Estado de derecho y acceso a la vivienda
Estado de derecho y acceso a la vivienda O Columna Columna Fernando Bustamante Rodríguez Presidente CCC Valparaíso Estado de derecho y acceso a la vivienda acrisis habitacional que vive Chile es uno de los desafios más complejos y urgentes que enfrentamos como sociedad. Más de 115.000 familias viven hoy en campamentos enel país (cerca de 22 mil en nuestra región), una cifra que se ha cuadruplicado en poco más de una década.
Esta dura realidad que viven miles de personas obedece, entre otros factores, ala falta de respuestas efectivas por parte del Estado, para generar las políticas e instrumentos que aborden a tiempo y eficazmente dichas necesidades de vivienda. Elcaso dela "megatoma" de San Antonio, así como las 520cupacionesilegales con orden de desalojo vigente enel país, evidencian las consecuencias de no abordar a tiempo este problema. Si bien comprendemos y empatizamos con la angustia de las familías que buscan una solución habitacional, las tomas no pueden serel camino.
Enefecto, la ocupación ilegal de terrenos vulnera el derecho de propiedad y afecta a las miles de familias que, con esfuerzo y paciencia, participanenlos programas desubsidio habitacional, cumplen conlas exigencias normativas y trabajan para resultar beneficiados y, finalmente, recibir las llaves de su hogar.
Además, este caso refleja un fracaso del Estado, tanto en lo relativoa haber generado las políticas y adoptado las medidas que abordasen atiempo la necesidad de vivienda, como a respetar y hacer respetar los legítimos derechos de los propietarios del terreno y los fallos emanados de los tribunales de Justicia. EnunEstado de derecho, lassolucionesa los distintos problemasy desafios dela sociedad deben enmarcarseenlalegalidad y enel respeto a las sentencias judiciales. No es justo ni aceptable para quienes han seguido las reglas, que otros, mediante vías de hecho, obtengan lo que han esperado por años. Tampoco podemos enviar señales equívocas que incentiven nuevas tomaso legitimen acciones que vulneren las normativas, y que terminen afectando los derechos delos legítimos dueños de los terrenos. En este contexto, consideramos que el reciente acuerdo para postergar el desalojo en San Antonio debe ser evaluado con cautela. Cualquiersolución debe privilegiarlaseguridad jurídica, evitar precedentes peligrosos y asegurar que los recursos del Estado se destinen de manera justa y eficiente, priorizando siempre a quienes han seguido el camino de la institucionalidad para accederalacasa propia. Por todo esto es que como CChC Valparaíso proponemosactualizar el catastro de familias sin vivienda, agilizar los procesos deasignación desubsidios, masificar el arriendo protegido y subsidiado, y fomentar la construcción mediante procesos industrializados. Además, promovemos un "Sello Social" paralos proyectos habitacionales, que permita su tramitación másexpedita, pero con estricto apego ala normativa. Elacceso a la vivienda es un derecho de todos, pero debe lograrse a través del pleno respeto a las leyes y ala institucionalidad.
Por ello reiteramos nuestro llamado a todoslos actores involucrados a trabajar juntos, con diálogo, responsabilidad y sentido de urgencia, para construir los hogares que los chilenos y chilenas necesitan, siempre en el marco del respeto a las leyes y al esfuerzo de quienes han hecho las cosas bien. esfuerzo de quienes han hecho las cosas bien..