Editorial: El costo social de recortar la vivienda
Editorial: El costo social de recortar la vivienda a reducción de un 71% en los recursos destinados al subsidio habitacional DS49 en la Región de Antofagasta no puede entenderse como un simple ajuste presupuestario. Se trata de una decisión que golpea direcL tamente a miles de familias vulnerables que llevan años esperando una solución habitacional y que, en muchos casos, sobreviven entre allegamiento, hacinamiento o campamentos. La magnitud del recorte preocupa aún más cuando se analiza el contexto regional. Antofagasta arrastra uno de los déficits habitacionales más altos del país, superior a las 50 mil viviendas, según cifras de la CCHC.
A ello se suma el aumento sostenido de campamentos y el alto costo de vida, factores que han convertido el acceso a una vivienda digna en una de las principales urgencias sociales del norte del país.
Por ello, resulta difícil comprender que precisamente en una región donde la crisis habitacional se ha profundizado, el Estado decida disminuir de manera tan drástica los recursos orientados a las familias sin acceso al sistema financiero tradicional. Más aún cuando el subsidio DS49 representa, para miles de personas, la única posibilidad concreta de acceder a una vivienda definitiva. Las cifras reflejan con claridad la gravedad de la situación. El presupuesto regional para este instrumento pasó de más de 1,2 millones de UF en 2024 a poco más de 263 mil UF proyectadas para 2026. La caída no solo compromete nuevos proyectos, sino también ralentiza iniciativas en curso y amenaza con ampliar las brechas urbanas y sociales existentes. El Ministerio de Vivienda sostiene que se buscarán alianzas público-privadas y nuevas fórmulas para fortalecer el programa habitacional. Esa disposición es positiva, pero dificilmente compensará el problema. Antofagasta necesita una política habitacional robusta y coherente con la dimensión de su crisis urbana.
Detrás de cada subsidio recortado hay familias que ven más lejana la posibilidad de abandonar un campamento.. La situación es aún más paradojal considerando que gran parte del suelo local pertenece al fisco que sigue haciendo negocios con esta demanda. E Editorial Detrás de cada subsidio recortado hay familias que ven más lejana la posibilidad de abandonar un campamento.