modelo enfrentará problemas prácticos. Lo mismo aplica alas modificaciones que buscan la identificación de los compra-dores en transacciones por sobre 135 UF que utilicen efectivo. La medida implicará, probablemente, trámites adicionales, con un impacto sobre el costo de las transacciones. Para resguardo de la responsabilidad fiscal, sureal impacto recaudador debe ser objeto deescrutinio en la discusión presupuestaria.
En lo esencial, lo aprobado mantiene en sede judicial laaplicación de la norma general antielusión, mientras que al in-terior del Servicio de Impuestos Internos (SII) se formaliza laexistencia de un comité ejecutivo para evaluar si correspondeiniciar las investigaciones en este ámbito. Esto representa unmodelo muy distinto al inicial-mente planteado, en donde sedaban mayores y debatiblesatribuciones al SII, transfor-mándolo en una suerte de juezy parte.
También se mantieneen el ámbito judicial el levanta-miento del secreto bancario, si bien con plazos acotados y unprocedimiento distinto para las investigaciones que involu-cren los delitos más graves, como los vinculados a crimen orga-nizado, donde el Servicio podrá pedir a la justicia el levanta-miento sin que se dé traslado al contribuyente. En cuanto a lagobernanza del SII, se modifica el nombramiento de su direc-tor, eliminando la excepción que hoy permite, en ciertas cir-cunstancias, prescindir de concurso vía Alta Dirección Pública. Además, se constituirán dos comisiones de expertos: el Conse-jo Tributario, que deberá emitir opinión respecto de las circula-res del servicio, y el referido comité ejecutivo, integrado por eldirector y tres subdirectores. En ambos casos, la selección depersonas idóneas e independientes será esencial. Una eventualpolitización de estos comités sería una amenaza para nuestrainstitucionalidad; tampoco sería positivo que estas instanciassirvieran simplemente para diluir responsabilidades respectode las decisiones. En este sentido, la promoción de la nuevagobernanza en función de lo que se observa en otras instancias(Banco Central o CMF) parece al menos discutible. La introducción de la figura del “denunciante anónimo”es un tema delicado.
Si bien algunos de los obvios problemasde incentivos que conlleva esta idea fueron abordados y, al me-No prosperó, en tanto, el intento de introducir cambios enlos impuestos a las donaciones y herencias, tema que había es-tado fuera de los acuerdos y que fue repuesto por el oficialis-mo, recordando la dificultad de la izquierda para contener susreivindicaciones ideológicas.
El episodio, sin embargo, debieraconstituir una alerta cuando el Gobierno ya ha anunciado elenvío en octubre del proyectode reforma del impuesto a larenta, donde el compromiso deque este no implicará un au-mento neto de la carga tributa-ria debe ser escrupulosamentehonrado. En cuanto al proyecto de cumplimiento tributario, unpunto de especial inquietud son las interrogantes respecto desu verdadero potencial recaudador. Cabe recordar que el pro-grama del Presidente Boric asignaba a “Medidas contra la eva-sión y la elusión” un efecto recaudador que alcanzaba el 2,5%del PIB. Ahora, con las modificaciones experimentadas, las es-timaciones de Hacienda apuntan a un aumento en los ingresosfiscales de 1,5% del PIB, equivalente a US$ 4.500 millones.
De-be tenerse presente, sin embargo, que durante los últimos me-ses han existido errores en algunas de las estimaciones de esacartera por ejemplo, las proyecciones de ingresos del gobier-no central de 2024 del Informe de Finanzas Públicas, que debióser corregido, lo que justifica las dudas en este punto. Dehecho, análisis técnicos han catalogado de optimista la referidaproyección, resultado de diversos supuestos, cada uno sujeto acalificaciones. En este sentido, la intención de la autoridad deagregar automáticamente a los ingresos del próximo año US$1.200 millones en el contexto de la próxima discusión presu-puestaria debe requerir la atención y escrutinio parlamentario. El aseguramiento del principio de responsabilidad fiscal, parti-cularmente en un año electoral, pondrá a prueba nuestra insti-tucionalidad económica..