Autor: Por Joaquín Lópe: B,

Comunidades de La Higuera se movilizan en Santiago mientras el Tribunal Constitucional define el futuro de Dominga
Comunidades de La Higuera se movilizan en Santiago mientras el Tribunal Constitucional define el futuro de Dominga Por Joaquín López B. Hasta la capital llegaron dirigentes de la Asociación Comunal de La Higuera, la Cámara de Comercio y Turismo, y la Cooperativa de Mineros. Vinieron a poner la cara por una comunidad que, dicen, ya no da más con los enredos legales que tienen paralizado el único proyecto de inversión que promete empleo y un poco de futuro.
No vinieron por cortesía: vinieron a gritar «¡ basta de que nos Comunidades de La Higuera se movilizan en Santiago mientras el Tribunal Constitucional define el futuro de Dominga Por esos caprichos chilenos donde la justicia parece tener más etapas que una teleserie turca, el pasado viernes se vivió un nuevo capítulo en la saga del proyecto Dominga.
Esta vez, el escenario fue el Tribunal Constitucional en Santiago, donde se discutió ahora sí que sí, al menos eso prometen la contienda de competencias entre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Primer Tribunal Ambiental. ¿La pregunta de fondo? Quién manda a quién. pasen por encima!». Fernando Roco, abogado asesor de la Asociación, explicó que la audiencia fue la vista de la causa. El tribunal escuchó a ambas partes el SEA por un lado, el Tribunal Ambiental por otro y dejó el caso en estado de acuerdo. En criollo: ya tomaron una decisión, y ahora solo falta que la escriban. «Eso significa que el Tribunal Constitucional ya resolvió el fondo del asunto. Ahora resta únicamente que redacte la sentencia, lo cual debiese ocurrir en una o dos semanas como máximo», comentó Roco. Pero más allá del tecnicismo procesal, lo que se discute aquí es quién tiene la última palabra. «El problema de fondo es si el Poder Ejecutivo puede desconocer las órdenes del Poder Judicial. Porque eso es lo que está ocurriendo. El Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó una sentencia clara, que obliga al Comité de Ministros a ejecutar sus instrucciones. Y en lugar de acatar, el Gobierno ha optado por dilatar, abrir nuevas disputas y evitar el cumplimiento», explicó el abogado. Asimismo, recalcó que el Tribunal Ambiental actuó conforme a sus facultades legales. «No ha excedido sus atribuciones. Simplemente ha ordenado el cumplimiento estricto de su sentencia de diciembre. Si el Tribunal Constitucional desestima eso, estaría validando la desobediencia institucional. Y eso es gravísimo, no solo para este caso, sino para el Estado de Derecho en general». Para el jurista, el asunto es claro, «las resoluciones de los tribunales no son sugerencias, son órdenes. Y esas órdenes deben cumplirse. Incluso por el Presidente de la República. Aquí nadie está por sobre la ley, ni el Gobierno ni los ministerios.
Todos estamos sujetos a lo que dictan los tribunales de justicia». Desde las organizaciones comunales apuntan que lo que está en juego no es solo Dominga, sino el respeto a las instituciones. «El Tribunal Ambiental ha dicho tres veces que el proyecto cumple con la normativa. ¿Qué más quieren?», reclamó Yonatan Rojas, presidente de la Asociación Comunal. Andrea Flores, de la Cámara de Comercio, fue más incisiva: «Acá no hay agua, no hay trabajo, no hay futuro. Y mientras discuten desde Santiago, nosotros seguimos esperando». La sentencia del Tribunal Constitucional, cualquiera sea, marcará un precedente. Pero también dejará claro quién tiene la última palabra cuando se cruzan los caminos entre la justicia ambiental, el poder político y una comunidad que ya está cansada de promesas. Como dijo Alejandra Ángel, de la Cooperativa de Servicios Mineros: «No pedimos favores. Pedimos justicia». Y como remató Roco, con tono directo, «los tribunales de justicia no dan consejos. Dan órdenes que deben ser obedecidas, desde el Presidente hasta el ciudadano más humilde. Todos somos iguales ante la ley. Y eso es lo que está en juego aquí»..